Análisis

  • Sonia Calaza López. Catedrática de Derecho procesal (UNED)

Retos de una justicia adaptada a la fragilidad derivada de la pandemia 

La pandemia ha evidenciado, de forma trágica, la gran fragilidad humana en todos los órdenes. Vivíamos con cierto sosiego, con relativa calma, con aparente salud, con razonable bienestar, con suficientes medios; incluso, con bastante armonía —dentro del perfil español, altamente litigioso, respecto del promedio europeo—; y de pronto, los cimientos de la salud física y psíquica, las bases de la economía familiar mínimamente desahogada, las estructuras laborales, los mismos lazos contractuales de un significativo número de personas se tambalearon hasta hacernos perder el equilibrio, la perspectiva, la confianza y, al término, la paz.

La pandemia supuso un auténtico punto de inflexión en la vida de muchas personas: la “vulnerabilidad de antes de la pandemia” estaba, principalmente, focalizada en dos ejes muy delimitados: la minoría de edad y la discapacidad; la fragilidad actual es, sin embargo, poliédrica: en sus vértices —y con más virulencia que nunca– se mantienen aquellos actores clásicos, de un lado, los menores de edad; y de otro, las personas con discapacidad. Pero a esta vulnerabilidad basal, se adiciona, ahora, otra social, sanitaria, laboral, económica, contractual y, desgraciadamente, “toda la que está por llegar”, desconocida a día de hoy y que, por tanto, todavía no podemos catalogar.

Ante esta evidencia, uno de los hitos de la Justicia en tiempo de pandemia debiera ser el inmediato establecimiento de Tribunales de campaña con auténticas UVIs procesales, donde los protagonistas principales de los conflictos afectados por elementos de la máxima precariedad, entrasen, debidamente revestidos de EPIs institucionales, por una puerta, con su herida abierta; y saliesen por la otra, con ella cicatrizada, sin la menor probabilidad de contagio conflictual, por haber quedado cerrado, bloqueado, clausurado y, por si acaso, monitorizado el litigio creado o agudizado por este virulento apocalipsis.

Las prioridades legislativas, sin embargo, son otras: a una primera apuesta por la eficiencia se acompañará, según parece, otra de reestructuración orgánica, para culminar este trípode de reformas procesales con la digitalización de la Justicia. Y todo ello a coste cero. El Legislador procesal busca —como aguja en un pajar– las mil y una fórmulas de lograr la “eficiencia de la Justicia” con los mismos mimbres económicos de siempre. Conseguirá, a buen seguro, de perfilarse adecuadamente los instrumentos procesales pendientes de aprobación, algunos de extraordinaria valía, grandes resultados en los conflictos de Derecho privado, pero ninguno, me atrevo a preludiar, en materia de vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad va por otro cauce: tratar de dar respuesta a los conflictos afectantes a las personas desfavorecidas con técnicas de eficiencia, de digitalización o de descentralización judicial, tales como la minoración de fases procedimentales, la intensificación de las TICs o la implementación obligatoria de los MASC; ya no digamos de universalización de la Justicia, como la unificación de cauces procedimentales para los conflictos masivos, parece un relato próximo a la ciencia-ficción.

Ya no se puede rentabilizar más la Justicia de los colectivos vulnerables: primero, porque la vulnerabilidad es transversal y, en consecuencia, no admite cauces universales; segundo, porque la vulnerabilidad precisa siempre una atención temprana: si el respirador de la Justicia no llega a tiempo, la asfixia está asegurada; y al fin, tercero, porque las nuevas fórmulas mágicas de descentralización de la Justicia —y derivación de la solución de la controversia a otros profesionales—; de agilización —y reducción o, incluso, omisión de trámites, por ejemplo, en el juicio verbal—; o, incluso, de digitalización —e imposición de una vía telemática a personas sin la menor alfabetización tecnológica— resultan, en muchos casos, impensables.

Si a estas nuevas aristas —multiplicidad, heterogeneidad, emergencia, crudeza— de la vulnerabilidad recién asomada, en nuestro mapa conflictual postpandémico, añadimos los males endémicos de siempre —la ausencia de medios, la inmisericorde soledad (falta de asistencia personal: de atención familiar y social; a veces, incluso sanitaria, de estas personas), la superposición de trámites con un verdadero ensañamiento procesal, la escasez de recursos, la carencia de tiempo, la insuficiencia de talento (por la escasa formación en las técnicas, habilidades y destrezas necesarias para afrontar este tipo de peculiares conflictos), la escasa visibilización (incluso, el ocultamiento social); y el generalizado desprecio, en no pocos casos, por la única verdad de los hechos—, entonces muchos episodios de esta sobrecogedora litigiosidad pasan del delirio a la agonía sin solución de continuidad.

En un ensayo tan breve como este, en el que he de lanzar, a modo de flash, auténticas píldoras jurídicas con las más relevantes propuestas de mejora, me parece oportuno establecer, telegráficamente, en formato de atributos, cuál es la Justicia de las personas vulnerables, a la que aspiramos, con toda prudencia, modestia y austeridad, en el primer momento de retorno a una normalidad todavía indisociable de la pandemia, para afrontar después —cuando en el espejo retrovisor se vean, por alejados, ya muy minorados sus efectos— otra reforma de mayor calado, al compás, entonces, de la reactivación económica, del desarrollo social, de la recuperación laboral y de la reparación sanitaria, que también llegarán.

Y en esta hoja de ruta de una Justicia adaptada a la vulnerabilidad de siempre, tristemente incrementada por la fragilidad derivada de la pandemia, me parecen esenciales los diez retos siguientes:

1º. JUSTICIA DESAHOGADA: Si en tiempos de bonanza, como así acontece, se invierte en el Derecho sustantivo; es de justica, en su justa reciprocidad, que en tiempos de penuria, donde los conflictos se multiplican, deba invertirse en Derecho procesal, siquiera sea porque la litigiosidad es tanto —o más— cíclica que la economía y las postrimerías de esta pandemia ya lo están evidenciando. Sirva de ejemplo el siguiente: la calidad de los medios electrónicos de los que disponen nuestros Juzgadores, en un tiempo de imprescindible digitalización de las vistas y los juicios, puede estar íntimamente relacionada con el mayor o menor grado de acierto de su decisión. Siquiera sea por una mínima sensibilidad —¡y responsabilidad!— democrática, inconciliable con la aceptación de una Justicia pandémica, consumida, raquítica y demacrada, debieran financiarse, cuando menos, equipos técnicos y humanos de la máxima calidad y nivel, respectivamente, para la totalidad de Juzgados y Tribunales españoles, donde, además, deben ponerse dichos medios a disposición de las personas con vulnerabilidad informática.

 2º. JUSTICIA ORDENADA: La litigiosidad afectante a la dignidad, integridad y subsistencia de la persona —relacionada con su salud física y mental, así como con su mínimo vital— no puede esperar. Y por tanto, una segunda medida de gestión de estos conflictos pasa por una imprescindible ordenación y priorización de los más urgentes —así, por ejemplo, los internamientos involuntarios, la adopción de medidas de supervivencia pacífica para menores o la misma provisión de apoyos a personas con discapacidad— frente a los menos perentorios, en este estado de sobresaturación y colapso, donde, como suele decirse, “no puede dejarse a nadie atrás” y menos aún a las personas más frágiles, débiles o necesitadas de la sociedad.

3º. JUSTICIA ACCESIBLE: Tres son, como se sabe, los momentos cruciales de acceso a la Justicia: el primero, y acaso más relevante, el iniciático, en el que la persona vulnerable ha de decantarse, ante su concreto conflicto, por acudir o no al proceso: para alcanzar esta relevante decisión tan sólo contará con su propio empeño y/o, en el mejor de los casos, con el apoyo, acompañamiento y aliento de familiares y amigos; pero no, generalmente —y salvo supuestos muy dramáticos—, con un impulso institucional público: una vez dispuesta, la persona vulnerable, a acudir al moderno “sistema judicial multipuertas”, debiera ofrecérsele, ya desde la institución pública, la posibilidad de optar, siempre que su equilibrio intelectual se lo permita, entre un MASC —el más adaptado posible de entre los varios que integrarán, a partir de ahora, el ingenioso modelo de Justicia sostenible como “servicio público”— o un proceso judicial; el segundo momento ha de identificarse con el transcurso procedimental del MASC o del proceso judicial, sea, en este último caso, por el cauce de la Jurisdicción voluntaria —a la que debiera conferirse, por cierto, un mayor valor, tanto respecto del engrosamiento de su ámbito objetivo, como del indispensable reconocimiento de fuerza de cosa juzgada material—, sea por el de la contenciosa (no parece, sin embargo, que deba imponerse un MASC a las personas vulnerables para acceder a cualquiera de estas modalidades procedimentales): y aquí ya debieran potenciarse fórmulas de acompañamiento institucional; el tercer momento esencial es la culminación del proceso, que en el caso de personas vulnerables, cuando la solución provenga del MASC, debiera ser siempre revisada y homologada por una instancia judicial.

4º. JUSTICIA COMPRENSIBLE: La Justicia de la vulnerabilidad ha de ser amigable, confiable, positiva, esperanzadora y, sobre todo, comprensible, en todas sus fases; muy especialmente, en la final. Si las sentencias han de ser claras, precisas, motivadas y razonadas con carácter general, tanto más las dirigidas a las personas vulnerables. Resulta esencial que estas personas comprendan, perfectamente, las razones que han llevado al Juez a adoptar, de entre todas las alternativas posibles, esa opción como la óptima para regir su vida a partir de un determinado momento.

5º. JUSTICIA VIGILANTE: Las personas con extrema vulnerabilidad no acuden al Juzgado, en algunos casos, con un asesoramiento previo, un acompañamiento y refuerzo profesional, ni una estrategia procesal perfectamente definida: el evidente desequilibrio que se puede producir entre las partes nos impulsa a recalcar que el Juez, en tales supuestos, deba ser muy proactivo a la hora de generar inercias de auténtico “rastreo conflictual”, para verificar el logro de la que pudiéramos denominar “pacificación de rebaño” en la relación futura del “mundo entero” con la persona vulnerable y viceversa, esto es, el saneamiento total —y sin brechas, ni fisuras— de las relaciones personales o sociales perniciosas para la persona precisada de una protección especialmente reforzada.

6º. JUSTICIA PREDICTIVA: La Justicia de la vulnerabilidad ha de ser una Justicia que resuelva, en tiempo real, el conflicto vigente, pero también que se anticipe, con adecuada perspectiva clínica, a los conflictos que se puedan plantear en el futuro, y otorgue una respuesta anticipada, previsora y comprensiva a toda esa proyección de posibles desavenencias futuras. Resulta esencial minimizar la expectativa de permanente “judicialización” de las controversias afectantes a las personas más frágiles de nuestra sociedad.

7º. JUSTICIA TERAPÉUTICA: La Justicia de la vulnerabilidad ha de asentarse, como es lógico, en el principio de legalidad, pero su interpretación debiera permitir —e incluso favorecer— ciertas proyecciones de una oportunidad reglada, basada en soluciones innovadoras, dinámicas, creativas, flexibles y realistas. La Justicia de la vulnerabilidad es una Justicia clínica: está basada, esencialmente, en el diagnóstico y su éxito dependerá de un tratamiento duradero en el tiempo. De ahí que la respuesta deba ofrecerse en diferido, con permeabilidad, flexibilidad y posibilidad de cambio, cuando la medicación inicialmente ofrecida produzca resistencia y deje de surtir el efecto requerido.

8º. JUSTICIA EMPÁTICA: La vulnerabilidad, a diferencia de las deudas —que, acaso, pudieron preverse y combatirse—, nos sobreviene, de pronto, frente a todo pronóstico, y desde luego, contra toda voluntad. La vulnerabilidad no surge, generalmente, de una mala gestión de las relaciones personales o del propio patrimonio, sino —muy al contrario— de un duro golpe del destino; de ahí que en este terreno no deban tener cabida posiciones enconadas, manifestaciones beligerantes, ni actuaciones que contribuyan a agravar la situación de vulnerabilidad y puedan, además, erigirse en el germen de un mayor enfrentamiento, que pueda incluso culminar en brotes de auténtica violencia.

9º. JUSTICIA ASERTIVA: El menor atisbo del principio de un posible acuerdo ha de ensayarse, por los profesionales comprometidos en la resolución del conflicto afectante al vulnerable, con gran diligencia, porque, en ocasiones, de una primera aproximación de baja intensidad, de un mero, aparente y superficial atisbo de conexión, incluso fruto de una mera casualidad puede surgir el comienzo de un duradero sello de unión. Y este acercamiento al acuerdo habrá de experimentarse, de potenciarse y de procurarse, con el máximo ahínco, pero nunca de forzarse, porque el “forzamiento” en la vulnerabilidad puede traer, por toda consecuencia, efectos opuestos a los que precisamente tratan de lograrse: la aceptación, por resignación, temor a un mal mayor o pura fragilidad, de una solución distinta a la mejor posible.

10º. JUSTICIA MONITORIZADA: La sentencia que culmina los procesos encauzados para dirimir los bienes, derechos o intereses de personas vulnerables no suele poner un broche final a la controversia: si la causa o motivo de vulnerabilidad subsiste, por muy predictiva que haya sido la sentencia, muy probablemente irán surgiendo, al compás de la imparable fugacidad de los tiempos, nuevos acontecimientos, generadores de enconamiento, precisados de nueva intervención y modulación. La sentencia repara el conflicto, pero no la persistencia de la vulnerabilidad, que habrá de ser monitorizada, en el mejor de los casos, hasta su completa remisión y, en el peor, durante toda la vida de la persona. De ahí la conveniencia de establecer procesos duraderos que no impongan, a ciertos litigantes persistentes, “volver a empezar” cada vez que se suscitan, en goteo, los constantes conflictos que les sobrevienen, sino una reactivación judicial automática en una tramitación siempre abierta para quién, por desgracia, nunca puede sellar, de una vez por todas, el núcleo duro de una perniciosa desavenencia constante.