Análisis

  • Cristina Sancho. Directora de Comunicación y RSC. Wolters Kluwer España y Portugal, cofundadora de Women in a Legal World y miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras

Tecnología, techos de cristal e impulso de las carreras profesionales de las mujeres

Como es bien sabido, sólo desde el último cuarto del siglo XX la mujer ha podido desarrollar en España una verdadera carrera profesional en el mundo jurídico. Hasta finales del siglo XIX, seiscientos años después del nacimiento del primer centro de estudios superiores (Estudio General de Palencia, siglo XIII), no se permitió a la mujer acceder a las facultades de Derecho. Más tarde se le reconoció el derecho a colegiarse (la primera en conseguirlo, siendo también la primera licenciada en Derecho de la Historia de España, fue Ascensión Chirivella en 1922) y, muy posteriormente, el de acceder a puestos en la Administración de Justicia a través de las correspondientes oposiciones a los distintos cuerpos de la función pública.

Es llamativo que en 1934 se llegase al extremo de denegar expresamente el derecho de la mujer a acceder a cualquiera de las carreras jurídicas (Judicatura, Registros, Notariado) por Orden del Ministerio de Justicia dictada “de acuerdo con lo informado por la Sala de gobierno del Tribunal Supremo y por el Consejo de Estado” (Gaceta de Madrid, 20/11/1934).

En esta discriminación parece, pues, que todos los poderes públicos estuvieron históricamente de acuerdo y afanosamente empeñados hasta que la Ley 96/1966 suprimió para las mujeres la prohibición de acceso a los cargos de Magistrados, Jueces y Fiscales en la Administración de Justicia impuesta en la Ley 22/7/1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Esta Ley permitía a la mujer el acceso a los puestos de la función pública en idénticas condiciones que el hombre, exceptuando las mencionadas carreras, que le estaban vetadas en aras a garantizar (sic) “una protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles”.

Y con este paternalismo a las espaldas conseguimos plantarnos en un siglo XXI en el que, finalmente, la mujer está superando al hombre, no sólo en número de licenciadas, sino también y de modo notable en la calidad de sus resultados en las pruebas de acceso por oposición a las carreras jurídicas, sin que aparentemente en estos años su sensibilidad se haya visto más afectada en el ejercicio de su deber que la de sus compañeros varones.

Sin embargo, ni la brillantez ni el número creciente de mujeres que eligen desarrollarse profesionalmente en el sector legal se ven reflejados aún en las posiciones de mayor responsabilidad, las mejor remuneradas, las más prestigiosas y representativas, tanto en el ámbito público como en el privado. Así por ejemplo, es fiel reflejo de la situación que vive el mundo jurídico en las altas esferas de poder la imagen de la apertura del Año Judicial 2019-2020 en la que aparece S.M. el Rey flanqueado por los trece miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, todos varones. La foto es similar, aunque algo menos excluyente, si acudimos a la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho o al pleno del Consejo General de la Abogacía, donde encontramos sólo una docena de decanas presidiendo alguno de los 83 Colegios de Abogados de nuestro país.

Tampoco en el ámbito de los grandes despachos, en cuya sociatura los profesionales del Derecho alcanzan los más altos niveles retributivos, el panorama es mucho mejor. A estas alturas, ninguna de las 10 mayores firmas de abogados de nuestro país confía la dirección a una mujer y en general el número de socias está aún muy lejos de ser equiparable al de socios.

Se ha sugerido en algunos foros que la irrupción de la tecnología, las soluciones de movilidad y la digitalización de los recursos y las tareas asociadas a la prestación de servicios jurídicos pueden suponer un avance en la equiparación de las condiciones laborales de hombres y mujeres en nuestro sector, facilitando la conciliación de la vida personal y profesional al permitir desempeñar desde casa o desde cualquier otro lugar la actividad que antes era necesario realizar presencialmente en el despacho, en la sede de los organismos públicos, o en la biblioteca del Colegio de Abogados.

Creo que esta perspectiva es engañosa, pues presupone que teletrabajar, por ejemplo, o flexibilizar los horarios y hacerlos más compatibles con el cuidado de la familia o el desempeño de las tareas domésticas es una ventaja sobrevenida que favorece especialmente a las mujeres, haciendo descansar sobre ellas una vez más la responsabilidad en ese ámbito. En mi opinión el valor que aportan a los profesionales del Derecho en general las herramientas tecnológicas constituye una mejora notable de la productividad y la eficiencia, permitiendo a cualquiera, sea hombre o mujer, administrar su tiempo, atender a sus clientes, preparar sus casos y alcanzar sus objetivos de negocio de una forma radicalmente más ágil y flexible que hace unos pocos años.

Pero no creo en absoluto que esas soluciones tecnológicas sirvan específicamente a la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres, ni mucho menos a romper el techo de cemento con el que se encuentran cuando pretenden acceder a posiciones de alta responsabilidad, en particular en el sector privado, dado que el acceso por oposición a la Función Pública ha resultado en un entorno mucho más justo y equilibrado si hablamos en términos de igualdad.

En mi opinión ese techo y la injustificable brecha salarial que aún pervive en su seno son consecuencia directa de un modelo de ejercicio profesional ajustado a las preferencias, horarios y prioridades de quienes lo desempeñaban históricamente, y no de quienes mayoritariamente lo desempeñan en la actualidad, modelo que, tal como está concebido, no satisface adecuadamente las necesidades de desarrollo y promoción, ni extrae el máximo potencial de las mujeres que han elegido dedicar su formación, experiencia y conocimientos a cualquier profesión jurídica, en particular al noble ejercicio de la abogacía.

La transformación que requiere el sector no es sólo una transformación tecnológica, que también. El cambio más necesario es un cambio intelectual, una transformación cultural que incluya de una vez por todas a la mujer en los ámbitos de toma de decisiones al máximo nivel. Algunas empresas del sector y algunos despachos hace tiempo que son pioneras en la búsqueda de la equiparación de hombres y mujeres, y que han asumido un modelo de liderazgo satisfactorio para todos. Son organizaciones que van un paso por delante de las demás y en las que, curiosamente, la innovación se aplica tanto al modelo de gestión del negocio como a la incorporación de políticas de igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Ese cambio cultural pasa también por hacer más visible la excelencia y el conocimiento de tantas mujeres que, haciendo un trabajo extraordinario, siguen pasando desapercibidas. La mayor parte de los grandes referentes académicos, los más reputados profesionales y las voces más reconocibles del Derecho siguen siendo hombres. Aún es residual la presencia femenina en cátedras, conferencias, mesas redondas o medios especializados. Fuera del entorno estrictamente jurídico, todavía hoy se recomienda a las científicas de todo el mundo firmar sus ensayos sólo con la inicial de su nombre para evitar la supuesta merma en la credibilidad de sus conclusiones si se detecta que la investigación la dirige una mujer. Esa invisibilidad es un factor que incide directa y negativamente en el prestigio profesional de las mujeres, y por tanto en la retribución a la que pueden aspirar.

Confío en que el movimiento imparable de promoción de la mujer a posiciones de alta responsabilidad, que se ha acelerado en los últimos años, alcance muy pronto la velocidad de crucero necesaria para que en un futuro muy cercano podamos dejar de hablar de brecha salarial, techos de cristal o de cualquier otra clase de discriminación de la mujer en el entorno profesional. Será con la contribución de todos, hombres y mujeres, y en beneficio de toda la sociedad.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto