Análisis

  • Ruth de Miguel. Directora Responsabilidad Social Abogacía

Por una abogacía comprometida y socialmente responsable

El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía del Co­legio trabaja con el objetivo de ser la referencia para que la abogacía canalice su acción social y servir como vehículo de colaboración con el Tercer sector social, además de ofre­cer formación de calidad en Responsabilidad Social a to­dos los abogados y abogadas y a las futuras generaciones.

Tras 10 años de andadura, funciona como una platafor­ma de intercambio de infor­mación (clearinghouse), que cuenta con varios programas pro bono en materia de for­mación y asesoría jurídica, y asimismo colabora con las clínicas jurídicas de distintas universidades, procurando asistir jurídicamente a las enti­dades sociales y colectivos en riesgo de exclusión social, no amparados por la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, como actividad complemen­taria que apoya el acceso a la justicia.

Bajo esta premisa, en el plano de la formación dirigida a abogados, muy recientemente, acercamos a nuestros/as colegiados/as a un tema que aún no es de conocimiento general de la profesión jurídi­ca: “Los Derechos Humanos y la empresa en el ámbito de la abogacía”, y cómo la construcción del concepto de abogacía socialmente responsable pasa por reflexionar acerca del doble papel que juega el abogado aplicando la debida diligencia en su asesoramien­to, así como siendo agente del Estado de Derecho, responsa­bilidad que incluye evaluar los impacto reales y potenciales de las actividades de las empresas en los derechos humanos, integrar los resultados en la gestión de la empresa y actuar sobre ellos.

En este sentido, el papel de los abogados es crucial y la complementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas destaca aspectos concretos también en su relación con los clientes, entendiendo al abogado como actor económico. Su rol existe frente a todo tipo de clientes, pero variará, sin embargo, ya sean éstos empre­sas, funcionando como abo­gados de empresa o como abogados externos, aseso­rándolas sobre sus riesgos y cumplimiento legal, o como representantes de los intere­ses del Estado o de las per­sonas cuyos derechos se han visto afectados por la activi­dad empresarial. El abanico de posibilidades es prolífico.

Aplicar la debida diligencia y adoptar una política de de­rechos humanos no sólo no está reñido, sino que es una medicina preventiva ante los riesgos que se derivan por la falta de respeto de los dere­chos humanos por parte de la empresa.

En esta misma línea, hemos querido concienciar acer­ca del alcance de la relación entre el “Derecho de Interés Público y la litigación estraté­gica”, y cómo, con el ánimo de constituir un efectivo Esta­do de Derecho democrático, esta rama del derecho permite utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance para lo­grar un cambio estructural en beneficio de toda la sociedad.

La abogacía tiene un compro­miso con el Estado de Dere­cho que va más allá de la mera observancia de las leyes, de su interpretación y del segui­miento puntual de los proce­dimientos y de las formas de acceso al sistema de justicia y elaboración normativa. Bajo este espíritu, el efecto perse­guido consiste en rebasar los intereses personales de las partes: los intereses individua­les del cliente representado se ven superados por el interés de la sociedad.

En nuestro país, en la mayo­ría de los casos, han sido las organizaciones de la socie­dad civil quienes han promo­vido el cambio social desde el derecho, las que a base de litigar estratégicamente han logrado avanzar la forma de ejercer los derechos funda­mentales, generando nuevas reglas de convivencia social, y tratando de propiciar un pleno ejercicio de los derechos civi­les, políticos, sociales, econó­micos y culturales.

En este amplio escenario, el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía del Co­legio quiere servir también como vehículo de colabora­ción entre la abogacía madri­leña y el Tercer Sector, y es por ello que, bajo el objetivo y el interés común de satis­facer las demandas sociales y de interés general plantea­das por las entidades sociales, venimos diseñando una ver­tiente formativa para este tipo de organizaciones en base a sus preocupaciones socio-ju­rídicas.

De esta forma, quisimos in­formarlas de la necesidad de adecuarse a la nueva norma­tiva en materia de Protección de Datos, en vigor desde el 25 de mayo de 2018, con el fin de aumentar la seguridad jurí­dica y cumplir con la normati­va respecto a aspectos que les atañen de forma muy diver­sa, como la nueva regulación para los ficheros de morosos, temas de videovigilancia, la eliminación del consentimien­to tácito o la modificación en la edad mínima del consen­timiento de menores, entre otros.

Siguiendo la estela de com­promiso con el Tercer Sector y sus entidades no lucrati­vas, abordamos la materia de Compliance como resul­tado del estudio previo de necesidades jurídicas de es­tas organizaciones, en el que detectamos las inquietudes jurídicas que los últimos es­cándalos delictivos habían generado respecto a este sector.

En este camino, gracias a la colaboración con la Univer­sidad Complutense a través de su Máster Complicance Officer, emprendimos el pro­yecto de proporcionar a las entidades del Tercer Sector una serie de herramientas que les permitiese mejorar su cumplimiento normativo, sobre todo en prevención de riesgos delictivos, así como sus políticas de responsabi­lidad social, contando con la visión de la Plataforma del Tercer Sector de la Comuni­dad de Madrid para perfilar los detalles necesarios para adecuarla a las necesidades de las entidades sin ánimo de lucro. Tras casi un año de trabajo, presentamos la “Guía de Autodiagnóstico y Compliance” para entidades sociales, confiando en do­tarles de una garantía aña­dida de confianza para los grupos de interés con los que trabajan.

Son ya 1.170 los abogados y abogadas voluntarios que se han comprometido a cons­truir el nuevo concepto de abogacía socialmente respon­sable para liderar la nueva go­bernanza global. Gracias a to­dos ellos.

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