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Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.

I

El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978 encomienda al Estado la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears de 1983 y, en especial, después de su modificación de 2007, ha incidido en la realidad insular o plurinsular balear con la finalidad de amparar y promover actuaciones conducentes a reducir o eliminar los desequilibrios que genera. Esta necesidad de un tratamiento propio explica la previsión estatutaria de articular un régimen especial balear.

Este objetivo se había cubierto hasta ahora mediante la Ley 30/1998, de 29 de julio, reguladora del Régimen Especial de las Illes Balears, cuyo artículo 7 disponía el establecimiento de una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, con la finalidad de compensar el coste efectivo del transporte de mercancías relacionadas con sectores económicos de interés preferente para las islas, derivado de su transporte tanto interinsular, como con destino al territorio peninsular y a los Estados Miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo o viceversa.

El Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Baleares, que ha derogado todas las disposiciones de la Ley 30/1998, de 29 de julio, que se opongan a lo dispuesto en él, supone una mejora sustancial de este régimen, al que dedica su artículo 11, consolidando los cambios que se venían operando estos últimos años. Y con ello se hace aún más necesaria la actualización de la norma reglamentaria que desarrolla las ayudas al transporte marítimo y aéreo con origen o destino en estas islas.

II

El cumplimiento de los mandatos anteriormente citados tuvo su concreción en el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo con origen o destino en las Illes Balears, que desarrolló reglamentariamente los aspectos relacionados con la fijación de las correspondientes subvenciones y su otorgamiento, así como el procedimiento administrativo aplicable a las mismas.

El Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, ha normalizado la tramitación de los procedimientos para la concesión de estas ayudas. No obstante, en sus aspectos instrumentales, esta norma ya precisó de determinadas modificaciones que se concretaron en el Real Decreto 101/2002, de 25 de enero, que introdujo diversas mejoras aconsejadas por la experiencia en la regulación del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones.

El tiempo transcurrido aconseja profundizar en la mejora de los aspectos formales y materiales del procedimiento por el que se otorgan las bonificaciones al transporte de mercancías, al objeto de facilitar en la medida de lo posible la actividad de los sectores económicos baleares.

Además, la evolución legislativa hace necesario adaptar la normativa existente a los avances que se han producido en diversas materias, entre otras, a nivel nacional, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Así mismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha establecido una regulación completa y sistemática de cómo se relacionan externamente las administraciones con los ciudadanos y empresas.

Anteriormente, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa ya había introducido medidas de simplificación administrativa entre otras, en lo referente a la publicidad de las subvenciones y la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que afectaron a la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Por otro lado, cabe señalar que la Orden TAP/2135/2011, de 18 de julio, todavía vigente, ya reguló desde entonces la obligatoriedad en la presentación de solicitudes y tramitación por medios electrónicos del procedimiento de la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Illes Balears. Y ahora, al amparo del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prevé en el nuevo artículo 8 del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio la tramitación de estos procedimientos exclusivamente por medios electrónicos, incluido cuando se trate de personas físicas. De ahí que también se prevea que si no se utilizaran dichos medios se requerirá la correspondiente subsanación, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se realice la subsanación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

III

Más recientemente, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 ha modificado los porcentajes máximos de subvención, dejando sin efecto la limitación de la disponibilidad presupuestaria cuando los créditos presupuestarios afectados sean declarados ampliables. Y la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos General del Estado para el año 2018, declara, en su anexo II, ampliable el concepto presupuestario 17.20.441P.478, sobre «Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente».

Estos nuevos porcentajes de bonificación han sido consolidados por el citado Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.

A su vez, son importantes las modificaciones introducidas en el espacio europeo mediante la aprobación del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis y que será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020 y que tiene prevista una prórroga de dos años por la Comisión Europea. Así, el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el citado Reglamento debe aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

No obstante, en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, se establece el compromiso del Gobierno de promover la modificación del reseñado Reglamento UE 1407/2013, en el sentido de aumentar el límite de 200.000 euros de ayudas acumuladas por una misma empresa durante el período de tres años para el transporte de mercancías para los territorios insulares.

IV

Por lo que respecta a los establecimientos, también se han producido novedades normativas que afectan a la tramitación de los procedimientos regulados en el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio. En concreto, se dispone de la información sobre la actividad industrial mediante la aplicación del Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma para establecer el registro industrial en su territorio. Del mismo modo, hay un nuevo marco normativo que racionaliza el sector artesano a través del Decreto 41/2014, de 5 de septiembre, que tiene en cuenta las previsiones de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior.

Igualmente, se ha considerado aconsejable contemplar la situación especial que se plantea respecto de la Isla de Formentera en relación con el transporte de mercancías con origen o destino en la misma, que debe realizarse necesariamente a través de la Isla de Eivissa, para lo que se plantea el establecimiento de una compensación que contemple los costes de desplazamiento de las mercancías y bienes entre ambas islas.

Se ha considerado conveniente también recoger en esta reforma del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, las recomendaciones realizadas por la Intervención Regional en la Delegación del Gobierno Illes Balears de la Administración General del Estado, en sus informes de control financiero permanente en relación a estas subvenciones al transporte de mercancías.

Finalmente, de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, se crea una comisión mixta integrada por representantes de la Administración General del Estado y de la Administración autonómica de las Illes Balears que se encargará de efectuar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del sistema de compensación.

V

Esta modificación responde, en definitiva, a los conocidos como nuevos principios de buena regulación. Se puede afirmar que su aprobación responde a principios de necesidad y eficacia, justificándose en razones de interés general como son favorecer la igualdad en las relaciones económicas en España, de tal forma que las desigualdades que se producen a causa de circunstancias geográficas como es la insularidad se vean debidamente compensadas. Las obligaciones que se imponen a los beneficiarios de las ayudas que se regulan responden al principio de proporcionalidad, resultando lo menos restrictivas posibles. Igualmente, el nuevo marco se considera que incide positivamente en la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia, en el sentido que se prescribe en los artículos 127 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, mediante este real decreto se pretende adaptar el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, a la nueva normativa nacional y europea y a la experiencia derivada de su aplicación. Además, se trata de aclarar el contenido de algunos artículos del real decreto, mejorar los trámites administrativos y reducir las cargas administrativas, con las mismas garantías jurídicas, en aras a una administración pública más eficaz y eficiente y en coherencia con el espíritu del legislador que no es otro que la compensación de la insularidad.

Ello, sin perjuicio de una futura adaptación, una vez que la comisión mixta de seguimiento que ahora se crea evalúe el sistema de compensación y sea oída en el procedimiento de una nueva propuesta y actualización de los sectores económicos y de los tipos de mercancías que puedan beneficiarse de estas ayudas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Ministra de Hacienda y de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de febrero de 2020,

DISPONGO:

I

El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978 encomienda al Estado la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears de 1983 y, en especial, después de su modificación de 2007, ha incidido en la realidad insular o plurinsular balear con la finalidad de amparar y promover actuaciones conducentes a reducir o eliminar los desequilibrios que genera. Esta necesidad de un tratamiento propio explica la previsión estatutaria de articular un régimen especial balear.

Este objetivo se había cubierto hasta ahora mediante la Ley 30/1998, de 29 de julio, reguladora del Régimen Especial de las Illes Balears, cuyo artículo 7 disponía el establecimiento de una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, con la finalidad de compensar el coste efectivo del transporte de mercancías relacionadas con sectores económicos de interés preferente para las islas, derivado de su transporte tanto interinsular, como con destino al territorio peninsular y a los Estados Miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo o viceversa.

El Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Baleares, que ha derogado todas las disposiciones de la Ley 30/1998, de 29 de julio, que se opongan a lo dispuesto en él, supone una mejora sustancial de este régimen, al que dedica su artículo 11, consolidando los cambios que se venían operando estos últimos años. Y con ello se hace aún más necesaria la actualización de la norma reglamentaria que desarrolla las ayudas al transporte marítimo y aéreo con origen o destino en estas islas.

II

El cumplimiento de los mandatos anteriormente citados tuvo su concreción en el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo con origen o destino en las Illes Balears, que desarrolló reglamentariamente los aspectos relacionados con la fijación de las correspondientes subvenciones y su otorgamiento, así como el procedimiento administrativo aplicable a las mismas.

El Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, ha normalizado la tramitación de los procedimientos para la concesión de estas ayudas. No obstante, en sus aspectos instrumentales, esta norma ya precisó de determinadas modificaciones que se concretaron en el Real Decreto 101/2002, de 25 de enero, que introdujo diversas mejoras aconsejadas por la experiencia en la regulación del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones.

El tiempo transcurrido aconseja profundizar en la mejora de los aspectos formales y materiales del procedimiento por el que se otorgan las bonificaciones al transporte de mercancías, al objeto de facilitar en la medida de lo posible la actividad de los sectores económicos baleares.

Además, la evolución legislativa hace necesario adaptar la normativa existente a los avances que se han producido en diversas materias, entre otras, a nivel nacional, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Así mismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha establecido una regulación completa y sistemática de cómo se relacionan externamente las administraciones con los ciudadanos y empresas.

Anteriormente, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa ya había introducido medidas de simplificación administrativa entre otras, en lo referente a la publicidad de las subvenciones y la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que afectaron a la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Por otro lado, cabe señalar que la Orden TAP/2135/2011, de 18 de julio, todavía vigente, ya reguló desde entonces la obligatoriedad en la presentación de solicitudes y tramitación por medios electrónicos del procedimiento de la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Illes Balears. Y ahora, al amparo del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prevé en el nuevo artículo 8 del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio la tramitación de estos procedimientos exclusivamente por medios electrónicos, incluido cuando se trate de personas físicas. De ahí que también se prevea que si no se utilizaran dichos medios se requerirá la correspondiente subsanación, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se realice la subsanación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

III

Más recientemente, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 ha modificado los porcentajes máximos de subvención, dejando sin efecto la limitación de la disponibilidad presupuestaria cuando los créditos presupuestarios afectados sean declarados ampliables. Y la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos General del Estado para el año 2018, declara, en su anexo II, ampliable el concepto presupuestario 17.20.441P.478, sobre «Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente».

Estos nuevos porcentajes de bonificación han sido consolidados por el citado Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.

A su vez, son importantes las modificaciones introducidas en el espacio europeo mediante la aprobación del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis y que será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020 y que tiene prevista una prórroga de dos años por la Comisión Europea. Así, el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el citado Reglamento debe aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

No obstante, en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, se establece el compromiso del Gobierno de promover la modificación del reseñado Reglamento UE 1407/2013, en el sentido de aumentar el límite de 200.000 euros de ayudas acumuladas por una misma empresa durante el período de tres años para el transporte de mercancías para los territorios insulares.

IV

Por lo que respecta a los establecimientos, también se han producido novedades normativas que afectan a la tramitación de los procedimientos regulados en el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio. En concreto, se dispone de la información sobre la actividad industrial mediante la aplicación del Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma para establecer el registro industrial en su territorio. Del mismo modo, hay un nuevo marco normativo que racionaliza el sector artesano a través del Decreto 41/2014, de 5 de septiembre, que tiene en cuenta las previsiones de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior.

Igualmente, se ha considerado aconsejable contemplar la situación especial que se plantea respecto de la Isla de Formentera en relación con el transporte de mercancías con origen o destino en la misma, que debe realizarse necesariamente a través de la Isla de Eivissa, para lo que se plantea el establecimiento de una compensación que contemple los costes de desplazamiento de las mercancías y bienes entre ambas islas.

Se ha considerado conveniente también recoger en esta reforma del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, las recomendaciones realizadas por la Intervención Regional en la Delegación del Gobierno Illes Balears de la Administración General del Estado, en sus informes de control financiero permanente en relación a estas subvenciones al transporte de mercancías.

Finalmente, de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, se crea una comisión mixta integrada por representantes de la Administración General del Estado y de la Administración autonómica de las Illes Balears que se encargará de efectuar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del sistema de compensación.

V

Esta modificación responde, en definitiva, a los conocidos como nuevos principios de buena regulación. Se puede afirmar que su aprobación responde a principios de necesidad y eficacia, justificándose en razones de interés general como son favorecer la igualdad en las relaciones económicas en España, de tal forma que las desigualdades que se producen a causa de circunstancias geográficas como es la insularidad se vean debidamente compensadas. Las obligaciones que se imponen a los beneficiarios de las ayudas que se regulan responden al principio de proporcionalidad, resultando lo menos restrictivas posibles. Igualmente, el nuevo marco se considera que incide positivamente en la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia, en el sentido que se prescribe en los artículos 127 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, mediante este real decreto se pretende adaptar el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, a la nueva normativa nacional y europea y a la experiencia derivada de su aplicación. Además, se trata de aclarar el contenido de algunos artículos del real decreto, mejorar los trámites administrativos y reducir las cargas administrativas, con las mismas garantías jurídicas, en aras a una administración pública más eficaz y eficiente y en coherencia con el espíritu del legislador que no es otro que la compensación de la insularidad.

Ello, sin perjuicio de una futura adaptación, una vez que la comisión mixta de seguimiento que ahora se crea evalúe el sistema de compensación y sea oída en el procedimiento de una nueva propuesta y actualización de los sectores económicos y de los tipos de mercancías que puedan beneficiarse de estas ayudas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Ministra de Hacienda y de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de febrero de 2020,

DISPONGO:

Artículo único.  Modificación del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.

El Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears, queda redactado en los siguientes términos:

Uno. El primer párrafo del artículo 2 queda redactado como sigue:

Dos. El artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción:

Tres. El artículo 5 queda redactado como sigue:

Cuatro. El artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción:

Cinco. El artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción:

Seis. Se da nueva redacción a los apartados 2, 3 y 5 del artículo 9:

Siete. Se modifica la letra e) del artículo 10:

Ocho. Se da la siguiente redacción al artículo 12:

Nueve. Se da la siguiente redacción al artículo 13:

Diez. Se da nueva redacción al artículo 14:

Once. La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

Doce. La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:

Trece. Se añade una nueva disposición adicional tercera con la siguiente redacción:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Disposición transitoria única.  Régimen aplicable a las solicitudes en tramitación.

Las solicitudes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se regirán por las normas hasta ese momento aplicables. No obstante, las mismas se regirán respecto a la documentación exigible y su comprobación por el presente real decreto.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS. 

Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.

DISPOSICIONES FINALES. 

Disposición final primera.  Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre tránsito y transporte aéreo y marina mercante.

Disposición final segunda.  Desarrollo y ejecución.

Se faculta a los Ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto, con especial atención a la utilización de medios electrónicos que agilicen y abaraten los trámites para las empresas y para la Administración Pública.

Disposición final tercera.  Referencias a órganos suprimidos.

Las referencias en el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o destino en las Illes Balears a los órganos suprimidos por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se entenderán realizadas a los que, por esta última norma, se crean y los sustituyen o asumen sus competencias.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,

CARMEN CALVO POYATO

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