Análisis

  • Juan Ramón Montero Estévez. Presidente de la Sección de Derecho Deportivo

Tributación de deportistas profesionales

Se exhiben en la pasarela mediática, deportistas de élite, quienes son figuras públicas de prestigio e imagen de aficionados y jóvenes deportistas, sometidos a procedimientos penales.

No lo son por delitos contra las personas, la libertad, el patrimonio…lo son por delitos contra la Hacienda Pública.

El análisis de las consecuencias penales reflejadas, obliga a recapacitar sobre la tributación de los deportistas profesionales. Siendo los delitos contra la Hacienda una norma penal en blanco, nos remite a las que regulan el pago de los tributos que se entienden defraudados.

El procedimiento penal es el último residuo de la intervención del estado para impedir aquellas conductas que, por su gravedad, requieren sanciones extremas traducidas en penas privativas de libertad. Aquellas conductas, centradas en las que, de manera colectiva, constante e implícita en la conciencia, afectan elementos esenciales de convivencia en ataques a la libertad y la integridad humana, en la actualidad se instrumentalizan, en no pocos casos, en intereses de política mediática, económica y social, ajenos a su naturaleza.

El principio de mínima intervención, en contra de quienes lo entienden como una limitación en su aplicación, es un principio dirigido al legislador; por él debe evitarse la sanción en la vía penal de aquellos hechos que puedan ser corregidos en otros órdenes jurisdiccionales. Sin posibilidad de entrar en la conformidad de la aplicación del orden penal en su represión, como una suerte de privilegio de la hacienda pública, la constante desavenencia entre los deportistas profesionales y nuestra Agencia Tributaria obliga a examinar su aplicación.

Actúa en la voracidad privilegiada de la Agencia Tributaria, una consideración de interés público que allana el incumplimiento de los elementos esenciales del procedimiento, la imputabilidad, restringida en un estado de derecho al dolo o la culpa, piedra angular de la justicia criminal, es esquivada en una suerte de fin ejemplarizante, intimidando con la condena penal, obteniendo de este modo consecuencias disuasorias más allá de las que pudieran alcanzarse en campañas publicitarias. Aquella intimidación conlleva inseguridad jurídica y una conformidad, impuesta en el temor, no en la aprobación, estableciendo una suerte de mercado en que temor y aceptación se establecen como moneda de cambio. Es fácil analizar los casos que en los medios se han difundido para comprender que la aceptación de la sanción penal ha venido impuesta por aquel cambalache.

Este reprobable escenario, extensible a otros tipos penales, utiliza el derecho penal como instrumento político o recaudatorio, en fines disuasorios ajenos al rigor y seguridad del procedimiento penal, que soslaya principios esenciales, presunción de inocencia, principio acusatorio, contradicción o igualdad, adquiere en el tratamiento fiscal del deporte una especial gravedad en cuanto la remisión a la norma penal en blanco, conlleva en la ambigua y variable fiscalidad del deporte una inseguridad añadida.

El análisis de los conceptos de residencia fiscal, más de 183 días en el territorio español, la apreciación como base principal directa o indirecta de actividades o intereses económicos, el de ausencias esporádicas, la exclusión de nuevas residencias, cuando se estime como paraíso fiscal, la indivisión del ejercicio fiscal, las presunciones de permanencia, constituyen un campo de interpretaciones de la normativa tributaria que configuran un caldo de inseguridad proclive para la imposición de acuerdos bajo la amenaza de un procedimiento penal cuando las sumas presumidas superan la mínima cuantía que el Código Penal establece para la existencia del tipo.

En aquella incertidumbre, la tributación de los deportistas profesionales queda sujeta a los avatares de sus distintos tratamientos, el RD 687/2005 que modificó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regulando el régimen especial de tributación de los no residentes, modificando el tipo impositivo medio, en torno al 43%, al 24%, la tributación como no residente el régimen especial de trabajadores desplazados, determinadas consideraciones que se sujetan a requisitos, siempre opinables, en favor de la Agencia Tributaria, las condiciones de la conocida como Ley Beckham, conllevaban una dificultad técnica de aplicación, que atendían un régimen fiscal favorable al fichaje de jugadores extranjeros, los posteriores cambios con la exclusión de los deportistas profesionales en el 2015, establecen un panorama complejo de interpretación y aplicación, incluso en los criterios de la Agencia Tributaria, que hacen inaceptable la aplicación del derecho penal que solo cabe en la conciencia y conocimiento del hecho ilícito.

Conlleva todo ello unas consecuencias negativas para el deporte, un error de interpretación en que la carga tributaria provoca la reticencia de los deportistas extranjeros a venir a España y la fuga de talentos de nuestro deporte. Los fraudes fiscales pretendidos en los intentos de deslocalizar los ingresos a través de sociedades y empresas, revelan un mal tratamiento fiscal en que, la comparación de los análisis tributarios, por otra parte legítima del obligado a soportarlo, confirman que la tributación de los deportistas profesionales resulta negativa y disuasoria para la difusión y el apoyo que han convertido a España en centro del deporte de élite mundial.

Una disminución de la carga tributaria, un trato comedido y una limitación de la intervención pública, unido al sobresaliente nivel del deporte español y de sus ligas a nivel europeo y mundial, puede provocar que un mayor número de deportistas de alto nivel profesional puedan venir. Es necesario un trato en el que nuestros deportistas y ciudadanos no tengan la necesidad de irse al extranjero, al menos por motivos tributarios.

Las condenas penales a deportistas, tratados como delincuentes, los traslados a Portugal o Italia, confirman que la voracidad de la hacienda y la inseguridad jurídica pueden convertir un país de paraíso en infierno, no solo en términos fiscales.

La seguridad jurídica es fuente de ingresos y de progreso.

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