Análisis

  • Olga Rodríguez Marcos. Abogada. Directora de IURIS Estudio Jurídico Bilbao

¿Violencia de Género? La última vuelta de tuerca de la eutanasia

En la actualidad, en nuestro país, ayudar a morir o acabar con la vida de quien no quiere vivir es delito. Así aparece recogido en los apartados segundo y tercero del artículo 143 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), en los que se prevé la pena a imponer a quien coopere al suicidio o llegue a ejecutar la muerte de una persona:

  1. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
  2. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

Además, el epígrafe cuarto de dicho artículo posibilita aplicaciones de penas en varios grados inferiores a los tipos generales (dos a cinco años de prisión para el caso de cooperar al suicidio, y seis a diez años de prisión en los supuestos de llegar a ejecutar la muerte), en atención a la especial situación de la víctima (enferma grave o con padecimientos permanentes), y a la existencia de una voluntad por su parte (objetivamente contrastable) de querer fallecer:

  1. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

Es decir, el concepto de eutanasia en nuestro Código Penal, precisamente por la introducción del último de los epígrafes del artículo 143 CP, está asociado a la “muerte digna”, a la evitación de dolor. Y, en concreto, al respeto a la voluntad de quien, siendo consciente de que padece una enfermedad incurable, no desea postergar ni su sufrimiento ni, muchas veces, el de quienes le rodean y ejercen sus labores de cuidado permanentemente.

El debate en torno a la despenalización de la eutanasia no es nuevo y siempre ha sido cuestionado por un amplio sector de la población (y, dicho sea de paso, por muchos juristas), dado que, tanto el derecho a la vida, como el respeto a la dignidad de la persona, resultan ser derechos esenciales reconocidos en el artículo 15 de nuestra Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a tratos degradantes”.

Además, cada vez que un caso salta a los medios de comunicación (desde el caso de Ramón Sampedro a finales de la década de los noventa), la polémica resurge.

Quien suscribe no va a emitir una opinión personal en torno a la necesidad o no de despenalizar la eutanasia, puesto que se trata de una cuestión tanto jurídica como ética; pero sí considero oportuno llamar la atención sobre una “vuelta de tuerca” que la aplicación de este tipo penal nos ha evidenciado hace unos meses.

Así, en relación al caso de María José Carrasco (enferma terminal de esclerosis múltiple durante tres décadas, que falleció el 3 de abril de 2019), supimos que el Juzgado que se encontraba instruyendo diligencias contra su marido por haber cooperado en su muerte (al haberle suministrado un fármaco, que aquella compró cuando aún podía valerse), decidía inhibirse en favor de un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, al entender que resultaba de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo que indica que toda violencia ejercida por un hombre hacia una mujer (que sea su pareja o expareja) debe ser considerada como un acto de violencia de género, y lo dispuesto en el artículo 44.1 apartado a, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que recoge:

  1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:
  2. a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

Y también constatamos posteriormente cómo dicho Juzgado rechazaba tal competencia al entender (según ha sido recogido en diferentes medios de comunicación) que la fallecida expresó a su marido “de forma seria e inequívoca” su voluntad de poner fin a su vida y que, por consiguiente, dicha presunta comisión delictiva no podía incardinarse dentro de las conductas recogidas en la ley integral de violencia sobre la mujer.

Al margen de que, al parecer, la cuestión de competencia tendrá que ser resuelta por el Tribunal Supremo (dado que la defensa del marido de la Sra. Carrasco ha recurrido la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener la competencia a favor del juzgado especializado en violencia sobre la mujer), resulta del todo paradójico que, resultando ser la esencia y la finalidad de la Ley Orgánica 1/2004 combatir las agresiones (físicas y psicológicas) realizadas por un hombre hacia una mujer que se produzcan en el ámbito de una relación afectiva, ahora pretendamos aplicar de manera estricta dicha norma, cuando lo que subyace en la acción llevada a cabo por el investigado (y más allá de que se considere delito, a la luz de nuestro actual Código Penal) es un acto expresamente requerido por su mujer.

Con esta reflexión, no pretendo concluir, “per se”, que todos los supuestos en los que un hombre colabore en la muerte de su pareja deban excluirse del ámbito de aplicación de la Ley integral de Violencia sobre la Mujer, dado que, efectivamente, deben analizarse todas las pruebas concurrentes en orden a descartarla.

Solo me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que toda norma admite exclusiones. Y respecto de que, en el caso de la eutanasia, en lugar de que los operadores jurídicos tengamos que realizar “ingeniera jurídica” para mitigar la aplicación de la sanción legalmente prevista, quizás merecería la pena reflexionar si nos encontramos ante un acto de agresión o no.

Un acto, la eutanasia, al que, en lugar de aplicarle atenuantes, para evitar la imposición de penas “pensadas” realmente para quien provoca la muerte de quien no desea morir quizás debiera excluirse del Derecho Penal, entendido éste como última “ratio” o último recurso a utilizar, a falta de otros menos gravosos.

Y es que la pregunta, en definitiva, sería: ¿debe despenalizarse o debe mantenerse como forma de control para evitar que se provoque la muerte de personas que no desean morir?

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