Análisis

  • Marta García Palacios. Letrada de los Servicios Jurídicos del ICAM

Proteger a las víctimas, un objetivo irrenunciable

En octubre del año 2015 en­tró en vigor la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, con la pretensión de ofrecer desde los poderes públicos una res­puesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas de deli­tos. Se persigue tanto la repa­ración del daño en el marco de un proceso penal, como la minimización de otros efec­tos traumáticos en lo moral que la condición de víctima puede generar, todo ello con independencia de su situa­ción procesal, incorporando demandas y necesidades de la sociedad española en aras a completar el diseño del Es­tado de Derecho centrado casi siempre en las garantías procesales y los derechos del investigado, acusado, proce­sado o condenado.

Partiendo de esa nueva regu­lación, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid abordó la necesidad de crear servicios especializados de atención a víctimas, y siendo conscien­te de la existencia de grupos especialmente vulnerables con características propias, puso en funcionamiento de forma pionera Servicios de Orientación Jurídica diferen­ciados que atendieran a esas necesidades, creando parale­lamente los Turnos de Oficio específicos para la protección de víctimas de trata de seres humanos, protección de víc­timas de delitos y de odio, y protección a víctimas de dis­criminación.

La protección de las víctimas debe ser integral, por lo que es imprescindible que todos los actores intervinientes en ese proceso trabajen en red y coordinados, de modo que cada uno pueda desempeñar el papel que le corresponde de una forma efectiva y siem­pre en beneficio de la víctima. Con esa finalidad, el Colegio impulsó la constitución de dos Mesas de Trabajo: la Mesa para la protección de víctimas de discriminación y de delitos de odio, y la Mesa para la pro­tección de víctimas de trata de seres humanos. Ambas iniciati­vas tienen en común el hecho de estar integradas tanto por las Administraciones Públicas estatales y autonómicas con competencia en la materia, como por miembros destaca­dos de la Fiscalía y de la Judi­catura, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ONG, asociacio­nes especializadas y juristas de reconocido prestigio.

Las dos nacieron con la pre­tensión de ser un foro de ca­rácter técnico cuyo objetivo es el estudio e investigación de los delitos de odio y de la discriminación, y del delito de trata de seres humanos desde todos los puntos de vista de los actores intervinientes en el proceso, con la finalidad de al­canzar acuerdos sobre las ac­tuaciones necesarias en cada fase que garanticen la máxima protección y defensa de las víctimas a través de la coordi­nación de todos los agentes intervinientes.

La Mesa para la protección de víctimas de discriminación y de delitos de odio ha abordado materias y necesidades muy concretas como es el caso del ciberodio, o el de las características pro­pias de comunidades o grupos cuyos inte­grantes son víctimas habituales de estos delitos, como el co­lectivo LGTBI o las confesiones religio­sas, las personas sin hogar, los inmigran­tes, o los pertenecien­tes a etnias concretas como la gitana. El principal obstáculo que se ha detectado es el problema de la infrade­nuncia por miedo, por desco­nocimiento, porque “no me van a hacer caso”. Todos los intervinientes deben tener una formación específica e integral en la materia, desde los propios cuerpos y fuerzas de seguri­dad hasta el/la abogado/a que defienda a la víctima, siendo esencial que ya en el atestado se recoja el motivo prejuicioso para que finalmente se aprecie la concurrencia de los elemen­tos del tipo de este ilícito penal. Desde varios sectores se recla­ma la conveniencia de contar con una Ley Integral de Deli­tos de Odio, pero también es fundamental la definitiva apro­bación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que suponga la constatación y el reconoci­miento de la existencia de una realidad social, de un verdade­ro problema como es la dis­criminación de determinados colectivos por motivos que de­finen a cada una de las perso­nas que los integran atentando contra sus derechos más bási­cos y contra la dignidad de la persona, y que articule las he­rramientas necesarias para pre­venir esas situaciones y erradi­car las desigualdades de trato apostando por un modelo de igualdad integral que vertebre procedimientos homogéneos, y cree un marco que propor­cione seguridad jurídica.

La Mesa para la protección de víctimas de trata de seres hu­manos aborda una problemáti­ca específica relacionada con la especial vulnerabilidad de estas víctimas, que en su mayor parte son extranjeras y ni siquiera en­tienden el idioma ni reconocen su condición de víctima, o es­tán amenazadas por las redes de tratantes. Desde el Colegio se ha reclamado con insistencia la necesidad de asistencia letra­da desde la fase inicial de detec­ción para que la defensa de los derechos de estas personas sea íntegra y efectiva. Y esa asisten­cia letrada desde el inicio no es solo conveniente sino que es un derecho expresa­mente reconocido en la legislación vigente a las víctimas de este delito que gozan del beneficio de justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficien­cia de recursos para litigar, incluyéndose el asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inme­diatamente previo a la interposición de de­nuncia o querella.

El Turno de Oficio para la protección de víctimas de trata de seres humanos está integra­do por abogadas y abogados altamente cualificados y sen­sibilizados con esta situación, y tiene un servicio de guardia permanente. Los profesionales en primera línea que pueden estar en contacto con posibles víctimas deben ser capaces de reconocer señales de trata, de relacionarse con la posible víc­tima respetando estrictas nor­mas éticas, ofrecer acceso a necesidades urgentes y contes­tar a las preguntas de la víctima potencial sobre qué ocurrirá a continuación. La identificación formal de víctimas de trata se lleva a cabo por lo general en el marco de procedimientos administrativos o de un proce­so y, en la mayoría de las juris­dicciones, solo las autoridades competentes pueden designar oficialmente a una persona como "víctima de trata".

Consciente de todo esto, el Colegio ha ido introduciendo en los preceptivos cursos de ca­pacitación para el acceso a los diferentes Turnos de Oficio mó­dulos de formación específicos en materia de trata de seres hu­manos para que se pueda iden­tificar a una posible víctima en el curso de las asistencias letradas que se realicen en cualquier or­den jurisdiccional. Las víctimas de trata es frecuente que se vean involucradas en la comi­sión de delitos o infracciones administrativas que, en realidad, no son más que la consecuen­cia de su condición de víctimas: personas que son obligadas a mendigar y delinquir por las re­des de tratantes, debiendo pres­tarse una especial atención a los menores en este punto, o que tienen una condición irregular en España en relación con la legislación de extranjería, o que son víctimas de trata con fines de explotación sexual y son multadas por infracciones de la Ley Orgánica de Seguridad Ciu­dadana cuando están ejercien­do la prostitución en lugares pú­blicos. Cuando en estos casos estas personas se ven involucra­das en un procedimiento penal, administrativo o de extranjería y se les designa un/a abogado/a de oficio para su defensa, este/a abogado/a tendrá la formación y sensibilidad adecuada para poder detectar la condición de posible víctima de trata de su defendido/a y deberá poner este hecho en conocimiento del Colegio de Abogados de Madrid para que se designe a su cliente un/a abogado/a del tur­no de oficio específico de trata de seres humanos si él o ella no perteneciera al mismo.

Solo con el trabajo en red de todos los actores se con­seguirá la asistencia integral (jurídica, psicológica y asisten­cial) imprescindible para las víctimas, y la asistencia letra­da desde el momento inicial, además de estar expresamen­te prevista en la ley, es esencial para la eficaz defensa de sus derechos en los distintos fren­tes en los que debe actuarse, puesto que es este profesio­nal el que posee los conoci­mientos jurídicos necesarios y las habilidades y capacidad de intervención en los procesos y en las instancias administra­tivas que sean de rigor.

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