Análisis

  • Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez. Presidente de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la libertad sindical en las Fuerzas Armadas

El derecho a formar sindicatos para garantizar la protección de los intereses profesionales se encuentra recogido en algunos Convenios Internaciones (en materia de derechos humanos) ratificados por España. El ejercicio de la libertad de sindicación normalmente es aceptado para los funcionarios públicos, pero la situación difiere cuando se trata del personal militar, a los cuales, en muchos países, se les niega o se les limita de forma severa el ejercicio de este derecho.

Esta situación produce un importante agravio comparativo entre países que comparten jurisprudencia sobre derechos fundamentales, los cuales llegan a considerar justificadas estas restricciones por la necesidad de proteger la seguridad interna y externa del Estado en cuestión. No obstante, la evolución en materia jurisprudencial, recientemente, ha dado lugar a un reconocimiento más generoso de los derechos sindicales del personal militar. Estos avances, han producido un efecto en la sociedad que percibe a los miembros de las Fuerzas Armadas (en adelante, FAS) como "ciudadanos de uniforme", tanto en Europa como en otros continentes. Esta nueva visión, implica que los militares deben de ser sujetos, de cara a ese estado de opinión generalizado entre gran parte de los ciudadanos, de los mismos derechos fundamentales y libertades públicas que el resto de colectivos, sin menoscabo de algunas limitaciones, pocas pero necesarias.

Desde finales de los años ochenta, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa viene reivindicado constantemente que los miembros de las FAS no pueden aislarse de la sociedad democrática a la cual están destinados a proteger, indicando asimismo que, las FAS no pueden respetar el derecho humanitario y los derechos humanos en sus operaciones si no se garantiza el respeto de los derechos humanos dentro de las filas del propio Ejército.

Como punto de inflexión que sin duda marcará la futura regulación en el ejercicio de la libertad de sindicación en las FAS en el ámbito europeo, nos encontramos con que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) dictó dos sentencias en fecha 2 de octubre de 2014 “caso Matelly contra Francia”  y “caso ADEFDROMIL v. Francia”. Este tribunal indicó que la prohibición de la existencia de sindicatos en las FAS es contraria al art. 11 del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH) en respuesta a las demandas de oficiales franceses. El TEDH acepta que existan restricciones, pero no la prohibición de sindicarse.

El marco jurídico que establece el Código de la Defensa en Francia indica en su art. L.4121-1 lo siguiente: “los militares gozan de todos los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio de algunos de ellos está prohibido o restringido en las condiciones establecidas en el presente Código[1]”.

Acerca de la regulación del ejercicio del derecho de asociación, el art. L. 4121-4 establece que el ejercicio del derecho de huelga es incompatible con la condición militar, así como con la posibilidad de crear asociaciones nacionales profesionales de militares, asociarse a estas y/o ejercer cargos representativos[2]. Por lo tanto, vemos como se prohíbe la existencia de agrupaciones profesionales militares de naturaleza sindical y la adhesión de los militares en servicio activo a las mismas, atendiendo a que son incompatibles con las reglas de la disciplina militar[3].

En virtud del marco jurídico que prohíbe el ejercicio de la libertad de sindicación en el ámbito de las FAS francesas, avalado a su vez por el dictamen del Consejo de Estado francés como exponen las reiteradas resoluciones que justifican esta prohibición en las exigencias derivadas de la disciplina militar, son interpuestas dos demandas ante el TEDH por la vulneración del art. 11 del CEDH. Una de ellas presentada por la Association de Défense des Droits des Militaires (ADEFDROMIL) y la otra por el oficial de la Gendarmería Nacional Francesa J.H. Matelly fundador del Foro de internet “Gendarmes et  Citoyens”.

Antes de entrar a examinar el fondo de la cuestión jurídica dilucidada en las SSTEDH conviene indicar que la Gendarmería Nacional Francesa tiene un régimen análogo al de la Guardia Civil española, así como al del Arma de Carabinieri italiana, no obstante, advertimos una notable diferencia. Mientras la Guardia Civil mantiene una doble dependencia tanto del Ministerio del Interior como del MINISDEF (únicamente en misiones de naturaleza militar y guardias civiles destinados en la estructura de las FAS), los otros dos cuerpos de naturaleza militar, constituyen por así decirlo, el cuarto Ejército del país junto al Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada. Se encuentran por tanto integrados en las FAS, dependiendo exclusivamente del MINISDEF.

Retomando el fallo judicial, advertimos que la Corte ya había examinado otros casos de libertad sindical en la policía y en la administración pública, sin embargo, sería la primera vez que consideraba la situación específica de las FAS. Asimismo, analizamos que el posicionamiento jurídico de las partes demandantes (ADEFDROMIL y Matelly) se articuló en el hecho de que estas asociaciones  no  tienen un carácter sindical y que por tanto no pueden ser objeto de aplicación de las restricciones recogidas en el art. L. 4121- 4 del Code de Défense.

Así las cosas, el TEDH una vez examinadas las denuncias, y en relación a los artículos del CEDH que presuntamente habían sido lesionados por parte del gobierno francés (Matelly arts. 10 y 11 y ADEFDROMIL arts. 6,11,13 y 14), únicamente aceptó la vulneración del art. 11 del Convenio en el sentido que el derecho a la libertad sindical no excluía de su ámbito de aplicación ninguna ocupación u oficio, a pesar de que del tenor literal de dicho artículo se deduce que las "restricciones legales" pueden ser impuestas por los Estados, en especial a los miembros de las FAS. Asimismo, la Corte reiteró que esas restricciones debían interpretarse stricto sensu y limitarse al "ejercicio” de los derechos en cuestión, no pudiendo menoscabar la esencia del derecho de sindicación. A este respecto, el tribunal señaló que el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a estos era uno de los elementos esenciales del propio derecho de libertad de sindicación, como ya se había establecido en la jurisprudencia anterior relativa al sector público, por medio de la STEDH de 12 de noviembre de 2008, Demir y Baykara v. Turquía.

El TEDH exigió que las restricciones tienen que cumplir con tres requisitos (de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del CEDH), no aceptando que las limitaciones lleguen a afectar a los elementos esenciales del derecho objeto de estudio en la sentencia, todo ello con la finalidad de evitar que el derecho de libertad de sindicación quede vacío de contenido. Estos requisitos son los siguientes:

  • Establecer si la restricción está prevista por la ley.
  • Si persigue un objetivo legítimo.
  • Si es necesaria en una sociedad democrática.

En ambos casos, la restricción había sido prescrita por ley, ya que el Código de Defensa francés distinguía específicamente entre la afiliación a asociaciones ordinarias, que estaban autorizadas, y la pertenencia a agrupaciones de naturaleza sindical, extremo que estaba prohibido. Asimismo, el Consejo de Estado francés había dictaminado que una asociación que existiese para defender los intereses económicos y profesionales del personal militar pertenecía a la categoría de agrupaciones de naturaleza sindical.

En relación a esta cuestión, el TEDH afirmó que dicha prohibición perseguía un objetivo legítimo, atendiendo a las exigencias del mantenimiento del “orden” y de la “disciplina” necesarias en las FAS (párrafos 62 caso Matelly y 47 ADEFDROMIL), por lo tanto, examinó si esta restricción era necesaria en una sociedad democrática, llegando a indicar que el Código de Defensa desde muy temprano prohibía a los militares afiliarse a cualquier agrupación sindical. Si bien el tribunal observó que el Estado francés había establecido órganos y procedimientos especiales para tener en cuenta las reivindicaciones del personal militar, consideró que esas instituciones no sustituían en absoluto al ejercicio del derecho de libertad de asociación por parte del personal militar.

Al respecto de las restricciones impuestas al ejercicio de este derecho en una sociedad democrática, la Corte valoró que el carácter especial de la misión de las FAS exigía que la actividad sindical se adaptase a esas circunstancias particulares (proporcionadas y necesarias). Por consiguiente, indicó que a tenor del art. 11 del CEDH, podrían imponerse restricciones al modo de actuación de las asociaciones profesionales, así como la limitación del ejercicio del derecho de libertad de expresión de estas y del personal militar asociado, siempre que tales restricciones no privasen a los miembros de las FAS del derecho de asociación para la defensa de sus intereses profesionales. Sin embargo, en el caso ADEFDROMIL, el tribunal observó que la orden de renuncia que se le exigió a la asociación, se había adoptado únicamente sobre la base de su estatuto y sobre una posible existencia, en una interpretación relativamente amplia de la finalidad de la actividad sindical. Por otra parte, las autoridades no habían tenido en cuenta la actitud de los demandantes ni la voluntad de los mismos de cumplir con sus obligaciones dado que llegaron a modificar los estatutos de la asociación. En lo que respecta al caso Matelly, la Corte constató que el demandante quedaba privado de todo derecho a actuar en defensa de sus intereses profesionales, mientras que las restricciones concretas al ejercicio del derecho de asociación debían justificarse por las misiones específicas de los militares.

Para finalizar nuestro enunciado, debemos citar la conclusión expuesta por el propio tribunal, que es común a ambas sentencias, en donde se expone que la libertad de asociación puede llegar a ser objeto de legítimas restricciones, aunque la prohibición de afiliarse a una asociación profesional en el marco de ejercer acciones que se encuentren encaminadas a la consecución de sus objetivos, constituye una clara violación del art. 11 del CEDH[4].

En cuanto a la consecución de sus objetivos, entendemos la defensa de los intereses profesionales de los asociados, asimismo, de la conclusión del TEDH y a tenor de lo dispuesto en el párrafo 76 del caso Matelly y del 61 del caso ADEFDROMIL, deducimos que la total restricción del ejercicio del derecho de asociación con la finalidad de la defensa de los intereses profesionales de los militares no pueden ser consideradas proporcionadas ni necesarias en una sociedad democrática.

A modo de finalización, colegimos que a pesar de que el TEDH ha dejado abierta la puerta a la futura sindicación en el ámbito de las FAS, divergiendo de la prohibición absoluta de la existencia de estos, en lo que se refiere a España, y a tenor de las reservas formuladas al artículo 11 del CEDH, siendo nuestro país el único que ha efectuado dichas reservas[5], no parece que, en un horizonte próximo y en ulteriores desarrollos legislativos, se prevea una regulación diferente para los miembros de las FAS españolas. No obstante, conviene recordar que hay una corriente de opinión que considera las sentencias del TEDH poco menos que multas económicas administrativas. En el momento en el que un país miembro del sistema europeo es condenado, en primer lugar, existe un efecto declarativo de condena. En segundo lugar, el posterior cumplimiento de la condena con el correspondiente pago de los daños y perjuicios,  pero además, ex art. 10.2 de la Constitución española, lo indicado en esa sentencia supone la interpretación legítima del artículo correspondiente del CEDH vulnerado.

Por lo tanto, todo esto viene a decirnos que en el marco de una estricta aplicación en nuestro ordenamiento jurídico de la interpretación legítima que lleva a cabo el tribunal, esta nueva normativa podría haber sido consolidada en España. En primer lugar, hubiese obligado a nuestro país a revocar las reservas formuladas en virtud del art. 64 del CEDH, debido a que la naturaleza jurídica de las mismas es la de acto unilateral que tiene la base de su carácter revocable[6]. Asimismo, la interpretación favorable del ejercicio de este derecho fundamental tendría cobertura constitucional a tenor de lo dispuesto tanto en el art. 22 CE en el cual se reconoce el derecho de asociación, así como en el art. 28.1 CE que recoge que “la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados”, albergando la posibilidad de la existencia de sindicatos en las FAS. En el caso de que España llegue a revocar la reserva formulada[7], esta situación propiciaría que en una ulterior regulación jurídica, los militares españoles y los guardias civiles podrían ejercer el derecho  de  sindicación, sin menoscabo de las limitaciones al ejercicio del contenido esencial del propio derecho como el derecho a huelga, a la negociación colectiva y a la adopción de medidas de conflicto colectivo.

[1] Vid. Loi ° 2005‑1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la Défense.

[2] Vid. Loi n° 20051550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la Défense L. 4121-4.

[3] El contenido literal del articulo establece lo siguiente: “L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance».

[4] ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A. “La autonomía colectiva de los miembros de las Fuerzas Armadas”. XXXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales: “Reforma de las Administraciones Públicas y Empleo Público”. Sevilla, 27 y 28 de noviembre de 2014. pág. 12.

[5] En este sentido, parece que quizás  es debido al artículo 28.1 de la CE que habilita al legislador a “limitar” o “exceptuar” el ejercicio del derecho de libertad de sindicación a los miembros de las FAS, siendo exceptuado en el artículo 1.3 de la LOLS

[6] BENAVIDES CASALS, M.A. “Reservas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Revista Ius et Praxis. Vol. 13, nº. 1, 2007, págs. 167-204.

[7] España es el único Estado europeo que ha formulado reserva en este sentido.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto