Análisis

Revisión de las grandes asignaturas pendientes en materia de discapacidad

ICAM

De izquierda a derecha: Rafael de Lorenzo, Luis Cayo Pérez y José María Alonso. Foto: ACN

  • Modera: José María Alonso, Decano ICAM.
  • Intervienen: Rafael de Lorenzo, presidente Sección Discapacidad ICAM. Secretario General de la ONCE; Luis Cayo Pérez, presidente CERMI.

Los ponentes defienden la importancia del derecho de la discapacidad como una disciplina autónoma del ordenamiento jurídico necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades de casi un 10% de la población española, e invitan a los profesionales de la abogacía a especializarse tanto en su dimensión normativa como en la humana, a fin de comprender las necesidades y carencias del cliente y así defender mejor sus intereses.

Radiografía de la discapacidad en España

En representación de una organización que agrupa a cerca de 8.000 entidades, el presidente del CERMI arrancaba la sesión ofreciendo una radiografía actualizada de la discapacidad en España. Según las últimas estadísticas oficiales, hay en nuestro país 4.300.000 personas con discapacidad que viven en hogares, el 9,5% de la población. Incluyendo a las 300.000 o 400.000 personas con discapacidad que están institucionalizadas, la cifra subiría hasta el 10% de los habitantes. Estas cifras, apuntaba Cayo Pérez, no se entienden sin tener en cuenta factores como el género, la demografía, la geografía y la soledad. Porque el 60% de las personas con discapacidad son mujeres y niñas, por tanto, la discapacidad “tiene rostro de mujer”, y también el 60% son mayores de 65 años. Además, un millón de personas con discapacidad residen en el medio rural, “con su casuística y su castigo añadido”, y otro millón viven solas en sus casas.

Más allá de los datos, los estudios indican que, en términos de empleo, salarios, capacidad de renta, estudios y cualquier otro elemento que mida las condiciones de vida, “las personas con discapacidad estamos globalmente un tercio peor que los demás”. Porque la discapacidad, aclaraba este experto, es el resultado de dos interacciones: una personal, “la que traemos cada una de las personas que tenemos una discapacidad”, y la interacción con un entorno social donde se produce un conflicto que resulta en una restricción de oportunidades de participación muy severa. En ese sentido, “la discapacidad castiga sin culpa a la persona que la tiene”.

Del Derecho al hecho

Por todo ello, el movimiento busca ser “el motor de las políticas y de las legislaciones que reparen ese estado de desigualdad estructural y sistemática”. De ahí la necesidad de acudir al Derecho, cuya relación con las personas con discapacidad ha sido históricamente problemática: “el derecho ha visto a las personas con discapacidad como seres demediados, inferiores, que como mucho necesitan atención”. Sin embargo, “otro derecho es posible y plausible, un derecho empoderador que sea una herramienta de emancipación”. Y es en esa labor donde se ha destacado el CERMI como grupo de presión de la discapacidad, con logros como la reforma civil de la capacidad jurídica, la desaparición de la esterilización forzosa del código penal o el derecho de voto para todas las personas con discapacidad. En la actualidad, el foco está puesto en la reforma del art. 49 de la Constitución con el objetivo de desterrar de la Carta Magna el término “disminuidos”, percibido como profundamente ofensivo, impulsando un texto renovado que salga del asistencialismo tradicional “para incardinarlo en una visión exigente de Derechos Humanos”.

En ese camino, no obstante, han descubierto la brecha que separa la publicación de una norma en un diario oficial de su verdadero cumplimiento, la diferencia del derecho al hecho. “Pido creatividad a las mentes jurídicas de la abogacía para que acerquemos lo que dice la ley a lo que la gente siente que dice la ley”.

Elementos esenciales

“Desde cualquier perspectiva, moral, ética o simplemente de respeto a los derechos humanos, la sociedad no se puede permitir el tener al margen a una cifra tan elevada de personas que están en situación de necesidad. Incluso desde una perspectiva economicista, un país no se puede permitir tener tanta fuerza y talento aparcado que no contribuya activamente a su desarrollo”.

Con estas palabras arrancaba su intervención Rafael de Lorenzo, definido por su compañero de mesa como “el padre del derecho de la discapacidad”. Una materia definida por el secretario general de la ONCE como “una rama del ordenamiento jurídico que engloba al conjunto de principios y normas reguladoras de la discapacidad, así como de los órganos y procedimientos para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad”.

Porque el derecho de la discapacidad cumple con todos los requerimientos que se le han exigido a otras ramas jurídicas que se han ido desgajando desde la primera gran división del derecho público y privado en el derecho romano. Entre otros elementos esenciales expuestos por de Lorenzo, figura en primer lugar la historia, la existencia de los suficientes antecedentes para constatar que no se trata de un fenómeno pasajero. Otro punto a tener en cuenta es la autonomía, que se cumpla el requisito de singularidad. También la extensión normativa, que en el caso de la discapacidad abarca más de 180 disposiciones en los últimos 15 años en el ámbito estatal.

Otros factores relevantes son el principio pro discapacidad —de manera que “si existen distintas normas o criterios aplicables, hay que buscar siempre el que más favorezca y mejor proteja la posición de la persona con discapacidad”— o una jurisprudencia crecientemente importante de todos los tribunales a todos los niveles, “pero especialmente del TC y el TS, así como del TJUE”.

Además, está todo el entramado administrativo estatal, autonómico y municipal que soporta esta realidad; un sustrato social colectivo liderado por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad; y la academia, que contribuye desde la universidad y los centros de investigación para difundir el conocimiento sobre esta materia.

El papel de la abogacía

Para finalizar, de Lorenzo invitaba a todos los operadores jurídicos a actualizar su formación y sensibilidad, destacando en el caso de la abogacía la importancia de su contribución a la causa no solo adquiriendo conocimientos exhaustivos de esta normativa para defender mejor a las personas con discapacidad, sino también el conocer “la idiosincrasia de cada discapacidad”, a fin de “comprender mejor al cliente, comunicarse mejor, percibir mejor sus necesidades y carencias”. De esta manera, la abogacía española “será una abanderada en la defensa real y efectiva de los derechos de 4,3 millones de españoles con discapacidad”.

En el Colegio de la Abogacía de Madrid, explicaba el decano, el compromiso con las personas con discapacidad se ha venido materializando en los últimos años a través de distintas iniciativas. Por una parte, con la puesta en marcha de una Sección de Derecho de la Discapacidad, liderada por Rafael de Lorenzo y que en este momento tiene más 1.000 abogados y abogadas inscritos. Un proyecto que desde el ICAM se pretende exportar a otros Colegios para que creen Secciones homólogas y se trabaje de manera conjunta en favor de los compañeros con discapacidad.

Además, “hemos creado una bolsa de trabajo para impulsar la empleabilidad de abogados y abogadas con discapacidad”, y el Colegio está en conversaciones con despachos y firmas jurídicas radicadas en la capital para que eliminen las barreras físicas que impiden a estos profesionales prestar su trabajo en igualdad de condiciones que los demás. “Les pedimos que se comprometan de una manera estable a eliminar esas barreras”.