Análisis

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Nuevos horizontes en defensa de la abogacía

Para todos aquellos que no conozcan bien el departamento, Defensa de la Abogacía tiene tres finalidades fundamentales: escuchar, actuar y colaborar.

Escuchamos a todos los compañeros y compañeras, sus quejas y los problemas que afrontan diariamente en el ejercicio de la profesión, incluyendo supuestos especialmente dolorosos como los de desconsideración. A continuación, actuamos: damos traslado a los organismos competentes de todo cuanto necesita una resolución para la tutela y el correcto ejercicio del derecho de defensa. Y colaboramos: promovemos medidas concretas que permitan que nuestros compañeros y compañeras de Madrid ejerzan en mejores condiciones.

En el marco de esta tercera actuación, quisimos dar un reconocimiento a aquellas administraciones sensibles con el correcto ejercicio del derecho de defensa, con lo que significa nuestra profesión y con la defensa de derechos a la que nos debemos los abogados. Nació así el premio Defensa de la Abogacía, una iniciativa que pretende reconocer la colaboración de los distintos operadores jurídicos en el desarrollo de proyectos, hechos, iniciativas o acciones que supongan avances en la mejora de las condiciones en las que desempeñan su labor profesional los abogados y abogadas.

José María Alonso, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Luis Ortiz González posan con el premio Defensa de la Abogacía 2021

Premio Defensa de la Abogacía

En su primera edición, el galardón ha recaído en la secretaría general de Instituciones Penitenciarias por su compromiso para hacer realidad uno de los proyectos impulsados desde Defensa de la Abogacía: facilitar y garantizar la comunicación entre los profesionales de la abogacía y sus clientes privados de libertad. Fruto de la colaboración y coordinación interinstitucional, se logró algo que inicialmente parecía imposible: habilitar visitas presenciales y en remoto —mediante videollamadas— durante los peores momentos de la crisis sanitaria.

Tras alcanzar su primer objetivo, el proyecto se fue consolidando y concretando por distintos cauces, adaptando la realidad tecnológica existente a las comunicaciones entre los abogados y sus clientes internos en los distintos centros penitenciarios de nuestro ámbito territorial.

La fase inicial de este proyecto se instauró en los centros Madrid II y Madrid V, extendiéndose progresivamente al resto de los establecimientos penitenciarios, de tal forma que en la actualidad nuestros colegiados no necesitan desplazarse para comunicarse con su cliente privado de libertad, sino que pueden hacerlo mediante videoconferencia desde los espacios y equipos habilitados al efecto en Espacio Abogacía, cumpliendo con todas las garantías de confidencialidad.

Continuando con esta línea de trabajo, el siguiente paso se orientó a mejorar las condiciones para la preparación de causas complejas. Actualmente, son muchos los procedimientos en los que se requiere el examen de documentación utilizando dispositivos electrónicos debido al volumen y complejidad de las actuaciones. A tal fin, en los centros penitenciarios Madrid II, Madrid III y Madrid V se han instalado en locutorios habilitados al efecto ordenadores con doble pantalla, que permiten examinar las actuaciones de forma conjunta, reforzando y facilitando el derecho a conocer los hechos en que se funda la investigación o la acusación.

En la actualidad, trabajamos de manera conjunta en la búsqueda de entornos sin barreras en los establecimientos penitenciarios para el refuerzo no solo de la confidencialidad, sino de la confianza necesaria en el papel que tenemos los abogados en la defensa de nuestros clientes. El objetivo es que las entrevistas se lleven a término sin barreras físicas —siempre que las circunstancias concretas y la complejidad del asunto así lo determinen— en dependencias habilitadas que garanticen la confidencialidad de las conversaciones.

Nuevos proyectos

En esa misión de escucha permanente que da sentido a las actuaciones del departamento, cobra especial relevancia la continuidad de un proyecto iniciado el año pasado: el Barómetro sobre el Funcionamiento de la Justicia en Madrid. El equipo de Defensa de la Abogacía trabaja ya en la segunda edición, a la que invitamos a participar a todos los compañeros y compañeras para seguir calibrando los índices de calidad en aquellas cuestiones que más nos preocupan: los tiempos en la celebración de actuaciones, la atención a los profesionales, la accesibilidad al titular y al LAJ del órgano judicial, el trato recibido por parte de toda la oficina judicial, etc.

Una segunda iniciativa en la que estamos especialmente ilusionados, y en la que estamos recibiendo una excelente colaboración de la delegada de la Decana en los Juzgados de Instrucción es la implantación de una serie de medidas que terminen con esperas y pérdidas de tiempo innecesarias en las actuaciones ante los Juzgados de Guardia. En ello, como no podía ser de otra manera, queremos incorporar las nuevas tecnologías y aprovechar la sede del Colegio junto a Plaza de Castilla, habilitando las herramientas que permitan, desde las instalaciones de Espacio Abogacía, visualizar en tiempo real las horas de inicio de las actuaciones.

Uno de los proyectos más ilusionantes tiene que ver, sin duda, con la posibilidad de mejorar las condiciones del ejercicio profesional de aquellos compañeros y compañeras con discapacidad. Con ese propósito, el pasado 30 de noviembre dimos a conocer un Plan de Acción para la mejora de condiciones de accesibilidad en los juzgados y sedes judiciales, con el objetivo de evitar que se produzca discriminación alguna por razón de discapacidad. Se trata de un plan ambicioso, diseñado para dar visibilidad a todos los abogados y abogadas, cualquiera que sea su condición, y dotar a quienes lo necesiten de herramientas y cauces que faciliten y garanticen el ejercicio de su profesión.

Otro de los grandes retos que nos hemos marcado está relacionado con el perfeccionamiento de los cauces de información, aprovechando las salas Abogacía para agilizar la recepción de todas aquellas incidencias que permitan al Colegio actuar y contribuir a mejorar las condiciones de ejercicio del colectivo, manteniendo activa en todo momento la colaboración con los órganos de gobierno de la Administración de Justicia.

Dar forma al nuevo artículo 58 del Estatuto General de la Abogacía para que la abogacía sea escuchada en los expedientes gubernativos ante las salas de Gobierno es otro de nuestros desafíos, y queremos establecer también nuevos marcos de colaboración permanentes que nos permitan avanzar en proyectos como las conformidades con la Fiscalía.

Además, somos conscientes de que la defensa empieza por la autodefensa. Y por eso, entre nuestros proyectos está seguir poniendo a disposición de todos los compañeros aquellos mecanismos, manuales de defensa, jurisprudencia y protocolos de actuación que sean de mayor utilidad como primera medida de contención, sin obviar que una de las grandes razones de ser de este Colegio es proteger a sus abogados y estar ahí para cuando necesiten nuestra ayuda, nuestra interlocución y nuestra intermediación.

Abogadas y maternidad

Tras haber dado a luz el pasado 2 de agosto, la letrada Mónica Gil solicitó a un juzgado de lo Social de Madrid la suspensión de un señalamiento sobre un asunto laboral fijado para el 15 de septiembre, fecha coincidente con su baja por maternidad. En respuesta, una letrada de la administración de justicia emitió una resolución mediante la cual se denegaba la petición, alegando que su contingencia —la del embarazo— se podía haber previsto en el momento del señalamiento —allá por el mes de marzo— e instando a la abogada a que acudiera a los mecanismos legalmente previstos de sustitución entre letrados.

“No ha lugar a la suspensión solicitada, a la vista del tiempo transcurrido desde que se tuvo conocimiento por la empresa del señalamiento, 18/03/2021, por lo que se pudieron prever las contingencias que ahora se alegan para pedir la suspensión”, rezaba textualmente el escrito.

Tras hacer público el caso a través de las redes sociales —“al parecer en marzo tenía que haberle contado a mi cliente mi embarazo por si no me quería contratar”—, por sugerencia de un compañero la letrada acudió al departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM tres días antes del señalamiento, y con un fin de semana de por medio. “Enseguida me dijeron que les enviara toda la documentación. Era un viernes y el lunes siguiente se pusieron en contacto con el juzgado, conciliaron de alguna manera y consiguieron que se suspendiera la vista”, recordaba la abogada en un mensaje grabado a los pocos días del suceso.

“Los abogados y abogadas tenemos hijos, padres, parejas, enfermedades… y parece que eso no existe. No está recogido legalmente como causa de suspensión; ahora depende de la sensibilidad de los titulares de los órganos judiciales y no debería ser así “, señalaba entonces la responsable de Defensa de la Abogacía, Victoria Espejel, recordando que el departamento afronta situaciones similares “prácticamente a diario”.