Análisis

  • Isabel Winkels Arce. Abogada colegiada en el ICAM

Razones para contar con una justicia especializada en familia

Las razones para contar con una justicia especializada quedaron perfectamente plasmadas en las conclusio­nes alcanzadas en el I Congreso de la Infancia y Ado­lescencia, celebrado los días 25 y 26 de marzo del 2021.

En este gran Congreso, organizado por el Ilustre Cole­gio de Abogados de Madrid, el Ilustre Colegio de la Abo­gacía de Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho con carácter presencial en la sede del ICAM, intervinieron en día y medio más de 80 profesionales entre ponentes, mo­deradores y relatores, repartidos en 11 mesas, que fueron retransmitidas por Streaming en dos canales. Los ponen­tes provenían de todos los ámbitos profesionales relacio­nados con los derechos de la infancia, tanto del mundo jurídico como del sanitario, de los servicios sociales, aca­démicos, periodistas especializados, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, miembros de partidos políticos…

Han pasado 40 años desde que se dictó la Ley del di­vorcio, y la espectacular respuesta de todos los profesio­nales convocados (no retribuidos), todos ellos punteros en su especialidad, nos indica la enorme preocupación que hay por las carencias existentes en este ámbito.

La repercusión en los medios de comunicación fue llamativa, y en todas las mesas hubo unanimidad en las conclusiones: resulta imprescindible que todos los profesionales que intervenimos en este tipo de proce­dimientos estemos especializados. Todos. Y ello porque la realidad estadística de la evolución de la sociedad es­pañola en estos 40 años es palmaria: las parejas que se casan, lo hacen cada vez más tarde (25 años de media en el año 1981 frente a 34 años ahora), y se ha triplica­do el número de parejas que deciden no contraer ma­trimonio. Cuatro de cada diez hijos nacen de parejas no casadas, y más del 60% de esas parejas terminan en los juzgados para solventar su crisis familiar, de las que un 30% lo hacen por vía contenciosa.

El acceso mediante un simple “click” a información hasta la fecha inaccesible, y controlada por los padres, hace que los hijos, desde edades muy pequeñas, tengan acceso a contenidos que precipitan su llegada a la edad adulta, omi­tiendo una etapa crítica de la infancia, y haciendo que ten­gamos adultos prematuros en todos los sentidos, que se sienten frustrados por no alcanzar objetivos aparentemente sencillos y accesibles, con padres en absoluto preparados para darles respuestas, e inmersos a su vez en su propia bús­queda de una felicidad ficticia que habitualmente no alcan­zan, que a su vez les genera una frustración que vuelcan en su pareja y que necesariamente arrastra a sus hijos.

A partir de ahí, en esa huida hacia adelante, nos encontra­mos con cada vez más jóvenes con problemas de conduc­ta, alcohol, consumo de estupefacientes, bulimias, bullying escolar (cada vez más irresoluble porque con las redes so­ciales, los niños acosados son “perseguidos” a los nuevos centros escolares en los que son matriculados), problemas con los que muchos padres se encuentran sorpresivamen­te tras una llamada de la policía o del hospital, dónde su hijo está ingresado por un coma etílico.

Esta problemática tiene una incidencia directa en los procedimientos judiciales, que precisan especialistas para la adopción de las medidas de custodia y protección más adecuadas, que desgraciadamente, a día de hoy, no exis­ten. A esta problemática social añadimos las cada vez más complejas consecuencias económicas y patrimoniales de las rupturas, liquidaciones con sociedades interpuestas, concursos del obligado al pago, o la necesaria aplicación del Derecho Internacional Privado cuando uno de los progenitores es extranjero, hay bienes en el extranjero, o las familias tienen su residencia en otro país.

Y a esta realidad han de enfrentarse los órganos judicia­les que tienen la responsabilidad de dirimir estos cada vez más complejos conflictos: son 1.328 titulares de juzgados de Primera Instancia y Mixtos (del total de 5.500 jueces en activo que hay ahora mismo en España), repartidos en 431 partidos judiciales, que resuelven –además de otros asun­tos civiles, y los mixtos, también penales- conflictos relati­vos a Infancia, Familia y Capacidad. Y de esos 1.328 jueces, tan sólo 148 están especializados y se dedican de manera exclusiva y excluyente a Familia. Apenas un 11%, que suelen encontrarse en algunas capitales de provincia.

La diferencia de tramitar el conflicto en uno de los 148 juzgados especializados frente a los 1180 juzgados que no lo están, genera una incuestionable discriminación entre ciudadanos: los que residen en un partido judicial con un juzgado especializado, pueden contar con una resolución de su conflicto en un tiempo medio de 6 a 8 meses, emitida por jueces que –aunque no han recibido una formación específica- no tratan otros temas, por lo que se especializan de facto, que cuentan con el apoyo de un fiscal y un Equipo Técnico adscrito. Los restan­tes ciudadanos, verán su conflicto sometido a jueces de 1ª Instancia o mixtos, sin fiscales adscritos, y un Equipo Técnico que presta servicio a varios partidos judiciales, lo que genera retrasos en la resolución de los procedimien­tos de hasta dos años. En este tiempo, se cronifican los conflictos, se desestabiliza a los menores y en muchos casos, se acaban produciendo situaciones de violencia de género, perfectamente evitables.

Una de las principales propuestas emanadas del Con­greso consiste en agrupar las competencias que ac­tualmente concurren en esos 431 partidos judiciales, concentrándolas en juzgados especializados, de ma­nera que todos los procedimientos relativos a Infancia, Familia y Capacidad sean tratados de manera exclusiva y excluyente por órganos especializados, descargando de estas materias a los restantes. A tal fin, se propuso un Mapa Judicial según el cual, a los 148 juzgados de familia existentes actualmente -más los 15 de incapacidades-, habría que especializar 80 juzgados más hasta un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España. Y a estos juzgados, adscribirles un Fiscal y un Equipo Técnico, con acceso a Mediadores, Médicos Forenses, Coordinadores Parentales y demás recursos técnicos y personales necesarios.

La reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia prevé la sustitución de estos 431 partidos judiciales en Tribunales de Instancia, integrados por secciones civiles, secciones de instrucción, secciones de violencia, conten­cioso, etc., pero la realidad es que, aunque se modifique el nombre, resulta inviable que cada uno de esos nuevos “Tribunales de Instancia” tengan una sección de familia. Por ello, aunque finalmente se materialice la modificación anunciada, la agrupación de “secciones” de Tribunales de Instancia sigue siendo igualmente válida.

Además, la realidad nos la está mostrando la propia or­ganización interna de muchos partidos judiciales por la vía de los hechos: siendo conscientes de la trascendencia de la materia, de su dificultad y de las consecuencias que las medidas que en estos procedimientos han de adoptarse tienen en la vida de las familias, las juntas de jueces de mu­chos partidos han acordado, mediante la modificación de normas de reparto, “especializar” uno o dos juzgados en Familia, descargando a los restantes de esta materia. Así se ha hecho, por ejemplo, en los juzgados de Sagunto, Alzira, Carlet y se hará en breve en los de Marbella. Aunque son acuerdos internos, muestran cómo los propios magistra­dos ven la necesidad separar estas materias tan sensibles y que tanta dedicación requieren, de las restantes.

Por otro lado, el BOE de 5 junio 2021 ha publicado el texto definitivo de la Ley Orgánica de protección inte­gral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuya Disposición Final Vigésima confiere el plazo de un año al Gobierno para remitir a las Cortes Generales dos proyectos de ley. El primero, para especializar órganos judiciales y a sus titulares en la instrucción y enjuicia­miento de causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad, así como para introducir las modificaciones necesarias para garantizar la especiali­zación dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia, Familia y Capacidad. Y el segundo proyecto de ley, la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, a fin de que se especialicen fiscales en el ámbito de violencia so­bre la infancia y adolescencia.

Es este el momento de materializar la imprescindible especialización de los juzgados Infancia, Familia y Capaci­dad, porque la evolución de la sociedad española en estos 40 años requiere una respuesta específica a los conflictos familiares, cada vez más complejos en los ámbitos perso­nales, sociales, legales y patrimoniales. Esta complejidad requiere que Jueces, Fiscales, Abogados, Letrados de la Administración de Justicia, Equipos Técnicos, Forenses, Mediadores, tengan un conocimiento profundo de todas las vertientes de los asuntos de las familias, y una sen­sibilidad especial, porque precisamente, tratamos con el material “más sensible” de nuestra sociedad: la infancia, las personas con discapacidad, y los mayores que pierden facultades y han de ser adecuadamente protegidas.

Para ello, por supuesto, sin pretender restar importancia a la creación de Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, es preciso impulsar las acciones pertinentes para que en ese plazo de un año, el anunciado proyecto de ley que establezca la especialización del orden jurisdiccio­nal en Infancia, Familia y Capacidad, con el acceso a estas plazas previa prueba selectiva, sea una realidad.