Jurisprudencia

Sentencia Tribunal Supremo  09/07/2020 

Tribunal Supremo , 9-07-2020 , nº 4676/2017, rec.416/2020,  

Pte: Parra Lucán, María de los Angeles

ECLI: ES:TS:2020:2236

ANTECEDENTES DE HECHO 

Tramitación en primera instancia

1.- D. Cornelio y D.ª Mónica interpusieron demanda de juicio ordinario contra Bankia S.A. en la que solicitaban se dictara sentencia:

"por la que se declare la NULIDAD del contrato de suscripción de participaciones preferentes, descrito en la demanda:

"Orden de suscripción de fecha 25/05/2009 de 220 títulos nominal 22.000 euros, n.º de operación 851603910012, fecha de valor 7/07/2009. Descripción del valor PARTICIP. PREFERENTES CAJA MADRID 2009, COD VALOR B.E: ESPREFER002. COD VALOR: AFR 26364.

"Y condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a la total anulación de las partidas de cargo y abono efectuadas en las cuentas asociadas a dichos contratos con restitución de las partes a la situación anterior a la fecha de dicho contrato, y en consecuencia a la restitución de las cantidades que eventualmente se hubiesen entregado o recibido, con los incrementos pertinentes de la aplicación del interés legal del dinero durante su vigencia, condenando pues a abonar a mi principal la cantidad de 22.000 euros con los intereses legales desde la fecha en que fue abonada y hasta la fecha de la sentencia, con devolución de las acciones percibidas y deducida la cantidad de 1.030 euros percibidos de la venta de 10 títulos en fecha 07/07/2010, y la cantidad de 2.031,84 euros percibidos de la venta de 20 títulos en fecha 31/03/2011 y la rentabilidad abonada con sus intereses legales hasta la fecha de la sentencia y desde tal fecha el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y todo ello con expresa imposición de costas a la demandada y con todo cuanto además sea procedente en derecho".

2.- La demanda fue presentada el 27 de septiembre de 2016 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Móstoles y fue registrada con el n.º 919/2016. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- Bankia S.A. contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación íntegra de la demanda con expresa condena en costas a la actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Móstoles dictó sentencia de fecha 31 de marzo de 2017, con el siguiente fallo:

"Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora D.ª Gema Martín Hernández, en nombre y representación de D. Cornelio y D.ª Mónica contra Bankia S.A. debo declarar y declaro nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes, orden de suscripción de 220 títulos de fecha 25 de mayo de 2009 por importe de 22.000 euros, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a la total anulación de las partidas de cargo y abono efectuadas en las cuentas asociadas a dichos contratos con restitución de las partes a la situación anterior a la fecha de dicho contrato y en consecuencia a la restitución de las cantidades que eventualmente se hubiesen entregado o recibido con los incrementos pertinentes de la aplicación del interés legal del dinero durante su vigencia, condenando a abonar a los actores la cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (18.938,16 EUROS) con los intereses legales desde la fecha en que fueron suscritas las participaciones hasta la fecha de la sentencia y desde entonces los intereses del artículo 576 LEC, debiéndose deducir por los demandantes la rentabilidad que les ha sido abonada con sus intereses legales hasta la fecha de la sentencia, con devolución de las acciones percibidas y todo ello con expresa imposición de costas a la demandada".

Tramitación en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Bankia S.A.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 568/17 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 25 de septiembre de 2017, con el siguiente fallo:

"1.º- Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Bankia S.A. revocamos la sentencia n.º 85/2017 de 31 de marzo dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Móstoles en el juicio ordinario n.º 919/2016.

"2.º- Desestimamos la demanda interpuesta por la representación procesal de D. Cornelio y D.ª Mónica frente a la entidad Bankia S.A., a la que absolvemos de la mismo.

"3.º- Las costas de la primera instancia se imponen a la parte actora, sin que proceda condena respecto de las causadas en esta".

Interposición y tramitación del recurso de casación

1.- D. Cornelio y D.ª Mónica interpusieron recurso de casación.

El único motivo del recurso de casación fue:

"Vulneración por la sentencia recurrida de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la determinación deldies a quopara el cómputo del plazo de interposición de la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, la procuradora D.ª Gema Martín Hernandez comunicó el fallecimiento del recurrente D. Cornelio y solicitó la sucesión procesal a favor de D. Marcial y D.ª Ariadna.

Por diligencia de ordenación de 9 de enero de 2018 del Letrado de la Administración de Justicia se tuvo por personada a la citada procuradora en nombre de D. Marcial y D.ª Ariadna, en calidad de herederos de D. Cornelio, entendiéndose con ella las sucesivas diligencias en concepto de recurrente.

3.- Con fecha 20 de noviembre de 2019, se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

"LA SALA ACUERDA:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por D. Cornelio y D. Mónica contra la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2017 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8.ª) en el rollo de apelación n.º 568/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 919/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Móstoles".

4.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

5.- Por providencia de 22 de junio de 2020 se nombró ponente a la que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 7 de julio de 2020, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Antecedentes

El litigio causante del presente recurso de casación versa sobre una acción de nulidad por error en la contratación de "preferentes" como consecuencia de la falta de información.

En lo que interesa para la resolución del recurso, los hechos más relevantes para entender las cuestiones sometidas a esta sala, tal como han sido fijados en la instancia, son los siguientes:

1.- Los demandantes interpusieron demanda contra Bankia S.A. en la que ejercitaban la acción de nulidad de la orden de suscripción de 25 de mayo de 2009 de 220 títulos (participaciones preferentes Caja Madrid 2009) por un nominal de 22.000 euros y valor 7 de julio de 2009. En su demanda, solicitaron también la condena a la demandada a devolver dicha cantidad, con los intereses legales hasta el pago, con deducción de las cantidades percibidas por su parte como consecuencia de la venta de 10 títulos el 7 de julio de 2010 y de 20 títulos el 31 de marzo de 2011. Los demandantes fundaban su petición en la existencia de error vicio del consentimiento como consecuencia del engaño y la falta de información sobre el tipo de producto que contrataban.

La demandada se opuso a la demanda y solicitó su desestimación con las siguientes alegaciones: caducidad/prescripción de la acción ejercitada, al amparo del art. 1301 CC, por cuanto el plazo de cuatro años debe computarse desde el momento en que se suspendió el pago de los cupones, por ser entonces cuando los clientes pudieron conocer su error, lo que tuvo lugar el 1 de junio de 2012, por lo que al interponerse la demanda el 27 de septiembre de 2012 ya habría transcurrido el plazo; existencia de información precontractual sobre los riesgos de las preferentes por parte de la entidad, que no se obligó a asesorar a la actora; actos propios de la demandante, que cobró los cupones y vendió algunos títulos, lo que le privaría de legitimación activa.

2.- La sentencia de primera instancia estimó la demanda. El juzgado declaró "la nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes, orden de suscripción de 220 títulos de fecha 25 de mayo de 2.009 por importe de 22.000 euros, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a la total anulación de las partidas de cargo y abono efectuadas en las cuentas asociadas a dichos contratos con restitución de las partes a la situación anterior a la fecha de dicho contrato y en consecuencia a la restitución de las cantidades que eventualmente se hubiesen entregado o recibido con los incrementos pertinentes de la aplicación del interés legal del dinero durante su vigencia, condenando a abonar a los actores la cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (18.938,16 euros) con los intereses legales desde la fecha en que fueron suscritas las participaciones hasta la fecha de la sentencia y desde entonces los intereses del artículo 576 LEC, debiéndose deducir por los demandantes la rentabilidad que les ha sido abonada con sus intereses legales hasta la fecha de la sentencia, con devolución de las acciones percibidas y todo ello con expresa imposición de costas a la demandada".

El juzgado basó su decisión, en primer lugar, en que la acción se había ejercitado dentro de plazo. Con cita de la doctrina de esta sala concluyó sobre el "dies a quo" que se debía situar el 16 de abril de 2013, fecha de la Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se acuerdan acciones de recapitalización y de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada en ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo BFA-Bankia, aprobado en fecha 27 de noviembre de 2012 por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea. A continuación, entrando en el fondo del asunto, apreció error en el consentimiento a la hora de suscribir las participaciones preferentes como consecuencia del incumplimiento por parte de la entidad de sus deberes de información sobre las características y el riesgo del producto contratado.

3.- La entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que alegó, reiterando lo manifestado en primera instancia, que la acción había prescrito el 1 de junio de 2016 porque la fecha en que se suspendió el pago de cupones fue el 1 de junio de 2012 y la demanda se interpuso el 27 de septiembre de 2016. Alegó también falta de legitimación activa respecto de los 30 títulos que la actora vendió en 2010 y 2011.

La Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto y desestima la demanda porque considera que la acción se ejercitó cuando había transcurrido el plazo de caducidad, dado que debía empezar a contarse desde que dejaron de percibirse los rendimientos de las participaciones preferentes, lo que tuvo lugar a partir de junio de 2012.

4.- La parte demandante interpone recurso de casación.

Recurso de casación

1.- El recurso de casación se funda en un único motivo en el que se denuncia infracción del art. 1301 CC y se impugna la declaración de la sentencia recurrida en el sentido de que la acción estaba caducada. Alega que la sentencia recurrida es contraria a la doctrina jurisprudencial que, para los contratos complejos, como son los de las participaciones preferentes, considera que el cómputo del plazo previsto para el ejercicio de la acción debe iniciarse desde que el contratante tiene conocimiento pleno del error en el vicio en el consentimiento.

En su escrito de oposición, la entidad demandada alega que la sentencia recurrida no es contraria a la doctrina de la sala, por lo que no existe interés casacional.

2.- Por las consideraciones que se explican a continuación, el motivo va a ser estimado, tras rechazar los óbices de inadmisibilidad invocados por la recurrida puesto que, como veremos al resolver el recurso de casación, el recurso plantea una cuestión jurídica que ya ha sido resuelta con anterioridad por la sala en supuestos semejantes, lo que pone de manifiesto la existencia de interés casacional.

En efecto, esta sala se ha pronunciado ya sobre el plazo de ejercicio de la acción en supuestos similares al presente. Dice la sentencia 264/2018, de 9 de mayo:

"Como hemos recordado recientemente ( sentencia 89/2018, de 19 de febrero), la jurisprudencia en la interpretación del art. 1301.IV CC ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr "desde la consumación del contrato", y no antes. Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo".

En el presente caso, la sentencia recurrida entendió que desde el momento en que los clientes dejan de percibir rendimientos pueden conocer la existencia de error vicio del consentimiento prestado al contratar, por lo que es a ese momento al que debe atenderse para computar el plazo de cuatro años del art. 1301 CC.

Como afirmamos en la sentencia 253/2020, de 4 de junio, respecto de un caso como el presente, y al igual que dijimos en un caso semejante en sentencia 428/2019, de 16 de julio, esta sala no comparte el razonamiento de la sentencia recurrida, porque el solo hecho de que se dejaran de percibir rendimientos no permite deducir un conocimiento de las características reales del producto contratado. En el documento correspondiente a la suscripción de la orden de valores no se contiene la descripción de las características del producto contratado, de modo que la suspensión de las liquidaciones de beneficios puede no resultar definitiva para constatar el error hasta que por el banco no se facilite al cliente la información completa sobre el producto.

Procede por tanto estimar el recurso de casación.

3.- Al asumir la instancia, procede desestimar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la sentencia de primera instancia, puesto que es difícilmente imaginable que la recurrente pudiera tomar conciencia de la verdadera naturaleza del producto y de que su inversión no fuera recuperable antes de que se publicara la mencionada Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 16 de abril de 2013, que daría lugar a la posterior oferta de canje de las participaciones preferentes por acciones de la entidad. Debe entenderse por tanto que no antes de dicho momento la actora pudo tener conocimiento de la existencia del error en las características del producto litigioso contratado.

La sentencia de primera instancia se confirma en su integridad por ser conforme a la doctrina de esta sala, sin que pudiera prosperar tampoco el motivo de apelación de la demandada referido a las participaciones vendidas por los actores, puesto que para calcular el importe que la demandada debía abonar a los actores el juzgado ya descontó el importe que los actores percibieron por la venta de 10 títulos en 2010 y de otros 20 títulos en 2011. En efecto, en las sentencias 448/2017, de 13 de julio; 580/2017, de 25 de octubre; 670/2017, de 14 de diciembre; 51/2018, de 31 de enero; 139/2018, de 7 de marzo; 190/2018, de 5 de abril; y 374/2018, de 20 de junio, hemos declarado que la venta voluntaria de las acciones objeto de canje obligatorio no priva a los adquirentes de los títulos canjeados de su acción de anulabilidad. El art. 1307 CC no priva de la acción de anulabilidad al contratante afectado por un vicio determinante de tal nulidad, sino que únicamente, ante la imposibilidad de restitución por pérdida de la cosa, modula la forma en que debe llevarse a cabo la restitución de las prestaciones.

Procede por tanto estimar el recurso de casación, desestimar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.

Costas

No se imponen las costas del recurso de casación, dada su estimación.

Se imponen a la demandada las costas de la apelación, ya que su recurso debió ser desestimado, así como las de primera instancia, dada la estimación de la demanda.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Estimar el recurso de casación interpuesto por D.ª Mónica, D. Marcial y D.ª Ariadna (estos dos últimos en su calidad de sucesores procesales de D. Cornelio) contra la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2017 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8.ª) en el rollo de apelación n.º 568/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 919/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Móstoles.

2.º- Casar y anular dicha sentencia y, en su lugar, con desestimación del recurso de apelación interpuesto en su día por la demandada, confirmar íntegramente la sentencia 85/2017, de 31 de marzo, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Móstoles, incluida su condena en costas.

3.º- No imponer las costas del recurso de casación y ordenar la devolución del depósito constituido para su interposición.

4.º- Imponer a Bankia S.A. las costas de la apelación.

Líbrese a la mencionada audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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