Análisis

Principales reformas legislativas en materia de Infancia, Familia y Capacidad

ICAM

De izquierda a derecha: Emelina Santana, Rosa Pérez-Villar, Ana Clara Belío (de espaldas), María José Segarra, Encarnación Roca (de espaldas) y Ángela Cerrillos. Foto: ACN

  • Modera: Ángela Cerrillos, Diputada, Tesorera ICAM.
  • Intervienen: Ana Clara Belío, Presidenta Sección Derecho Familia y Sucesiones. Socia Directora ABA Abogadas; Encarnación Roca, Ex-Vicepresidenta del Tribunal Constitucional; Emelina Santana, Magistrada Presidenta de la Sección 24 Bis de la Audiencia Provincial de Madrid; María José Segarra, Ex Fiscal General del Estado. Fiscal de Sala Coordinadora de los Servicios de Especialización de la Protección de personas con discapacidad; Rosa Pérez-Villar, Abogada especialista en Derecho de Familia. Socia Directora Pérez- Villar.

Se ponen de manifiesto las complejidades en torno al Derecho de Familia, en el que, pese a las reformas introducidas, la normativa tradicional ha quedado superada por la aparición de nuevas realidades y evolución de derechos en el área de la familia, además de la necesaria convivencia con un entorno y un Derecho que trasciende lo nacional. Sobre la mesa, una propuesta de solución reiterada desde la abogacía: la especialización.

Imprescindible la especialización

“Estamos viviendo un momento en que todos los operadores estamos de acuerdo en que hace falta una revisión en profundidad tendente a la especialización”, destacaba Cerrillos a modo introductorio.

En realidad, “no hablamos de un orden jurisdiccional distinto del Civil, hablamos de una especialidad dentro del Derecho Civil”, matizaba Belío, enumerando entre las razones que lo hacen necesario: “primero que se trata de un mandato del legislador; segundo por el volumen de asuntos de Familia, que se ha incrementado casi por siete; en tercer lugar porque más de la mitad de la población española no tiene acceso a un Juzgado especializado por razones de su residencia, atentando contra el principio de igualdad que, en función de dónde viva un ciudadano, se puedan defender derechos de distinta manera (separarse o divorciarse en un Juzgado especializado son 4 meses, hacerlo en uno mixto o de 1ª Instancia puede llegar a 2 años), lo que aumenta además la crispación social y las situaciones de violencia; y por último, por la complejidad que presentan los asuntos de Familia”.

“La realidad social impacta particularmente en esta jurisdicción, en definitiva, en los derechos y las relaciones más personales, más íntimos de cada persona”, refería Santana, “muchos de ellos, además colectivos vulnerables, como es el caso de los menores, la especialización es absolutamente necesaria como una garantía de protección de esos derechos”.

Pérez-Villar iba más allá solicitando “no solo especialización sino también creación de un cuerpo jurídico que nos permita resolver estas cuestiones que nos preocupan, nos ocupan y afectan a nuestra vida familiar”, añadiendo que hay que “trasmitir a las personas que vienen cuando tienen conflictos de familia que un Juzgado no va a resolver su problema. Las resoluciones en general no contentan a nadie, si lo hacen es porque son muy desequilibradas. Por eso, reclamo un ejercicio ético de la profesión e intentar por encima de todo llegar a acuerdos”.

Normativa propia, superación de lo dispuesto por el Código Civil

Señalaba Roca que “encontramos un problema porque los Códigos no pueden sustituir el complejo de derechos fundamentales en los cuales tenemos que basar todas las argumentaciones para la protección de las personas que están implicadas. Sistemáticamente tenemos leyes muy dispersas “. En este sentido, la vicepresidenta emérita del TC indicaba que en los últimos cinco años “se han producido cinco circunstancias que hacen que debamos desprendernos de los paradigmas habituales del Derecho de Familia: el matrimonio ya no es la institución central, la pérdida de la relación dualística hombre mujer, hay nuevos métodos de concepción que alteran absolutamente todos los planteamientos históricos de la relación de filiación, hay nuevos modelos de relaciones familiares que implican consecuencias también en el plano sucesorio, y por último ha cambiado cómo se constituyen estas relaciones familiares”. Como muestra, Roca hacía referencia al Código Civil de Argentina de 2014 y el de Puerto Rico de 2020, en los que “se separa persona y Familia y hay un libro entero dedicado a las relaciones familiares”.

Otro elemento que complica aún más la ecuación es el transfronterizo que, compartía Santana, “ha pasado de ser anecdótico a ser cada vez más frecuente. Hay una dispersión que no se entiende muchas veces desde nuestra mentalidad de globalidad del proceso”, reconocía la Magistrada, por eso, “uno de los objetivos de la UE en los últimos años ha sido progresar en el Derecho de las personas en orden a garantizar ese espacio judicial europeo, que supone mejorar la cooperación entre los profesionales de distintos países, avanzar en el reconocimiento mutuo de sentencias y en la construcción de una Europa de la Justicia, armonizar las normas de conflicto y, en definitiva, construir un Derecho Procesal Civil Internacional que garantice la tutela judicial efectiva en varias fases”.

Segarra, por su parte, enfocó su intervención en las modificaciones que la Ley de apoyo a las personas con discapacidad ha operado en la disciplina de Familia, “todas las personas tienen capacidad jurídica”, recalcaba, “unos a lo mejor no necesitan ningún apoyo, otros a lo mejor lo que necesitan es una asistencia para poder desarrollar su capacidad. Esto no lo podemos llevar a cabo si las propias personas con discapacidad no se empoderan, si no se involucran en diseñar su futuro”. Para ello, la Fiscal reclamaba “la implicación de toda la sociedad que todavía no se ha visto concernida en ese cambio porque no deja de ser una reforma del Cc y de la LEC y esto va dirigido a los que saben del tema, pero no. Sólo así cambiaremos la vida de las personas”.