Análisis

  • Macario Alemany García. Director de la Cátedra “Emilio Balaguer” de Bioética, Historia de la Medicina y Medicina Social Universidad de Alicante

Paternalismo y vulnerabilidad: el caso de la pandemia de la COVID-19

El “paternalismo” consiste en el ejercicio del poder sobre un sujeto (individual o colectivo) con el fin de evitar que ese sujeto dañe sus propios intereses en la salud, la economía y, en general, en su bienestar. El paternalismo presupone (1) que los sujetos pueden dañarse a sí mismos y (2) que el poder puede ejercerse de modo benevolente en interés de los propios “sometidos”. Hay muchos factores diferentes que explican el porqué nos perjudicamos a nosotros mismos; todos serían supuestos de “comportamiento irracional”. Puede tratarse de una enfermedad mental, de la ignorancia de aspectos relevantes para tomar una decisión correcta, de comportamientos compulsivos generados por una adicción a una sustancia, al juego, etc.; o, simplemente, se tratará de factores de irracionalidad que son propios de la especie humana. Esto último es particularmente importante. En las últimas décadas se ha desarrollado enormemente la ciencia del comportamiento en torno a la idea de que los procesos por los que los seres humanos llegan a creer en algo o a tomar una decisión de hacer o no hacer algo son, con mucha frecuencia, irracionales. Quiere decirse que la racionalidad y la lógica son modelos y que si bien somos capaces, en ocasiones, de pensar despacio (por utilizar la expresión de Kahneman) y deliberar racionalmente, acercándonos en nuestra conducta a estos modelos, también, con mayor frecuencia, operaremos con un pensar rápido, que se nutre de heurísticos (sencillos esquemas de interpretación de la realidad) que pueden ser funcionales o no en relación con nuestros intereses. Me quiero centrar en este último tipo de comportamiento irracional. En particular estoy pensando en el comportamiento social, irracional y “natural” (en este sentido de propio de la especie humana), y que, por tanto, no se puede eliminar sin poner en marcha alguna estrategia “artificial”, por así decirlo. Dado que se trata de dificultar o hacer imposibles comportamientos o decisiones colectivas que dañen los intereses en el bienestar del propio colectivo, según la definición con la que he comenzado, estas estrategias serían formas de paternalismo. En este ámbito, sobre la irracionalidad de las decisiones colectivas o del comportamiento social y en relación con la pandemia, quisiera destacar tan solo tres factores de irracionalidad. Hay consenso científico en que para los seres humanos es particularmente difícil evaluar correctamente los riesgos en una determinada situación. No es lo mismo la percepción de riesgos que el cálculo de los mismos. Nos influye muchísimo lo que vemos, o la cercanía con un suceso, y muy poco las informaciones de tipo estadístico o de cálculo de probabilidades, sobre las cuales, además, es difícil de entender cómo se aplican a la toma de decisiones particulares. Igualmente, somos todos tendencialmente “miopes” en nuestras decisiones, esto es, que sobrevaloramos nuestros intereses a corto plazo (en ocasiones, la mera satisfacción inmediata de un deseo) y perdemos de vista nuestros intereses a largo plazo, aunque los consideremos “en frío” sin duda de mayor importancia. Finalmente, en el contexto social, esta miopía puede conducir a que los diferentes grupos sociales, más o menos organizados, traten de sacar ventaja de la situación a costa del perjuicio del bien común, lo cual a la larga termina por perjudicar a todos. En resumen, tenemos que asumir que, en esta pandemia y en las otras epidemias que padeceremos en el futuro, siempre nos enfrentaremos, entre otras, a las siguientes dificultades: una evaluación equivocada (a la baja) de los riesgos de contagio, sobre la probabilidad y gravedad de los mismos; la tendencia a atribuir mayor importancia a la satisfacción de los deseos más inmediatos (como, por ejemplo, comer con los amigos) frente al interés en no sufrir una enfermedad o, incluso, la muerte, y la tendencia al comportamiento parasitario o ventajista en situaciones de crisis. ¿Qué podemos hacer para enfrentar racionalmente estas dificultades? Algunos arreglos hacen (casi) imposible caer en estos errores y otros lo dificultan en diversos grados. Una acción decidida de “hundir los barcos” puede, efectivamente, reducir las alternativas, eliminando posibilidades negativas. Las sociedades contemporáneas están fuertemente juridificadas y muchas de ellas, como la nuestra, responden, en diferentes grados, a un modelo de democracia constitucional. Estos modelos manifiestan la tensión entre el valor del procedimiento de toma de decisiones democráticas, por mayoría, y el valor de una decisión atendiendo a su contenido (de respeto a los derechos fundamentales). Las constituciones, por ello, pueden ser vistas, en la medida en que restringen el ámbito de lo que cabe decidir por mayoría, como mecanismos de auto-paternalismo. Lo más parecido a “hundir los barcos” sería, por tanto, sustraer la gestión de las pandemias (al menos, las decisiones clave) a las decisiones mayoritarias. El déficit de racionalidad de la mayoría puede mostrarse directamente en las preferencias de la población y/o, indirectamente, en la actividad de sus representantes. El mandato representativo (no imperativo) de nuestro parlamentarismo es en sí mismo un mecanismo de superación de la irracionalidad del pueblo, pero siempre que honestamente se oriente a defender los intereses objetivos de la población y no los intereses particulares y espurios de los grupos políticos en liza. En definitiva, si se quiere evitar que la devaluación incorrecta de los riesgos, la miopía sobre nuestros intereses a largo plazo y el ventajismo tanto por parte de los ciudadanos como por parte de sus representantes conduzcan, en situaciones de crisis sanitarias, a la toma de decisiones erróneas, la única manera de impedirlo sería dejando en manos de un Consejo no representativo la toma de las decisiones más importantes. La legitimidad del consejo vendría por su origen, al ser constituido por la voluntad política de la mayoría, y por su carácter profesional, constituido por expertos en materia de salud pública en sentido amplio. La idea es que las agencias gubernamentales e intergubernamentales de expertos en relación con crisis sanitarias que ya existen pasen de ser órganos consultivos a órganos con competencias ejecutivas. El ámbito de aplicación de dichas competencias podría definirse estrechamente, para situaciones muy graves, y la finalidad de las mismas circunscribirse a evitar serios daños a la salud pública; igualmente, deberían estar sujetas a procesos de transparencia y rendición de cuentas. Habrá quienes piensen que esta propuesta entraña un paternalismo inaceptable, un ataque a la libertad injustificable; si lo es, no lo sería más que el que supone la autoridad de la Agencia Europea del Medicamento o la Food and Drug Administration de Estados Unidos. El interés público en tener una vacuna puede ser enorme, pero decidir por mayoría que un medicamento es seguro en contra de la opinión de los expertos sería irracional. Se me dirá que la propuesta es ingenua porque simplemente se manipularía la elección de los expertos para que estos respondieran de nuevo a intereses particulares y no al interés público. En España, tenemos la experiencia de cómo se puede manipular un procedimiento, el de elección del Consejo General del Poder Judicial, orientado a garantizar la neutralidad política, para conseguir exactamente lo contrario. Efectivamente, no hay diseño institucional que pueda sobrevivir a una falta radical de ética en la vida pública. No obstante, si se piensa detenidamente en el caso que nos ocupa y se proyecta hacia el futuro (no se decide ahora en el fragor de la batalla), creo que podríamos, paternalistamente, conseguir ser algo menos vulnerables a nuestra propia irracionalidad.