Análisis

  • Javier Jiménez-Ugarte. Consejero (Mediación y Arbitraje) “López Rodó & Cruz Ferrer”

Recursos extraordinarios en el mundo de los visados

Como explicaba recientemente en “Los Cónsules de España y la externalización de los visados”, artículo publicado en el diario digital “The Diplomat in Spain”, (26-12-19), esta necesidad puede generar daños colaterales y un cierto deterioro de la calidad del mencionado servicio público. Recomendaba que, en los casos dudosos, se recurriese desde el Consulado a las siempre útiles entrevistas personales, con testigos, intérpretes y la correspondiente Acta, para poder ultimar mejor el proceso en vía administrativa.

Recordaba al efecto mi larga experiencia de cinco años, como Cónsul en Nador, Tetuán y Larache, - previa a la externalización de la gestión inicial de los visados hacia compañías privadas, normalmente de la India -, recogida en mi pequeño manual “Práctica Consular e Inmigración”, (Ed. Tirant lo Blanch, 2008), donde dejo constancia de lo hecho.

Hoy me acojo a esta otra prestigiosa publicación, “Otrosí” versión digital, del “Ilustre Colegio de Abogados de Madrid”, para pronunciarme sobre otra cuestión de gran interés, reflejada en el título.

Tratándose de recursos extraordinarios, que dependen finalmente de los poderes públicos, resulta lógico garantizar su mejor funcionamiento, especialmente en estos momentos en que continua la presión inmigratoria sobre España. De cara a ello, no cabe olvidar que la decisión final de la concesión o denegación de un visado dependerá siempre del propio Cónsul.

Desde dicho punto de vista, resulta evidente que no cabe renunciar a ninguno de los recursos en vía administrativa previstos en el ordenamiento. Todos los abogados que ejercen en España, saben que, agotado el paso de la Reposición, cabe recurrir ante la decisión firme, con carácter previo a la vía contenciosa-administrativa, al recurso extraordinario de revisión, previsto en el art. 109 de la actual LPMC, 39/2015.

Sin grandes alteraciones, y con firme continuidad, este tipo de recurso estaba ya escrupulosamente regulado durante mis años de servicio consular en Marruecos. Me tocó estudiarlo y aprenderlo cuando, como explico en mi citado libro, tuve que hacer frente a un primer caso, planteado desde Madrid por una abogada de extranjería, que, tras acogerse a esta vía prevista en la Ley de Procedimiento entonces en vigor, LP 30/1992, había demostrado que se daba el requisito exigido en su art.118.1.2ª, es decir “la aparición de documentos de valor esencial para la resolución del caso”.

También tuve que ocuparme de otros supuestos referentes a lo previsto en el art.105.1 de la mencionada Ley 30/92 sobre el recurso de revisión de oficio, que permitiría una similar modificación de la decisión tomada. Me parece muy elogiable esta vía autónoma de la propia Administración para la subsanación de eventuales errores, y así proteger mejor los derechos del administrado.

Estos supuestos excepcionales son objeto de especial atención en la Ley Orgánica del Consejo de Estado cuando afirma que “la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los Recursos administrativos de revisión (Art.22. Nueve).

Sin duda, esta eventual mayor complejidad, puede haber llevado erróneamente a muchos Cónsules a ignorar o evitar la admisión de este tipo de recursos contra una denegación de visados. En todo caso, y, como nuestro querido “Teruel”, los mencionados recursos existen y protegen a los administrados dentro y fuera de España. Procederá estudiarlos también en los Consulados, uno a uno, y decidir sobre su admisibilidad, para evitar incurrir en la “responsabilidad de los poderes públicos” que declara el artículo 9.3 de nuestra Constitución.

Para el mejor dominio de la cuestión es, sin duda, útil y necesario recurrir a la doctrina, que poco a poco han ido elaborando los siempre valiosos Dictámenes del Consejo de Estado. Me fijaré solo en el Dictamen nº55/2017 que reconoce la procedencia del recurso extraordinario de revisión, que termina derivando a una revisión de oficio, y contiene interesantes consideraciones sobre la interpretación de la “tutela judicial efectiva” del art.24 de la CE.

Dicha doctrina ha consolidado una clara diferenciación de las revisiones por razones de oportunidad frente a las revisiones por falta de legalidad, analizadas recientemente por Javier Torre de Silva [1], quien concluye afirmando que “el interesado no tiene acción para obtener la revocación pero nada obsta para que inicie el oportuno procedimiento mediante solicitud que deberá ser tramitada y resuelta motivadamente”.

Por su parte, la Memoria 2017 del Consejo en su capítulo VI, defiende “la conveniencia de una más precisa regulación del régimen de la Revocación de los actos administrativos” y cita, pág. 174, “una serie de Dictámenes de este Consejo de Estado que se decantan por la tesis de que el Dictamen no resulta preceptivo en sus respectivos supuestos, y ello a pesar de lo que prescribía el art.105.1 de la Ley 30/92 y prescribe el actual art. 109 de la Ley 39/2015”.

Estoy seguro de que estos recursos extraordinarios de revisión o de revocación de oficio, y la eventual intervención del Alto Órgano consultivo, redundarían en un mejor servicio consular al permitir subsanar errores flagrantes, a través de vías que nos acercan a un mayor diálogo con la Administración, siempre en búsqueda de soluciones que eviten cargar más a nuestros saturados Tribunales.


[1]La revocación de actos desfavorables anulables a solicitud del interesado”,  en “Anuario de Derecho Administrativo” (2019), dirigido por Miguel Ángel Recuerda, capítulo 14.

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