Análisis

Pasado, presente y futuro de la asistencia jurídica gratuita

ICAM

De izquierda a derecha: Antonio Morán, Joaquín Sánchez-Covisa, Patricia Bárcena García, Sonia Gumpert, Lorena Bachmaier y Lola Fernández. Foto: ACN

  • Modera: Lola Fernández, Diputada ICAM.
  • Intervienen: Sonia Gumpert, Decana ICAM (2012-17); Joaquín Sánchez- Covisa, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo; Antonio Morán, Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE. Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza; Lorena Bachmaier, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid; Patricia Bárcena García, Adjunta Segunda al Defensor del Pueblo.

Se realiza un recorrido histórico por la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, haciendo hincapié en que se trata de un servicio esencial para garantizar el derecho universal de acceso a la justicia y examinando los retos que plantea para que se dignifique esta labor tan fundamental.

Justicia gratuita, cuestión de vocación

“No hay nada que me guste más en el mundo que ser abogada de oficio, soy abogada de a pie, de la ciudadanía. Los puestos pasan, pero nuestra esencia es que somos abogados”, reconocía Fernández antes de dar paso a los ponentes.

Y es que la figura del letrado del turno, evolución de lo que se llamaba abogado de pobres, “hasta tiempos muy recientes constituía un timbre de honor que estaba por encima de cualquier retribución”, señalaba Gumpert.

La decana emérita recorrió la institución, desde su inclusión dentro del Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, pasando por los estatutos fundacionales del ICAM en 1596, ratificados por Felipe II, que establecían que “al tiempo que se designe al decano, se hará a 8 abogados que se harán cargo de la defensa civil y penal de los pobres en vergonzantes de esta Corte. Así, es una figura tan antigua como la propia institución colegial que desde entonces se ha mantenido”, destacaba. Gumpert aprovechó para reivindicar a Carmen Conde Peñalosa, “primera mujer decana, se consideraba soldado del Derecho. Su padre le enseñó que de la profesión se vive pero que con ella no se negocia. Entre todos debemos contribuir a recuperar ese espíritu en la justicia gratuita, está en la génesis y en el ADN tanto de la profesión como de las instituciones colegiales”.

Para Sánchez-Covisa, “se acerca a lo que decía Dostoevsky: no es conciencia de alquiler, es conciencia de Justicia”. El fiscal explicó la labor de la Comisión de Asistencia de Justicia Gratuita entre 1996 y 1998, antes de que la reforma de Ley de 2015 excluyera al MF en esta figura, “lamentablemente ha renunciado el legislador a la unidad de criterio en todo el territorio nacional”.

En la misma línea, Bárcena recalcaba que “hay que seguir trabajando en la supervisión de la calidad del turno y cómo se lleva a cabo, no con fin fiscalizador, sino de mejora y de dignificación. Hacen una labor espectacular que no está bien valorada socialmente ni pagada justamente, otro de los retos que hay que seguir exigiendo a la Administración. Se hace una labor social esencial que requiere de mayor apoyo, de muchas garantías, y sobre todo de mayor reconocimiento”.

Reivindicaciones

Precisamente, la exigüidad de la remuneración fue una de las reclamaciones reiterada en la mesa y que, como señalaba Fernández Campillo, no coincide necesariamente con la apreciación que hace la ciudadanía de los servicios del turno: “somos el patito feo de toda la justicia, pero los usuarios, en un 85%, lo valoran muy positivamente”, declaraba.

“Dignidad significa que el abogado perciba los honorarios profesionales por el servicio prestado y no se vea obligado a hacerlo por caridad o beneficencia, o por lo menos con quebranto económico. Las Administraciones Públicas no están velando por que esto sea así, esta es la eterna lucha de los Colegios; con la excusa de que las arcas siempre están vacías, al final la financian los Colegios y los abogados de su propio bolsillo”, indicaba Gumpert.

En este sentido, Morán reclamaba una nueva Ley de Justicia Gratuita y del Turno de Oficio “reglamentarista” que, entre otras, tenga “como esencia, como verdadera novedad, el criterio del pago universal, que significa que todo abogado designado por el Turno en todo caso será compensado económicamente, siempre y cuando no sea compensado por el ciudadano, aunque se le deniegue después la justicia gratuita”. Para ello, el decano de Zaragoza insistía también en que “debe de mantenerse como centro del derecho a percibir la JG a la persona física en relación a su situación personal, familiar y patrimonial. Habría que huir de las ampliaciones subjetivas oportunistas, ahora interesa hacer barra libre y, a determinadas materias o sectores, se les quiere conceder la JG porque sí. Si nos cuesta dinero a todos los ciudadanos, y encima no está bien compensado porque lo pagamos los abogados con nuestra cuota colegial, hay que delimitar la JG a quien (119 CE) acredita insuficiencia de medios para litigar”, defendía.

Entorno internacional

La situación no es más halagüeña en otros países de nuestro entorno, refería en último lugar Bachmaier, “la excusa es siempre la misma: somos un país pobre, no hay recursos para esto, entonces el derecho de acceso a la justicia se queda sin cubrir, aunque otros ámbitos no se quedan sin cubrir”, compartía. “Desde el Consejo de Europa nos encontramos con el problema de que en la jurisprudencia del TEDH no hay un derecho a la justicia gratuita, se reconoce en general el derecho de acceso a la justicia, y la obligación de los estados de eliminar todos los obstáculos a personas vulnerables o por razón de recursos, pero, en cuanto a esto último, se matiza que siempre y cuando esté justificado por los intereses de la justicia, lo que da lugar a múltiples interpretaciones y a la triquiñuela de que se recorta la obligatoriedad de intervención letrada en muchos ordenamientos”. Para la ponente, “JG supone equilibrar el acceso a la justicia de todo ciudadano que realmente no pueda costeárselo y la dignidad del ser humano debe estar por encima de cualquier situación económica”.