Análisis

  • Alberto J. Tapia Hermida. Catedrático de Derecho Mercantil UCM

Supervisión bancaria y financiera: nuevo ámbito de conocimiento de los tribunales de la Unión.

En los últimos años, los distintos sectores del mercado financiero han venido determinados por la regulación de la UE y la supervisión de dicho mercado ha sido  elevada, en muchos aspectos, a las autoridades europeas que componen el actual Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Todo ello ha tenido como consecuencia, por una parte, que tanto los tribunales nacionales de los Estados miembros como los justiciables europeos concernidos hayan tenido que dirigirse en numerosas ocasiones a los tribunales de la UE, tanto al Tribunal de Justicia para las cuestiones prejudiciales (ex artículo 267 TFUE) como al Tribunal General para los recursos de anulación (ex artículo 263 TFUE) o de responsabilidad extracontractual (ex artículos 268 y 340 TFUE). Por otra parte, el hecho de que el origen de la regulación y supervisión del mercado financiero se haya “europeizado” ha tenido una segunda consecuencia jurisdiccional consistente en que la resolución de los litigios planteados ante los tribunales españoles haya venido directamente condicionada por las respuestas dadas por el Tribunal de Justicia a las diversas cuestiones prejudiciales planteadas, principalmente por nuestro Tribunal Supremo. A continuación, nos referimos a los tres sectores típicos del mercado financiero, éstos son, el mercado bancario, de valores y de seguros, citando algún caso paradigmático, sobre los que el lector podrá encontrar cumplida información en mi blog (http://ajtapia.com/).

En primer lugar, cabe destacar que la regulación española de la solvencia y demás requisitos prudenciales de las entidades de crédito ha incorporado o traspuesto los mandatos armonizadores de los Reglamentos y Directivas de la Unión. Lo que se ha traducido en la integración de la supervisión de nuestro mercado bancario por parte del Banco de España en el Banco Central Europeo y en la Autoridad Bancaria Europea. En consecuencia, los conflictos jurídicos que se han planteado en el mercado bancario se han llevado ante el TJUE o han venido condicionados por su resolución de cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles.

Los ejemplos son innumerables y, en este artículo, únicamente podemos citar algunos casos paradigmáticos que han afectado a la contratación y a la estructura institucional del mercado bancario. Así, en materia de crédito al consumo, el TJUE ha establecido que la omisión de información esencial por parte del prestamista de un crédito de tal género podrá sancionarse con la privación de su derecho a los intereses y gastos; en cuanto a un aumento del capital de un banco en crisis en contra del acuerdo de su junta general, se pronuncia la sentencia del TJUE de 8 de noviembre de 2016; en materia de cláusulas suelo, el TJUE declaró la retroactividad de las declaraciones judiciales de nulidad, por abusivas, de dichas cláusulas al momento de la contratación de los préstamos; en materia de cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses en los préstamos y créditos bancarios con consumidores, se pronunció la sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017; en materia de cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses moratorios en los préstamos y créditos bancarios con consumidores, el Tribunal Supremo español planteó al TJUE diversas cuestiones prejudiciales sobre los efectos de la declaración de abusividad de aquellas cláusulas; etcétera.

Además, no hay duda de que el caso paradigmático de actuación de los tribunales de la UE por lo que se refiere al mercado bancario español es el constituido por la resolución de la crisis del Banco Popular mediante su venta al Banco Santander, en el que España ha tenido el muy dudoso honor de ser el primer Estado miembro de la UE en el que se ha aplicado el Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo de las entidades financieras instaurado por el Reglamento (UE) nº 806/2014. Y el rol de la jurisdicción europea es mayor de lo que de ordinario se conoce, porque ha alcanzado no sólo al presunto error de la JUR en su decisión de resolución, sino también al acceso a los documentos que justificaron aquella decisión, como fue el “informe Deloitte”.

Por lo que se refiere al mercado de valores, se constata que la obligación de trasponer los mandatos armonizadores de la Directiva MIFID II e incorporar los del Reglamento MIFIR han obligado a modificar nuestra Ley del Mercado de Valores con carácter extraordinario y urgente utilizando el instrumento del Real Decreto-Ley (en concreto, el Real Decreto-ley 21/2017, el Real Decreto-ley 14/2018 y el Real Decreto-ley 19/2018), ante los riesgos de sanciones inminentes de la UE por demoras en su adaptación. En consecuencia, nuestra CNMV ha integrado su supervisión en el marco de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, cuyas directrices y recomendaciones ha adoptado formalmente. Y el proceso culmina con el acceso de los conflictos a la jurisdicción europea.

Por último, contemplamos cómo la concatenación entre regulación, supervisión y jurisdicción europeas se ha producido también en el mercado de seguros y fondos de pensiones. Empezando por el proceso intenso de adaptación de nuestra normativa en la materia a la Directiva Solvencia II que determina los requisitos exigibles a las entidades aseguradoras en materia de condiciones de acceso y de ejercicio de dicha actividad y a la Directiva de Distribución de Seguros, que condiciona el proceder de agentes y corredores de seguros. El siguiente paso de integración europea de la supervisión de este mercado se aprecia de inmediato cuando vemos que, en los últimos años, nuestra Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha incorporado formalmente las Directrices emitidas por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Y el proceso termina con la resolución de conflictos en este ámbito por el TJUE.

Entre los muchos ejemplos de sentencias recientes del TJUE en este ámbito que tienen directa influencia en nuestro Derecho podemos destacar, en el seguro de responsabilidad civil del automóvil, la interpretación amplia de la obligación de suscribir dicho seguro para vehículos estacionados permanentemente, pero aptos para circular que hace la sentencia del TJUE de 4 de septiembre de 2018 o la inclusión en la “circulación de vehículos”, a los efectos del seguro de responsabilidad civil del automóvil, de los daños causados a otro vehículo al abrir la puerta en un aparcamiento que hace la sentencia del TJUE de 15 de noviembre de 2018. También resulta paradigmática, en materia de distribución de seguros de vida e inversión (seguros “unit link”), la sentencia del TJUE de 31 de mayo de 2018, que impone una revisión de la jurisprudencia plenaria del Tribunal Supremo español en la materia.

A la luz de cuanto precede, no cabe duda de que se ha establecido un nuevo ámbito material de conocimiento de los tribunales de la Unión, que pasan a tener un papel ciertamente imprescindible en el buen funcionamiento del sistema diseñado a nivel europeo para la supervisión bancaria y financiera.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto