Análisis

  • Victoria Ortega Benito. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

Sumando conseguiremos una justicia para todos

La crisis del coronavirus, que todavía observamos con más temor que capacidad de análisis, prácticamente paralizó el mundo de la Justicia. Congeló la inmensa mayoría de los juzgados y procesos y nos está mostrando con enorme crudeza el largo camino que nuestro sistema judicial tiene por delante para completar su verdadera digitalización y demostrar que está al servicio de la ciudadanía.

Entre todos tendremos que hacer un esfuerzo de solidaridad tras superar los efectos más devastadores provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19, que ahora se trasladan a la Administración de Justicia, para que quienes están en peores circunstancias puedan continuar defendiendo sus derechos gracias al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Son tiempos de responsabilidad, de lealtad y de estar a la altura, como los abogados y abogadas están demostrando para seguir siendo clave de bóveda en nuestro sistema de defensa de derechos y libertades.

En ese panorama de escasez de medios tecnológicos y desde las primeras medidas de prevención del contagio, en el ámbito de la Justicia estuvieron los abogados del Turno de Oficio asumiendo su obligación a pesar de los riesgos.

Nuestro compromiso es consolidar y seguir impulsando la calidad de nuestro sistema de Justicia Gratuita prestado por 45.868 abogados y abogadas. Por eso seguiremos reclamando baremos más próximos al coste real de los servicios, así como la inmediatez en el pago. Confío en que no tengamos que esperar otros 15 años, como la última vez, para la actualización de unos baremos que es de absoluta justicia que se incrementen.

Si garantizar la eficiencia y calidad del Turno de Oficio era una medida de puro sentido común antes de conocer el virus, reclamar su decidido impulso es ahora un deber moral de las diferentes Administraciones Públicas y del conjunto de la sociedad.

Es esencial dotar al sistema de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituya a la actual, exhausta tras más de 20 años de buenos servicios, pero también muy remendada por reformas y superada por el propio tiempo y la realidad que debe atender.

Tras la conclusión formal de la crisis sanitaria, los abogados y abogadas estamos obligados no sólo a trabajar más y mejor, sino también a afrontar un panorama más sombrío ante el previsible incremento de litigios sin un sustancial crecimiento de los medios humanos y materiales en la Administración de Justicia. Todo ello ha hecho que los retos que todos tenemos por delante sean enormes en los juzgados y tribunales.

La Ley del Derecho de Defensa, cuya comisión redactora ha comenzado a trabajar ya, y la Ley de Justicia Gratuita, cuya modificación llevamos tiempo demandando, son dos de los pilares legales sobre los que deben asentarse los derechos de quienes acudirán en los próximos años a los juzgados y tribunales españoles.

Ignoro si este contexto de “estabilidad inestable” se va a cronificar tras la pandemia sanitaria, pero está claro que como país estamos obligados a hacer un esfuerzo para intentar corregir y mejorar todo lo que es corregible y mejorable. Y en la Justicia y en nuestra profesión hay algunas cuestiones que lo son y están esperando soluciones.

Necesitamos consenso para abordar las carencias en el ámbito de la Justicia con el objetivo de alcanzar el necesario Pacto de Estado que haga posible la reforma pendiente que nuestra Justicia lleva 40 años esperando y porque no puede vivir aislada de una realidad socioeconómica amenazada por una pandemia sanitaria que ha provocado una profunda crisis social y económica.

Lo que de verdad necesita nuestra Administración de Justicia es una reforma integral, estructural y consensuada con todo el sector judicial y jurídico, que hable de tecnologías y agilidad, también de reformas procesales, de garantías, de seguridad jurídica, de independencia, de organización y de planta judicial, de protección de derechos, de colectivos jurídicos, etc.

Nuestra profesión necesita mejores herramientas, más actualizadas, prácticas y justas para poder seguir sosteniendo uno de los pilares del Estado de Derecho: asegurar con nuestra intervención los derechos y libertades de las personas.

Por eso necesitamos la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y estamos avanzando en alcanzar esta reivindicación histórica de la Abogacía con la elaboración del anteproyecto de la norma que abordará el ejercicio de ese derecho fundamental desde la perspectiva profesional, procesal y asistencial.

Reclamamos un respeto para nuestra profesión, para que nunca se ponga en riesgo, bajo ningún pretexto ni excusa, uno de los derechos básicos de su ejercicio, como es el secreto profesional. El delito no se combate criminalizando profesiones y profesionales, ni cuestionando derechos que son inviolables, ni debilitando el derecho a la defensa que asiste a cualquier persona, sino al contrario, respetándolo y protegiéndolo.

Pero también es necesaria y urgente la aprobación del nuevo Estatuto General del Abogacía, porque necesitamos contar con el mejor marco regulatorio posible, y también trabajamos por la reforma del actual sistema de acceso a la Abogacía, articulando un modelo de prueba eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la profesión. Nuestro objetivo es ofrecer a la sociedad la mayor garantía de defensa a través de los profesionales más cualificados, más formados y mejor preparados en la prestación de servicios jurídicos.

Demandamos más facilidades para la conciliación y la desconexión digital en nuestro trabajo, garantizadas por leyes y no por la discrecionalidad de un funcionario judicial o, en última instancia, la sentencia de un tribunal. Es incomprensible que los abogados y abogadas sigamos encontrando tantos impedimentos para la suspensión de vistas y procedimientos por causas absolutamente razonables y acreditadas, como un parto, una enfermedad, la hospitalización o fallecimiento de un familiar...

Si existe un desafío de total actualidad que nos aboca a un innegociable cambio cultural ese es, sin duda, el tecnológico. La Abogacía está empeñada en acelerar ese cambio y debemos ser una Abogacía tecnológica e innovadora que sabe aprovechar las ventajas que nos ofrecen las nuevas herramientas para ofrecer mejores servicios.

Debemos apostar –para evitar el colapso judicial producido por la COVID-19 en juzgados y tribunales– por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La mediación y el arbitraje se están demostrando como fórmulas muy válidas, además de rápidas y menos costosas, para dirimir muchas de las disputas que se asoman al oscuro horizonte judicial.

Tampoco me puedo olvidar en unos tiempos de cierre de fronteras para evitar la propagación de la COVID- 19 de nuestro compromiso con la cultura europeísta, el proyecto colectivo más fructífero e ilusionante de nuestra historia contemporánea. Hoy, cuando el proyecto europeo tampoco es ajeno a las crisis, es cuando se hace más necesario reafirmar el compromiso con lo que la Europa común representa.

Los abogados y abogadas somos especialistas en proponer soluciones porque somos especialistas en escuchar. La actual crisis de desconfianza, de desasosiego, de alejamiento de la política provocado por los enfrentamientos partidistas solo se supera dando de nuevo voz a la sociedad civil, a sus profesionales y a sus instituciones legítimas que mejor conocen los problemas.

La unidad en nuestra pluralidad sostiene la fuerza del conjunto de la Abogacía y de todos los profesionales a quienes defendemos y representamos. Juntos, como una sola voz, con la potencia y la energía de compromisos que compartimos, hemos demostrado llegar antes y mejor a los desafíos planteados y a estar siempre a la altura de lo que nuestros compañeros y compañeras esperan de nosotros.

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