Análisis

  • Daniel Loscertales Fuertes. Abogado.

Real Decreto 401/21. Por fin, ayudas a los arrendadores

CUESTION PREVIA Y ACLARATORIA.

Tengo que pedir perdón por el error cometido en el artículo que comentaba el RLEY 8/2021, en cuanto a las Comunidades de Propietarios, pues indicaba que el art. 1 “no existe” y eso no responde a la redacción del mismo, pues este precepto está en dicho RDLEY pero para otras cuestiones, aunque la realidad material es que este “fallo” no cambia para nada el contenido de los comentarios sobre la LPH. Agradezco a los compañeros que me lo han dicho y con gusto rectifico ese punto concreto.

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Este Real Decreto hay que festejarlo y dar la enhorabuena al Gobierno, pues más vale tarde que nunca, aunque no contemple todas las situaciones y solo la de aquellos arrendamientos que estén suspendido el desahucio por falta de pago o el mismo lanzamiento,  conforme el art. 1 y 1 bis del RLEY 11/2020, en cuyas disposiciones se podía facilitar ayudas a los arrendadores “vulnerables”, requisito que ahora ya no hace falta. Por fin, se ha comprendido que aquellos arrendadores que no han cobrado la renta y que tienen paralizado el desahucio puedan cobrar la misma, aunque hay que esperar que, por fin, la tramitación sea rápida y eficaz, llamando poderosamente la atención el art. 3.4 (que luego veremos) en el sentido de que si pasan 6 meses sin contestación por la administración desde que se presenta la solicitud, se considera concedida la subvención económica en favor del arrendado que lo haya solicitado.

El art. 1, tiene como objeto determinar que las Comunidades Autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2019/2021 para frente a las compensaciones que se indican en los preceptos siguientes.

El art. 2 está destinado a los requisitos para solicitar las ayudas que luego veremos y relaciones entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla, a efectos de disposición de fondos, fundamentalmente que se utilizarán, como antes se ha dicho,  los recursos del “Plan Estatal de Vivienda 2019 y 2021 para las compensaciones referidas”, con salvedad de las Comunidades de Navarra y del País Vasco (Disposición Final Primera), cuyas subvenciones irán en el seno del convenio económico que tienen con el Estado.

En el art. 3 es donde figuran todos los requisitos de la solicitud del interesado, rogando a todos los compañeros/as que lean con detenimiento el Real Decreto objeto de estos comentarios, aunque a continuación se indique de forma somera las condiciones para poder solicitar y obtener la ayuda. Concretamente:

  • Solicitud a la correspondiente Comunidad Autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla,
  • Hacer una exposición razonada y detallada de la compensación solicitada, pero siempre que esté suspendido un desahucio o el correspondiente lanzamiento, haciendo referencia a los arts. 1 y 1 bis del ya citado RDLEY 11/2020, con el límite temporal hasta el 9 de agosto que es cuando vuelven a tramitarse todos los desahucios pendientes, con la esperanza que estas previsiones se cumplan.

      ---- Se puede solicitar toda la renta dejada de cobrar.

      ---- Los gastos corrientes de los servicios que ha tenido que abonar el arrendador y que eran a cuenta del arrendatario.

      ---- Este párrafo es complicado, pues se permite también pedir las pérdidas ocasionadas por tener el piso vendido o arrendado a terceros, antes de la suspensión del desahucio. Creo que esto puede ser un problema y que algunos pueden intentar, con apoyo de terceros, magnificar los hechos sin garantía de que ello se considere correcto por la Comunidad Autónoma correspondiente. Personalmente no aconsejo que esas supuestas pérdidas se pidan, salvo en casos muy concretos y especiales y con plena justificación.

  • Aparte de reiterar que la solicitud se tiene que presentar en la correspondiente Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, hay algo importante y es que se puede solicitar también a través de medios electrónicos, haciendo referencia a la Ley 29/2015-s
  • Es muy importante, toda vez que de forma expresa y extraordinaria se considera que la Administración Autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla tienen que resolver en TRES MESES. Ampliado el plazo hasta SEIS, siempre que se justifique. Y, sobre todo, que pasado el plazo total sin resolver, la solicitud se consideraría estimada, esto es, que el silencio administrativo juega a favor del particular. Creo que es lo mejor, aunque la concesión no implique que el cobro sea haga rápidamente, aunque la intención del RD es que sirva de orientación y garantía para todos.
  • Se concede facultad a las Comunidades Autónomas, y Ceuta y Melilla podrán desarrollar este procedimiento, para facilitar la gestión y la percepción de las compensaciones para el arrendador y propietario.

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      Para terminar este somero comentario es importante llamar la atención que NO hay diferencia entre el arrendador normal, persona física, y aquellos “grandes tenedores” o empresas. En definitiva, se ha dado un gran paso adelante. Cabe felicitar al Ministerio competente que ha abierto la esperanza a muchos arrendadores que no han cobrado la renta y siguen sin hacerlo, esperando y deseando que las Comunidades Autónomas cumplan con estas normas con rapidez y eficacia en bien de todos y que el ciudadano, en este caso el arrendador, considere  que se han tenido en cuenta sus derechos, algo que hasta el momento no había ocurrido.