Análisis

  • Beatriz Saura Alberdi. Copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM

¿Una nueva profesión para sustituir al abogado en el asesoramiento de empresa?

En diciembre se cumplirán diez años de la reforma del Código Penal que introdujo por vez primera en nuestro Ordenamiento la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, el Compliance no empezó a desarrollarse de una forma más amplia en nuestro país hasta cinco años después, con ocasión de la posterior reforma del Código Penal introducida en 2015, en la que además de establecerse la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a aquellas personas jurídicas que hubieran adoptado medidas eficaces para la prevención de los delitos, enumeraba los requisitos mínimos con los que tales modelos debían contar.

Con estos mimbres la Abogacía empezó a trabajar en dos sentidos. El primero de ellos supuso analizar este nuevo Derecho Penal preventivo, así como las consecuencias sustantivas y procesales que supuso esta reforma y plantear estas interpretaciones ante los Órganos Judiciales, que han ido perfilando la figura con sus resoluciones.

La segunda intervención de los profesionales de la Abogacía ha consistido  en trabajar de forma conjunta con las compañías para asesorarlas en el desarrollo de sus modelos de cumplimiento normativo en general y para la prevención de delitos en particular. Para una mayor especialización y desarrollo de este nuevo modelo normativo se han realizado desde los Colegios de Abogados cursos y jornadas de investigación y formación, creándose asimismo Secciones de Compliance, como puntos de encuentro para compartir y mejorar experiencias y conocimientos entre los profesionales de la Abogacía especializados en esta materia.

Sin embargo, aunque el Compliance en nuestro país tuvo entrada a través del Código Penal, se ha extendido y se interpreta en sentido amplio como Cumplimiento normativo ético y transparente que se aplica no solo a la adopción de controles para evitar los riesgos que puedan dar lugar a la comisión del delito corporativo, sino también a ámbitos que no darían lugar a la responsabilidad penal de empresa, como pueden ser los riesgos laborales.

Parte de este asesoramiento que presta el profesional de la Abogacía a las empresas consiste en recomendar la realización de informes técnicos adicionales para la mejor gestión de su modelo de prevención. Pensemos por ejemplo en el control de emisiones tóxicas, o riesgos tecnológicos, que requerirán de la intervención de los profesionales adecuados para cada supuesto.

Todo este trabajo de creación de los modelos de compliance ha de analizarse y diseñarse de forma conjunta entre el Abogado -que conoce la Norma-, y el responsable que la compañía haya designado al efecto -que es quien conoce las características de la empresa-. Me refiero al llamado Oficial de Cumplimiento u Órgano de Cumplimiento en empresas más grandes. Esta función puede desarrollarse por profesionales de cualquier ámbito del conocimiento, o incluso por no profesionales, pues en empresas pequeñas el Órgano de Cumplimiento lo pueden constituir los miembros del Consejo de Administración, que pueden no contar con formación en la materia.

Sin embargo, aunque el profesional que gestiona el Compliance de la empresa no tenga que ser Abogado y de hecho actualmente hay muchos Directores de Cumplimiento de empresas importantes que desarrollan un trabajo magnifico sin serlo, el apoyo para trasladar la norma a la gestión de la compañía siempre lo debe facilitar el Abogado, por ser el profesional que cuenta con la preparación adecuada para hacerlo.

Por tanto y partiendo del reconocimiento a la interesante labor que realizan determinadas asociaciones de Compliance Officers en materia de cumplimiento normativo, ante las manifestaciones vertidas recientemente en redes sociales por algunas de ellas, en las que parecían dar a entender que estaban trabajando en la creación de la profesión de Oficial de Cumplimiento, he considerado que era oportuno escribir estas líneas para recordar que la función de Compliance Officer se podrá regular, -con cierta flexibilidad y siempre dentro de unos parámetros muy amplios pues como se ha dicho aglutina a profesionales de diferentes ámbitos, a no profesionales y a muy distintos tipos de empresas-, pero en ningún caso puede convertirse en una profesión especifica, con unos estudios reglados y un sistema corporativo propio, porque ello supondría privar a la Abogacía de su función de asesoramiento legal especializado a la empresa y esa es una línea roja que no podemos permitir que se cruce.

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