Análisis

  • José Antonio Vázquez Taín. Magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña

Un recurso mal aprovechado

La eficacia de la prisión provisional, como la de cualquier otra herramienta, sea esta procesal, quirúrgica o de carpintería depende en gran medida de la habilidad de la mano que la emplea. Está claro que un juzgador con la sensibilidad suficiente como para adoptarla únicamente en aquellos casos en los que la ponderación, necesidad-eficacia frente a la gravedad sea positiva, y que además actúe con la adecuada responsabilidad de revisarla con la frecuencia pertinente como para que su duración se limite al aseguramiento de unas expectativas cautelares y no se convierta en un cumplimiento anticipado de la pena, hará de esta medida procesal un útil instrumento con el que impedir la desaparición de pruebas, evitar la reiteración delictiva o asegurar la presencia del investigado a disposición de la Justicia, sin que la inevitable lesión de derechos fundamentales que implica, suponga menoscabo alguno del carácter garantista que todo ordenamiento jurídico debe tener, máxime en el ámbito penal.

Dejando al margen el factor humano y su consiguiente probabilidad de error, inevitable en toda actuación que dependa de una persona, por muy profesional que ésta sea, está claro que aquellos instrumentos destinados a ser utilizados sobre bienes fundamentales de la existencia humana, como la libertad, deberían estar concebidos, diseñados y revisados con la periodicidad oportuna que permita calificarlas de herramientas de precisión. Pues cualquier empleo defectuoso, por mínimo que sea, tiene consecuencias irreparables sobre el justiciable afectado, trastocando su vida irreversiblemente.

Analicemos algunos defectos de uso y errores de diseño que creo existen en esta medida, aunque parezca incompatible tal opinión con la condición de juzgador que ostento.

El hecho de que una medida tan gravosa como la privación de libertad pueda adoptarse con carácter cautelar o provisional respecto de una persona no condenada, y que por ello goza de la presunción de inocencia, es totalmente incompatible con la realidad fáctica e incontestable de la lentitud de la Justicia Española. Tal defecto crónico, nunca atendido por nuestros políticos que ni siquiera han mencionado a la Justicia en la última campaña, provoca que al menos respecto de dos de los fines que justifican la prisión provisional, se vean desnaturalizados, a pesar de que en su concepción encajaban perfectamente con esta institución: el aseguramiento de la prueba y del detenido.

Nadie niega que el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la prueba en los delitos graves justifican que el investigado sea sometido a medidas cautelares que limiten o impidan su libertad deambulatoria. Así está previsto en todos los ordenamientos jurídicos modernos. Pero la disfunción surge en el momento en que, aun gozando las causas con preso de preferencia en la tramitación, la instrucción se dilata por meses, injustificadamente. Y no es la tramitación procesal la causa de tal retraso –por más que los responsables del ejecutivo se empecinen en ponerse vendas en los ojos y en imponer plazos utópicos e incumplibles–, es la sobrecarga de trabajo, los cientos de asuntos pendientes, lo que impide que se puedan atender los asuntos por todos los operadores, investigadores, defensas, fiscalía y juzgado, con la dedicación y prontitud que la seriedad del tema exige.

Sería utópico defender que no está justificada la prisión en los supuestos de riesgo de fuga, por considerar la libertad preeminente frente a la Justicia. Pero una vez limitado de forma legítima el derecho fundamental, la vulneración abusiva del mismo se deriva del hecho de que el procedimiento languidecerá durante meses, si no años, en las causas complejas, descansando en el estante de un funcionario (del inexistente expediente digital podemos disertar otro día), a la espera de que algún hueco entre otros asuntos permita resolver algún trámite pendiente. El preso preventivo no debería sufrir el retraso temporal injustificado en espera de juicio.

Y lo mismo puede decirse del aseguramiento de la prueba. El volcado de terabytes de información y su estudio, la espera de un análisis de ADN, la pericial técnica imprescindible para esclarecer cualquier delito, al realizarse por grupos especializados de investigación o laboratorios cualificados con cientos de informes pendientes, impone necesariamente meses o años de espera no imputables al reo. Pero éste los tendrá que sufrir privado de un derecho fundamental. Lo que estaba plenamente justificado porla necesidad, utilidad y proporcionalidad, se convierte en violación de derecho por la perdurabilidad.

Al margen de problemas estructurales como los expuestos, también la mecánica de aplicación incurre frecuentemente en disfunciones. Existen delitos en los que el riesgo de reiteración delictiva es permanente en el individuo, como el depredador sexual, el maltratador o el violento. Pero en otras tipologías delictivas, como los delitos contra el patrimonio, contra la seguridad del tráfico, o delitos incidentales, adquirida por el investigado consciencia de la gravedad de sus conductas, o estabilizado de sus desequilibrios psíquicos causados por los tóxicos, el riesgo desaparece sin que exista un mecanismo de interrelación entre el centro penitenciario y los responsables judiciales de la medida, que les advierta de la desaparición de la causa que justificaba la prisión. La falta de revisión periódica de la medida puede convertirla en injusta por innecesaria.

Pero al margen de lo expuesto, habrá de convenirse por los prácticos del derecho que, en general, la medida se adopta con precaución por los Instructores, pues somos conscientes de su gravedad. Procuramos proceder a su levantamiento siempre que la carga de trabajo nos permita atender e impulsar los asuntos. Y frente a otros estados también considerados democráticos, los errores que se producen en España no suelen ser frecuentes. Desde luego que es una institución cuyo uso puede mejorarse, pero para ello hace falta el esfuerzo de otros responsables y no sólo de los Jueces.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto