Análisis

  • Francisco Cabrillo. Catedrático de Economía de la Universidad Complutense. Fundación Civismo

¿Qué hacer…y qué no hacer?

Son frecuentes los desacuerdos cuando se debate sobre los principios directores de un programa de reconstrucción tras una crisis económica. Pero lo que la historia nos enseña, de una forma bastante consistente, es que las presiones para que el Estado incremente su peso en la actividad económica y refuerce su regulación crecen de forma significativa tras una recesión profunda. Muchos ejemplos podrían citarse. Pero fijémonos en uno de especial relevancia: las normas que regulan el sistema financiero. Tras la crisis financiera de 2007 se escucharon muchas voces que consideraban que una de las causas principales de ésta había sido el proceso de desregulación financiera aplicado en las últimas décadas, que en Estados Unidos se identificaría con la derogación definitiva de la Ley Glass-Steagall. La mayor parte de los especialistas consideran que la crisis tuvo muy poco que ver con tal reforma legal. Pero una de las primeras reformas que se plantearon en aquellos momentos fue la aprobación de la Ley Dodd-Frank, que ha elevado de forma significativa el nivel de regulación en el sector. Y algo similar podríamos decir, con carácter más general, de las medidas acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, conocidas como Basilea III.

Cuando la economía de un país se derrumba, como está sucediendo en los momentos actuales en nuestro país, se pide al Estado que arbitre medidas para solucionar problemas que, a menudo, quedan claramente fuera de sus competencias; y se sugieren incluso reformas que, si fueran aplicadas, dejarían las cosas aún peor de lo que estaban. La polémica que se ha planteado en España sobre la regulación de los arrendamientos urbanos en los últimos meses, en especial tras la aprobación de la ley catalana sobre la materia, es un buen ejemplo de ello. Y no es una cuestión baladí, ya que que los efectos de las medidas que se proponen pueden ser demoledores para un sector tan importante como el inmobiliario; sin olvidar, además, que tal reforma perjudicaría a buena parte de aquellos a los que se pretende ayudar, dado que, con este tipo de normas, la oferta de vivienda se reduce y resulta más difícil para mucha gente encontrar una casa en alquiler.

¿Significa esto que el Estado no debería hacer nada para tratar de paliar los efectos de una recesión tan grave como la que hoy sufrimos? No, en absoluto. La cuestión clave es aceptar que lo que no debe hacer nunca el sector público es crear problemas a la recuperación poniendo obstáculos al buen funcionamiento de los mercados. Pietro Verri, el gran economista de la Ilustración italiana, terminaba su ensayo más conocido —Meditaciones sobre la economía política— con un capítulo curioso titulado “El carácter de un ministro de economía”. En él daba una recomendación muy clara a cuantos algún día pudieran ocupar este puesto: “El ministro de economía debe ante todo ser activo para destruir y muy cauto para construir”. Y tal consejo se plasma en una serie de cuestiones muy básicas, y muy relevantes al mismo tiempo. Debe el ministro —escribía Verri— remover obstáculos, romper cadenas, facilitar el desarrollo de la competencia que estimula la producción, aumentar el ámbito de la libertad civil, dejar un campo espacioso a la industria. Y añadía algo especialmente importante para un jurista: debe asegurar una vía fácil, pronta y desinteresada a los contratos, estimular la buena fe en el comercio y no permitir nunca que el fraude pueda quedar impune.

Me temo, sin embargo, que nuestro Gobierno tiene auténtica vocación de construir, aunque no tenga muy claro lo que quiere construir ni cuáles pueden ser en el medio y largo plazo los efectos de sus reformas. Si hay algo en lo que la mayor parte de los economistas están de acuerdo es en que, en estos momentos, una subida de impuestos puede tener efectos muy perjudiciales para la recuperación. Pues bien, ya tenemos propuestas de subidas de impuestos en un presupuesto que aún no ha empezado a andar y ya genera todo tipo de desconfianzas tanto en España como en la Unión Europea.

También hay acuerdo general en que la situación del mercado de trabajo en España es muy preocupante, con estimaciones de la Unión Europea que apuntan a que podemos incluso superar a Grecia y convertirnos en el país con la mayor tasa de desempleo del continente. Pues bien, ya se escucha en estos días que hay que subir de nuevo el salario mínimo, ya que 950 euros se considera una cifra insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado. Lo malo es que el resultado esperable de esta medida —bienintencionada, sin duda— sería más paro, en especial en el sector de los jóvenes, en el que la tasa de desempleo alcanza en España un nivel de auténtico escándalo (40% para los menores de 25 años en el pasado mes de septiembre). El actual salario mínimo no supone, para las empresas, un coste de 950 euros mensuales por empleado con esta remuneración. Si se suman las cargas sociales y pagas extras, tal coste asciende a unos 17.000 euros al año, o 1.400 euros al mes. Ya hay muchas empresas que no pueden soportar tal coste. Si lo aumentamos, el número de contratos para los jóvenes y los trabajadores menos cualificados será, sin duda, aún menor. Y se insiste también en echar abajo las dos reformas laborales —aprobadas en su día por el PSOE y por el PP— que, aunque tímidas, consiguieron flexibilizar algo nuestro mercado de trabajo. Si así se hiciera, la recuperación del empleo sería aún más difícil.

Otro tema en el que el Gobierno insiste es en la necesidad de reformar el sistema productivo. Tal cosa sería muy conveniente, sin duda. Pero no es la administración pública la que puede lograr tal objetivo. La creación de un nuevo sistema productivo tiene que salir de las empresas, los trabajadores y los profesionales. Sin embargo, los datos de los índices internacionales sobre facilidades para la creación y gestión de empresas —Doing Business es un ejemplo, pero no el único— sitúan a España de forma sistemática en muy mala posición, ya que consideran que en nuestro país la regulación y la burocracia crean muchos problemas a las iniciativas empresariales. Cambiar esto sí sería una buena aportación a la recuperación económica del país. ¿Lo hará el Gobierno? Me temo que lo que encontramos hoy son indicios de que se pretende hacer exactamente lo contrario.

No soy optimista, por tanto, con respecto a la recuperación económica de España en el corto y medio plazo. Los datos están sobre la mesa y las posibles soluciones también. Seguir la vía equivocada tendría costes demasiado altos.