Análisis

  • Enrique López y López. Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

Un nuevo proceso penal

La necesidad de un nuevo proceso penal ha sido reclamada desde todos los ámbitos, jueces y fiscales, cátedra y abogacía, de tal suerte que, a pesar de las diversas modificaciones, ya han transcurrido más de tres siglos desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley en su origen fue definida por su claridad, progresismo y espíritu renovador, y determinó el proceso penal español como un sistema acusatorio formal o mixto. Muchos han sido los intentos de superación, siendo los más importantes el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 27 de julio de 2011, y la propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborada por la Comisión Institucional creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, estándose en la actualidad trabajando en la fusión de ambos textos. Tal cual se destaca en el segundo de las propuestas prelegislativas “Tan obvia resulta la obsolescencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que el clamor unánime en favor de su sustitución por un nuevo texto legal haría vana una detallada exposición de los argumentos justificativos de la decisión de emprender la reforma.”

La queja más generalizada sobre nuestro proceso penal es la lentitud, de tal suerte, que cualquier reforma debe estar dirigida a que sin merma de las garantías constitucionales,  el proceso  penal se ventile en términos temporales más razonables y que garanticen un proceso sin dilaciones indebidas que la Constitución reconoce en su art. 24.2,  resultando paradójico el esfuerzo por derogar el nuevo art. 324 de la LECRim, precepto que, mejorado en algunos aspectos, debería estar presente en el nuevo proceso penal. El primero y más importante de los cambios a desarrollar es la apuesta por el Fiscal investigador; ahora bien, bajo mi punto de vista, el problema no es sustituir al Juez de Instrucción por el Fiscal investigador sin más, sino avanzar, y aunque parezca paradójico, volviendo al espíritu de nuestra vetusta ley de Enjuiciamiento Criminal, sustituir el sumario o las diligencias previas, como necesario instrumento procesal de preparación del juicio oral, por una fase pre procesal o procesal de mera investigación y sin valor probatorio, trasladando el enjuiciamiento y la prueba al juicio oral, debiendo ser la prueba predeterminada o preconstituida una excepción.

El problema que hemos padecido en España, es que este espíritu inicial de Alonso Martínez, el cual concibió la instrucción como una mera preparación del juicio oral, se ha desnaturalizado, convirtiéndose en la fase nuclear del proceso, de modo que el juicio oral queda devaluado por la duración y sobre todo extensión de lo que es una fase preparatoria. En el nuevo proceso, el Ministerio Fiscal debe ser el responsable de la investigación, siempre bajo el control de un Juez de garantías, evitando la implicación de este último  en la investigación para no cuestionar en modo alguno su imparcialidad objetiva, sublimando su función de garante de los derechos de las partes. En este nuevo proceso se debe reforzar la intervención de la defensa, evitando cualquier riesgo de desigualdad.

En el ejercicio del derecho a la defensa se debe tener en cuenta la  presunción de inocencia como derecho básico del ser humano, y ello,  desde el inicio del proceso; la presunción de inocencia ya genera por si misma una desigualdad de cargas procesales, en tanto la defensa no está obligada a la búsqueda de elementos exculpatorios, como ocurre en otros modelos adversariales, como el norteamericano; la consideración del investigado como un inocente, obliga a investigar para poder probar su culpabilidad. Ahora bien,  se deben articular instrumentos que permitan a la defensa introducir diligencias de investigación exculpatorias, controlando su efectiva práctica el Juez de garantías; la presunción de inocencia no solo juega como regla de decisión final en una sentencia, sino que también juega como regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal, partiendo de la idea de que el imputado es inocente durante el proceso penal, y en consecuencia debe ser excepcional la restricción de sus derechos durante el mismo; pero también tiene una dimensión extraprocesal (STEDH de 10 de febrero de 1995, asunto Allenet contra Francia), consistente en el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor en hechos delictivos, que puede resultar vulnerado con las declaraciones públicas de culpabilidad no judiciales, antes de existir una condena, y determina la exigencia de una información veraz que respete el derecho de todos a la presunción de inocencia. Por ello en este nuevo sistema, se debe velar mucho más, por la preservación de este derecho. En esta línea se debe regular cuidadosamente la declaración del investigado dentro de la fase de investigación y antes de proceder, a su imputación formal, y se mantenga la posibilidad de que el investigado pueda entrevistarse reservadamente con su abogado, con carácter previo a la toma de cualquier declaración.

Partiendo de que confiar la investigación al Ministerio Fiscal supone un control judicial, tanto en su inicio como en su finalización, también debe regularse el principio de oportunidad reglada e introducir la mediación en casos que así lo permitan. La nueva ley no puede apartarse de la regulación del derecho a la defensa que se ha hecho por la LO 5/2015, la cual sigue las directrices de las Directivas Europeas en la materia, a la vez que debe reforzar el estatuto de la víctima en el nuevo proceso, evitando cualquier atisbo de revictimación. Por otro lado, debe mejorarse la ya aceptable regulación de la práctica de diligencias de investigación que supongan merma o restricciones de derechos fundamentales. La nueva ley debe asegurar, así como ya lo hace la ley del Jurado, que el juicio oral es la fase de la práctica de la prueba por excelencia, previendo ciertos aspectos de gestión del juicio que permitan mayor agilidad en su celebración. Algo que no merece mucha atención, y que considero importante, es la necesidad de que la responsabilidad civil y administrativa no se ventilen en el proceso penal, mas allá de establecer la intangibilidad de los hechos que puedan dar lugar a tales responsabilidades. En definitiva, se trata de avanzar hacia un nuevo proceso que mantenga los aspectos positivos del  actual, y supere los negativos y anquilosados.

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