Análisis

  • Manuel Sánchez de Diego Fdez. de la Riva. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Sección de Comunicación y Derecho del ICAM

Periodismo, democracia y secreto profesional

El martes, 11 de diciembre de 2018, un Juez de Instrucción de Palma de Mallorca dictó un auto que puede pasar a los anales del disparate o de los atentados contra la democracia. Se trata de una resolución judicial por la que se ordena requisar los ordenadores, teléfonos móviles y demás material de unos periodistas, todo ello para aclarar el origen de unas filtraciones en el caso Cursach. Este es un asunto de corrupción con mucho dinero de por medio, con testigos protegidos y con más de cien implicados, entre ellos policías y políticos.

El asunto no habría tenido más importancia de no tratarse de una actuación policial ordenada por el juez en dos medios de comunicación, la agencia de noticias Europa Press en Mallorca y el Diario de Mallorca. Allí se incautaron del trabajo de los periodistas que se encuentra en sus ordenadores, teléfonos móviles, memorias USB y documentos. Se había ordenado la incautación con el objetivo de descubrir la fuente que había filtrado determinadas informaciones a los periodistas. Debemos aclarar que no existía ninguna imputación a los profesionales de la información que justificara tal actuación.

No se trata solo del daño que se le hace a un periodista o a una redacción al privarle de los instrumentos para realizar su trabajo y poder informar. El daño es a la democracia y, por tanto, a todos nosotros.

Llama la atención que esta acción esté firmada por un magistrado, avalada por un fiscal y ejecutada por policías, todos ellos funcionarios públicos que deberían conocer y proteger nuestra Constitución. Su acción y su ignorancia dañan por descrédito a la judicatura y a la Justicia, porque el desconocimiento que han demostrado sobre el derecho fundamental al secreto profesional de los periodistas, no es admisible.

También escandaliza alguna declaración que señala que no es para tanto, pues ya se han realizado registros de despachos de abogados. Lo cierto es que el secreto profesional de los periodistas es diferente del secreto de los abogados. El letrado debe guardar sigilo sobre aquello que su cliente (que es conocido) le ha contado o revelado, con escasas excepciones establecidas en la Ley (para defenderse de la acusación de su propio cliente, blanqueo de capitales cuando el propio letrado participa en la actividad delictiva…). Se trata de un derecho y un deber. El secreto profesional del periodista es distinto, pues tiene derecho a guardar secreto sobre la identidad de sus fuentes, no sobre aquello que le han contado y que presumiblemente se publicará para conocimiento de todos. Y decimos que tiene derecho porque no existe un deber jurídico, aunque sí deontológico, pues si un periodista es engañado por su fuente, puede revelar su identidad. Sin embargo, todo buen periodista sabe que una parte importante de su trabajo se encuentra en las fuentes. Sin ellas, el periodismo se convierte en mero escribir sin fundamento real. La realidad y la noticia son las que marcan su actividad.

En nuestra Constitución se reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesionalen el ejercicio de estas libertades” (párrafo d. del apartado 1º del artículo 20). En esa última frase encontramos dos derechos constitucionales de los profesionales de la información: la cláusula de conciencia regulado por la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, y el secreto profesional, que aún no ha sido regulado por Ley Orgánica. Sin embargo, al tratarse nuestra Constitución de una norma de aplicación directa, aunque no exista norma que lo desarrolle este derecho es directamente accionable ante los tribunales. Hasta ahora su invocación ante un juez o tribunal bastaba para proteger al periodista.

El secreto profesional es esencial en un sistema democrático, pues de otra forma las fuentes no acudirían a los profesionales de la información y no fluiría información hacia los medios, sea la radio, la televisión, la prensa o los digitales. En definitiva, si no se protege este derecho, se está cegando a los informadores, y ello supone una quiebra en su función de contrapoder, propia de la libertad de información. Indudablemente quebraría la libertad de información, esencial en la creación de una opinión pública libre, que es imprescindible en una auténtica democracia. Ésta es una afirmación constante en nuestro Tribunal Constitucional y en otros órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema de los Estados Unidos de América o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esperemos que la resolución de su señoría, claramente desproporcionada a la finalidad buscada, no sea el principio de un proceso de restricción de la libertad de información sino una aislada metedura de pata, para lo cual es imprescindible “sacar la pata”, devolviendo todo a su lugar, y “pedir perdón”.

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