Legislación

Real Decreto 161/2019, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

El fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias, constituye una de las principales herramientas para favorecer la competitividad, modernización e internacionalización del sector agroalimentario español. En efecto, el fortalecimiento de las estructuras asociativas y el incremento de su dimensión facilitarán el desarrollo de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, aumentarán su productividad y eficiencia y mejorarán su capacidad de competir más eficazmente, tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales, pudiendo, de esta forma, hacer frente a los retos de una economía global en las mejores condiciones en cuanto a capacidad de negociación.

A tales efectos, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, contempla un instrumento básico para contribuir a mejorar la estructuración de la oferta y a favorecer la integración, mediante el redimensionamiento de las entidades asociativas: la figura de Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).

La citada Ley 13/2013, de 2 de agosto, en sus artículos 1, 3, 5 y en su disposición adicional única, define la figura de Entidad Asociativa Prioritaria; establece los requisitos y condiciones para su reconocimiento mediante el correspondiente procedimiento reglamentario; crea el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; e incluye, como herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la ley, el Plan Nacional de Integración Asociativa.

Posteriormente, mediante Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, se desarrollaron los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Las EAP reguladas en la Ley tienen componente territorial supra-autonómico, tanto por la ubicación de los socios que la integran, como por el desarrollo de su actividad económica en el territorio de más de una única comunidad autónoma.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2015, de 30 de abril, recaída en recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley 13/2013, de 2 de agosto, cuestionaba la insuficiente justificación de la asunción de funciones ejecutivas por parte de la Administración General del Estado en base a la supraterritorialidad, así como la exclusión de las comunidades autónomas, en relación al procedimiento de reconocimiento de las EAP. De esta forma, declaró nulo su artículo 3.2, así como las menciones «por el Ministerio» del art. 5.3 y «al Ministerio» del art. 5.4 de la ley, en tanto que los consideraba contrarios al orden constitucional y, por consiguiente, inconstitucionales.

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, incorporó en su disposición final décima una modificación de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, a efectos de adecuar el texto de esta Ley al contenido de la referida Sentencia del Tribunal Constitucional, facilitando la participación, mediante su consulta, de las comunidades autónomas afectadas territorialmente en el procedimiento de reconocimiento realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quedando, a su vez, informadas sobre las modificaciones de las condiciones de reconocimiento y simplificando el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.

En consecuencia, se procedió a la aprobación del Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, modificando los artículos 3, 5, 7 y 8 del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, adaptándolo a la nueva normativa que modifica la Ley 13/2013, de 2 de agosto, anteriormente referida. Las modificaciones introducidas por este real decreto suponen una serie de mejoras técnicas, así como una mayor claridad y seguridad jurídica de los interesados, garantizando la participación de las comunidades autónomas afectadas territorialmente en la fase de reconocimiento de las EAP.

Por último, mediante la Orden APM/1259/2017, de 20 de diciembre, se modificó el anexo I del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, a fin de adecuar determinados volúmenes de facturación requeridos para el reconocimiento a la realidad del sector.

Por lo tanto, a partir de las modificaciones anteriores y en virtud de la experiencia adquirida en el funcionamiento y aplicación de la normativa de reconocimiento y registro de las entidades asociativas prioritarias durante estos primeros años de aplicación, y al objeto de mejorar el procedimiento y gestión, procede la siguiente modificación, tanto en el texto del articulado como en el anexo II del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, a efectos de lograr una mayor eficacia en la consecución de los objetivos previstos en el Plan Estatal de Integración asociativa 2015-2020 y en los propios fines de la Ley 13/2013, de 2 de agosto.

En particular, sobre este marco regulatorio se procede ahora a realizar una serie de modificaciones de marcado carácter técnico, las cuales se articulan sobre dos objetivos principales: por una parte, mejorar la eficacia de la figura de EAP como mecanismo para cumplir los fines de la política agroalimentaria que tiene encomendados, adecuando los requisitos de acceso a las necesidades detectadas en el sector agroalimentario para asegurar su expansión y proyección plena en el sector; y por otra, mejorar la gestión de las EAP y su eficiencia en términos de mercado y competitividad.

En primer lugar, se precisan las condiciones aplicables para el reconocimiento en relación a la actividad integrada, tanto para las cooperativas agroalimentarias (el volumen de operaciones con socios o entidades participantes en el reconocimiento deberá superar el 50%), como para las entidades civiles o mercantiles (los socios participantes en el reconocimiento deberán superar el 50% del capital social), medidas con las que se asegura una correcta imbricación de los participantes en la EAP en el marco asociativo en que desarrolle sus actividades empresariales.

En segundo lugar, se concretan los requisitos y previsiones generales, ya contenidos en la redacción en vigor, para las entidades de suministros y servicios, en relación con determinados aspectos técnicos y puntuales en la norma para aclarar su régimen jurídico, tales como la documentación para solicitar su reconocimiento como EAP o los requisitos necesarios.

En tercer lugar, se contemplan nuevas condiciones para acreditar el requisito de supraautonomía, estableciéndose dos alternativas para justificar la existencia de socios y operaciones en términos económicos en distintas comunidades autónomas de forma simultánea. En línea con lo anterior, se introduce una precisión en la redacción, sustituyendo el término actividad económica por volumen de operaciones en términos económicos, a fin de evitar imprecisiones jurídicas. Esta modificación pretende facilitar el acceso de un mayor número de entidades al reconocimiento de la figura que regula este real decreto, de modo que se expanda la efectividad de dicha figura en términos de tamaño, actividad y vocación supraautonómica de las entidades, contribuyendo al reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

En cuarto lugar, se procede a la concreción, eliminando la relativa indefinición del actual texto y proporcionando una mayor seguridad jurídica, de las circunstancias excepcionales que podrían eximir, en su caso, de la obligación de comercialización conjunta de la totalidad del producto para el que se solicita el reconocimiento -tales como motivos climatológicos, de sanidad animal o vegetal, capacidad de las instalaciones o condiciones de entrega- que permitan la efectiva aplicación del principio de comercialización conjunta, elemento esencial de las cooperativas y de las entidades asociativas de carácter agroalimentario a efectos de su fomento conforme a los dispuesto en la Ley 13/2013, pero sin desconocer la realidad fáctica a la que hacen frente las actividades del sector primario, sujetas en todo momento a circunstancias imprevisibles o sobrevenidas.

En quinto lugar, se refuerza el sistema de seguimiento del mantenimiento de los requisitos para el reconocimiento como EAP, incluyendo la obligación de contar, por parte de la propia entidad, con un procedimiento de control del cumplimiento de las obligaciones relativo a la entrega total para su comercialización conjunta, así como al abastecimiento de productos en el caso de las entidades de suministros y servicios. Para ello, se establece la obligación de acompañar, entre la documentación adjunta a la solicitud de reconocimiento, un documento descriptivo del mismo, así como de dar cuenta de sus resultados en la comunicación anual efectuada por la entidad. La introducción de este requisito supone un elemento de refuerzo de la confianza en el sistema, y se fundamenta en el principio de subsidiariedad y en una participación más proactiva de las EAP, asegurando el correcto funcionamiento de las entidades y la sujeción plena a los requisitos exigidos.

En sexto lugar, se clarifican aquellas situaciones que suponen una modificación del reconocimiento, diferenciándolas de la comunicación de la información relativa a la evolución de la EAP, garantizando con todo ello la correcta intelección de la norma y facilitando su aplicación.

Por último, se sustituyen las referencias legislativas a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, incluidas en el articulado, por sus correspondientes en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La norma se ha sometido a audiencia e información públicas, así como al trámite de participación de los sectores y comunidades autónomas afectados.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa se aplica de un modo homogéneo en todo el territorio nacional mejorando las condiciones en cuanto a capacidad de negociación de las entidades frente a los retos de una economía global. También se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa menos restrictiva de derechos o que imponga menos obligaciones a los destinatarios ya que la regulación se limita al mínimo imprescindible para cumplir con sus objetivos. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se adecua a los mismos, pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se ha procurado la participación de las partes interesadas y las comunidades autónomas, habiéndose sustanciado el trámite de audiencia e información públicas, evitando, asimismo, la imposición de cargas administrativas innecesarias o accesorias.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de marzo de 2019,

DISPONGO:

El fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias, constituye una de las principales herramientas para favorecer la competitividad, modernización e internacionalización del sector agroalimentario español. En efecto, el fortalecimiento de las estructuras asociativas y el incremento de su dimensión facilitarán el desarrollo de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, aumentarán su productividad y eficiencia y mejorarán su capacidad de competir más eficazmente, tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales, pudiendo, de esta forma, hacer frente a los retos de una economía global en las mejores condiciones en cuanto a capacidad de negociación.

A tales efectos, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, contempla un instrumento básico para contribuir a mejorar la estructuración de la oferta y a favorecer la integración, mediante el redimensionamiento de las entidades asociativas: la figura de Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).

La citada Ley 13/2013, de 2 de agosto, en sus artículos 1, 3, 5 y en su disposición adicional única, define la figura de Entidad Asociativa Prioritaria; establece los requisitos y condiciones para su reconocimiento mediante el correspondiente procedimiento reglamentario; crea el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; e incluye, como herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la ley, el Plan Nacional de Integración Asociativa.

Posteriormente, mediante Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, se desarrollaron los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Las EAP reguladas en la Ley tienen componente territorial supra-autonómico, tanto por la ubicación de los socios que la integran, como por el desarrollo de su actividad económica en el territorio de más de una única comunidad autónoma.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2015, de 30 de abril, recaída en recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley 13/2013, de 2 de agosto, cuestionaba la insuficiente justificación de la asunción de funciones ejecutivas por parte de la Administración General del Estado en base a la supraterritorialidad, así como la exclusión de las comunidades autónomas, en relación al procedimiento de reconocimiento de las EAP. De esta forma, declaró nulo su artículo 3.2, así como las menciones «por el Ministerio» del art. 5.3 y «al Ministerio» del art. 5.4 de la ley, en tanto que los consideraba contrarios al orden constitucional y, por consiguiente, inconstitucionales.

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, incorporó en su disposición final décima una modificación de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, a efectos de adecuar el texto de esta Ley al contenido de la referida Sentencia del Tribunal Constitucional, facilitando la participación, mediante su consulta, de las comunidades autónomas afectadas territorialmente en el procedimiento de reconocimiento realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quedando, a su vez, informadas sobre las modificaciones de las condiciones de reconocimiento y simplificando el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.

En consecuencia, se procedió a la aprobación del Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, modificando los artículos 3, 5, 7 y 8 del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, adaptándolo a la nueva normativa que modifica la Ley 13/2013, de 2 de agosto, anteriormente referida. Las modificaciones introducidas por este real decreto suponen una serie de mejoras técnicas, así como una mayor claridad y seguridad jurídica de los interesados, garantizando la participación de las comunidades autónomas afectadas territorialmente en la fase de reconocimiento de las EAP.

Por último, mediante la Orden APM/1259/2017, de 20 de diciembre, se modificó el anexo I del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, a fin de adecuar determinados volúmenes de facturación requeridos para el reconocimiento a la realidad del sector.

Por lo tanto, a partir de las modificaciones anteriores y en virtud de la experiencia adquirida en el funcionamiento y aplicación de la normativa de reconocimiento y registro de las entidades asociativas prioritarias durante estos primeros años de aplicación, y al objeto de mejorar el procedimiento y gestión, procede la siguiente modificación, tanto en el texto del articulado como en el anexo II del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, a efectos de lograr una mayor eficacia en la consecución de los objetivos previstos en el Plan Estatal de Integración asociativa 2015-2020 y en los propios fines de la Ley 13/2013, de 2 de agosto.

En particular, sobre este marco regulatorio se procede ahora a realizar una serie de modificaciones de marcado carácter técnico, las cuales se articulan sobre dos objetivos principales: por una parte, mejorar la eficacia de la figura de EAP como mecanismo para cumplir los fines de la política agroalimentaria que tiene encomendados, adecuando los requisitos de acceso a las necesidades detectadas en el sector agroalimentario para asegurar su expansión y proyección plena en el sector; y por otra, mejorar la gestión de las EAP y su eficiencia en términos de mercado y competitividad.

En primer lugar, se precisan las condiciones aplicables para el reconocimiento en relación a la actividad integrada, tanto para las cooperativas agroalimentarias (el volumen de operaciones con socios o entidades participantes en el reconocimiento deberá superar el 50%), como para las entidades civiles o mercantiles (los socios participantes en el reconocimiento deberán superar el 50% del capital social), medidas con las que se asegura una correcta imbricación de los participantes en la EAP en el marco asociativo en que desarrolle sus actividades empresariales.

En segundo lugar, se concretan los requisitos y previsiones generales, ya contenidos en la redacción en vigor, para las entidades de suministros y servicios, en relación con determinados aspectos técnicos y puntuales en la norma para aclarar su régimen jurídico, tales como la documentación para solicitar su reconocimiento como EAP o los requisitos necesarios.

En tercer lugar, se contemplan nuevas condiciones para acreditar el requisito de supraautonomía, estableciéndose dos alternativas para justificar la existencia de socios y operaciones en términos económicos en distintas comunidades autónomas de forma simultánea. En línea con lo anterior, se introduce una precisión en la redacción, sustituyendo el término actividad económica por volumen de operaciones en términos económicos, a fin de evitar imprecisiones jurídicas. Esta modificación pretende facilitar el acceso de un mayor número de entidades al reconocimiento de la figura que regula este real decreto, de modo que se expanda la efectividad de dicha figura en términos de tamaño, actividad y vocación supraautonómica de las entidades, contribuyendo al reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

En cuarto lugar, se procede a la concreción, eliminando la relativa indefinición del actual texto y proporcionando una mayor seguridad jurídica, de las circunstancias excepcionales que podrían eximir, en su caso, de la obligación de comercialización conjunta de la totalidad del producto para el que se solicita el reconocimiento -tales como motivos climatológicos, de sanidad animal o vegetal, capacidad de las instalaciones o condiciones de entrega- que permitan la efectiva aplicación del principio de comercialización conjunta, elemento esencial de las cooperativas y de las entidades asociativas de carácter agroalimentario a efectos de su fomento conforme a los dispuesto en la Ley 13/2013, pero sin desconocer la realidad fáctica a la que hacen frente las actividades del sector primario, sujetas en todo momento a circunstancias imprevisibles o sobrevenidas.

En quinto lugar, se refuerza el sistema de seguimiento del mantenimiento de los requisitos para el reconocimiento como EAP, incluyendo la obligación de contar, por parte de la propia entidad, con un procedimiento de control del cumplimiento de las obligaciones relativo a la entrega total para su comercialización conjunta, así como al abastecimiento de productos en el caso de las entidades de suministros y servicios. Para ello, se establece la obligación de acompañar, entre la documentación adjunta a la solicitud de reconocimiento, un documento descriptivo del mismo, así como de dar cuenta de sus resultados en la comunicación anual efectuada por la entidad. La introducción de este requisito supone un elemento de refuerzo de la confianza en el sistema, y se fundamenta en el principio de subsidiariedad y en una participación más proactiva de las EAP, asegurando el correcto funcionamiento de las entidades y la sujeción plena a los requisitos exigidos.

En sexto lugar, se clarifican aquellas situaciones que suponen una modificación del reconocimiento, diferenciándolas de la comunicación de la información relativa a la evolución de la EAP, garantizando con todo ello la correcta intelección de la norma y facilitando su aplicación.

Por último, se sustituyen las referencias legislativas a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, incluidas en el articulado, por sus correspondientes en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La norma se ha sometido a audiencia e información públicas, así como al trámite de participación de los sectores y comunidades autónomas afectados.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa se aplica de un modo homogéneo en todo el territorio nacional mejorando las condiciones en cuanto a capacidad de negociación de las entidades frente a los retos de una economía global. También se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa menos restrictiva de derechos o que imponga menos obligaciones a los destinatarios ya que la regulación se limita al mínimo imprescindible para cumplir con sus objetivos. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se adecua a los mismos, pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se ha procurado la participación de las partes interesadas y las comunidades autónomas, habiéndose sustanciado el trámite de audiencia e información públicas, evitando, asimismo, la imposición de cargas administrativas innecesarias o accesorias.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de marzo de 2019,

DISPONGO:

Artículo único.  Modificación del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

El Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 2 se substituye por el siguiente:

Dos. El artículo 3 se substituye por el siguiente:

Tres. El artículo 4 se substituye por el siguiente:

Cuatro. Los apartados 2 y 7 del artículo 5 quedan redactados como sigue:

Cinco. El artículo 6 se substituye por el siguiente:

Seis. El artículo 8 se substituye por el siguiente:

Siete. La disposición transitoria única se substituye por la siguiente:

Ocho. El anexo II se substituye por el siguiente:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera.  Solicitudes de reconocimiento presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto y sobre las que no haya recaído resolución, se tramitarán de acuerdo con los nuevos requisitos aplicables sin necesidad de presentar una nueva solicitud.

Disposición transitoria segunda.  Adaptación de las EAP reconocidas de acuerdo con la normativa anterior.

Las EAP reconocidas previamente a la entrada en vigor del presente real decreto, tendrán de plazo hasta la primera comunicación prevista en el artículo 6 para la oportuna adaptación a los nuevos requisitos establecidos por este real decreto en los artículos 2 y 3, del Real Decreto 550/2014, de 27 de junio. A efectos de su acreditación, deberán presentar ante la Dirección General de la Industria Alimentaria la documentación exigida en el presente real decreto.

DISPOSICIÓN FINAL 

Disposición final única.  Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 22 de marzo de 2019.

FELIPE R.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

LUIS PLANAS PUCHADES

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