Análisis

  • Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez. Presidente de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la libertad sindical en las Fuerzas Armadas

El ejercicio del derecho de libertad sindical normalmente es aceptado para los funcionarios públicos, sin embargo, la situación difiere cuando se trata del personal militar, a los que, en muchos países, se les niega o se les limita de manera importante el ejercicio de este derecho. Esta circunstancia produce un importante agravio comparativo entre Estados que comparten jurisprudencia en materia de derechos fundamentales, atendiendo a que alguno de estos considera justificada esta restricción por la necesidad de proteger la seguridad interna y externa del país en cuestión.

En este estado de cosas, advertimos que la evolución en materia jurisprudencial ha dado lugar a un reconocimiento más generoso de los derechos sindicales del personal militar. Estos avances, han producido un efecto en la sociedad que percibe a los miembros de las Fuerzas Armadas (en adelante, FAS) como "ciudadanos de uniforme", tanto en Europa como en otros continentes. Esta nueva visión implica que los militares deben de ser sujetos, de cara a ese estado de opinión generalizado entre gran parte de los ciudadanos, de los mismos derechos fundamentales y libertades públicas que el resto de colectivos, sin menoscabo de algunas limitaciones, pocas pero necesarias.

Desde finales de los años ochenta, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa viene reivindicado constantemente que los miembros de las FAS no pueden aislarse de la sociedad democrática a la cual están destinados a proteger, indicando asimismo que, estos militares no pueden respetar el derecho humanitario y los derechos humanos en sus operaciones si no se garantiza el respeto de los derechos humanos dentro de las filas del propio Ejército.

En este tenor, destacamos los fallos judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) en relación al ejercicio de la libertad de sindicación en las FAS francesas, de fecha 2 de octubre del año 2014, “caso Matelly contra Francia” y “caso ADEFDROMIL v. Francia [1], en los cuales se indica que la prohibición de la existencia de sindicatos en el ámbito castrense es contraria al art. 11 del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH). Por lo tanto,  el TEDH acepta que existan restricciones al ejercicio de este derecho para los militares franceses, pero no la prohibición de sindicarse.

Así las cosas, el TEDH una vez examinadas las denuncias, y en relación a los artículos del CEDH que presuntamente habían sido lesionados por parte del gobierno francés (Matelly arts. 10 y 11 y ADEFDROMIL arts. 6,11,13 y 14), únicamente aceptó la vulneración del art. 11 del Convenio en el sentido que el derecho a la libertad sindical no excluía de su ámbito de aplicación ninguna ocupación u oficio, a pesar de que del tenor literal de dicho artículo se deduce que las "restricciones legales" pueden ser impuestas por los Estados, en especial a los miembros de las FAS. Asimismo, la Corte reiteró que esas restricciones debían interpretarse stricto sensu y limitarse al "ejercicio” de los derechos en cuestión, no pudiendo menoscabar la esencia del derecho de sindicación. A este respecto, el tribunal señaló que el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a estos era uno de los elementos esenciales del propio derecho de libertad de sindicación, como ya se había establecido en la jurisprudencia anterior relativa al sector público, por medio de la STEDH de fecha 12 de noviembre del año 2008, Demir y Baykara v. Turquía.

El TEDH exigió que las restricciones tienen que cumplir con tres requisitos (de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del CEDH): establecer si la restricción está prevista por la ley, si persigue un objetivo legítimo y si es necesaria en una sociedad democrática. No acepta por tanto que, las limitaciones lleguen a afectar a los elementos esenciales del derecho objeto de estudio en la sentencia, todo ello con la finalidad de evitar que el derecho de libertad de sindicación quede vacío de contenido.

Para finalizar nuestro enunciado, debemos citar la conclusión expuesta por el propio tribunal, que es común a ambas sentencias, en donde se expone que la libertad de asociación puede llegar a ser objeto de legítimas restricciones, aunque la prohibición de afiliarse a una asociación profesional en el marco de ejercer acciones que se encuentren encaminadas a la consecución de sus objetivos constituye una clara violación del art. 11 del CEDH[2].

En cuanto a la consecución de sus objetivos, entendemos la defensa de los intereses profesionales de los asociados, asimismo, de la conclusión del TEDH y a tenor de lo dispuesto en el párrafo 76 del caso Matelly y del 61 del caso ADEFDROMIL, deducimos que la total restricción del ejercicio del derecho de asociación con la finalidad de la defensa de los intereses profesionales de los militares no pueden ser consideradas proporcionadas ni necesarias en una sociedad democrática.

A modo de finalización, colegimos que a pesar de que el TEDH ha dejado abierta la puerta a la futura sindicación en el ámbito de las FAS, divergiendo de la prohibición absoluta de la existencia de estos, en lo que se refiere a España, y a tenor de las reservas formuladas al artículo 11 del CEDH, siendo nuestro Estado el único país europeo que ha efectuado reservas al mismo, no parece que, en un horizonte próximo y en ulteriores desarrollos legislativos se prevea una regulación diferente para los miembros de las FAS españolas[3]. No obstante, conviene recordar que hay una corriente de opinión que considera las sentencias del TEDH poco menos que multas económicas administrativas. En el momento en el que un país miembro del sistema europeo es condenado, en primer lugar, existe un efecto declarativo de condena. En segundo lugar, el posterior cumplimiento de la condena con el correspondiente pago de los daños y perjuicios,  pero además, ex artículo 10.2 de la Constitución española, lo indicado en esa sentencia supone la interpretación legítima del artículo correspondiente del CEDH vulnerado.

Por lo tanto, todo esto viene a decirnos que en el marco de una estricta aplicación en nuestro ordenamiento jurídico de la interpretación legítima que lleva a cabo el tribunal, esta nueva normativa podría haber sido consolidada en España. En primer lugar, hubiese obligado a nuestro país a revocar las reservas formuladas en virtud del art. 64 del CEDH, debido a que la naturaleza jurídica de las mismas es la de acto unilateral que tiene la base de su carácter revocable[4]. Asimismo, la interpretación favorable del ejercicio de este derecho fundamental tendría cobertura constitucional a tenor de lo dispuesto tanto en el art. 22 CE en el cual se reconoce el derecho de asociación, así como en el art. 28.1 CE que recoge que “la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados”, albergando la posibilidad de la existencia de sindicatos en las FAS. En el caso de que España llegue a revocar la reserva formulada[5], esta situación propiciaría que en una ulterior regulación jurídica los militares españoles podrían ejercer el derecho de sindicación, no obstante, habría que ponderar el complejo encaje jurídico resultante del ejercicio del contenido esencial del propio derecho, dícese, el derecho a la negociación colectiva, el derecho al planteamiento de conflictos colectivos y el derecho de huelga, con la importantísima misión encomendada a las FAS.


 

[1] Nota: La Corte ya había examinado otros casos de libertad sindical en la policía y en la administración pública, sin embargo, sería la primera vez que consideraba la situación específica de las FAS.

[2] ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A. “La autonomía colectiva de los miembros de las Fuerzas Armadas”. XXXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales: “Reforma de las Administraciones Públicas y Empleo Público”. Sevilla, 27 y 28 de noviembre de 2014. pág. 12.

[3] Nota: La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitó al Ministerio de Empleo su inscripción como sindicato (Sindicato Unificado de Guardias Civiles - SUGC),  en octubre del año 2014, fundamentándose en las SSTEDH y obtuvo respuesta negativa por parte de la sala de lo Social del Tribunal Supremo en fecha 22 de junio de 2016. La propia AUGC presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sobre la resolución dictada por el Tribunal Supremo.

[4] BENAVIDES CASALS, M.A. “Reservas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Revista Ius et Praxis. Vol. 13, nº. 1, 2007, págs. 167-204.

[5] España es el único Estado europeo que ha formulado reserva en este sentido.

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