Análisis

  • Yolanda Quintana Serrano. Secretaria General de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

El nuevo derecho de rectificación: una amenaza para la libertad de información

Cuando en octubre del año pasado el pleno del Congreso aprobaba con el apoyo de todos los grupos la reforma de la Ley de Protección de Datos, convertida en ‘Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales’[1], desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)  resumíamos así la nueva norma: “innecesaria, peligrosa y a medida de los políticos”.

El artículo 85 sobre el “Derecho de rectificación digital” es un buen ejemplo de ello. También lo es de las acciones de incidencia legislativa que, desde la PDLI, hemos venido llevando a cabo para mejorar esta norma durante toda su tramitación, de modo que nuestros derechos y libertades quedaran salvaguardados, en particular las libertades de expresión e información.

Aunque, sin duda, los más visible de esa labor haya sido haber logrado que el Tribunal Constitucional declare nulo y contrario a nuestra Carta Magna una de sus disposiciones más polémicas (la que modificaba la Ley Electoral legalizando el perfilado ideológico por parte de los partidos políticos para realizar propaganda electoral), al haber impulsado, conjuntamente con asociaciones de internautas y juristas especializados, el escrito ante el Defensor del Pueblo pidiendo la interposición de este recurso, nuestra primera victoria sobre esta ley la conseguimos al lograr que se modificase este artículo 85 sobre el derecho de rectificación:

Si ya de por sí era un artículo problemático, a raíz de una enmienda de última hora a finales de verano, se creaba un procedimiento de ‘rectificación digital’ en el que se prescindía de los jueces una vez más, y los sustituía por ‘protocolos efectivos’, modificando por la puerta de atrás la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Bajo el contradictorio título “La libertad de información en Internet”, se imponía la obligación a las empresas de Internet de “previa queja o aviso, eliminar contenidos que atenten contra el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Además, acababa con el derecho al anonimato en Internet al establecer que los responsables de los servicios de Internet (…) garantizarían “la identificación de los usuarios” que puedan vulnerar el derecho al honor, cumpliendo así una vieja amenaza[2] de los legisladores.

Desde la PDLI, que registramos en el Congreso un escrito contra esta propuesta, considerábamos que, en caso de contenidos erróneos o noticias falsas, la actual normativa que regula el derecho de rectificación ya es aplicable a los medios digitales, y que duplicar la normativa iba a provocar inseguridad jurídica. Además, no siendo necesario para proteger los derechos de las personas, se generaba una gran incertidumbre y preocupación sobre su verdadera finalidad: ¿se trata de un derecho a medida pensado para personajes públicos? ¿se les otorga la capacidad de reescribir la historia?

Estaríamos, por tanto, más que ante un derecho de rectificación, como está contemplado en la Ley 2/84, ante el derecho a reescribir el pasado, inaceptable y contrario al derecho a conocer de la ciudadanía.

En cuanto a la ampliación de esta obligación de rectificación de contenidos a las plataformas digitales, considerábamos que era muy peligroso trasladar las decisiones que afectan a la libertad de información (es decir, la responsabilidad legal de borrar, ocultar o modificar un contenido, como las noticias en los medios digitales) a empresas que carecen de los elementos de valoración necesarios, al no haber sido ni los editores ni los autores de esas informaciones, para sopesar la pertinencia o no de atender una rectificación. Existía el riesgo razonable de que, a falta de esos criterios, se vieran impulsadas a aceptar, por defecto, cualquier solicitud que se les presente sin entrar en consideraciones sobre la justificación o no, desde el punto de vista periodístico o informativo, de esa alteración que se les demanda. Una preocupación análoga a la que desde la PDLI hemos venido manifestando en relación al derecho al olvido en el caso de personajes públicos.

Finalmente conseguimos que antes de la votación del informe de la Ponencia, el artículo 85 sobre el derecho de rectificación en Internet, quedase bastante desdibujado mediante una enmienda de última hora.

Sin embargo, no se resolvieron todos los problemas. Como avisaba nuestro director legal, Carlos Sánchez Almeida, aunque ahora el artículo por fin mencionaba la LO 2/1984, “excede la misma: el derecho de rectificación de la LO 2/1984 solo permite rectificar información inexacta, no está para proteger el derecho al honor o la intimidad”. Además, “tampoco especifican el momento temporal en el que hay que introducir el aviso de rectificación. ¿Antes o después de pasar por el juez? Mucha gente se asustará al recibir un burofax, y se autocensurará”, advertía.

En definitiva, a pesar de haber logrado que, durante la tramitación, se eliminaran algunos de los aspectos más lesivos[3] de este artículo tras una intensa campaña de denuncia de la PDLI[4], se han mantenido aspectos muy discutibles al extender las obligaciones de rectificación de los medios a cualquier usuario de redes sociales. Ahora, las plataformas estarán obligadas a notificarles los requerimientos de rectificación que les lleguen.

Además, el derecho de rectificación, que hasta ahora se limitaba a información inexacta, ahora se amplía a honor e intimidad. De este modo se abre la puerta a acciones legales cuya finalidad pueda ser disuadir de la publicación de informaciones incómodas.

Finalmente, es importante recordar que, aunque la norma no lo deja claro, los usuarios no deben introducir ningún aviso de rectificación que afecte a honor e intimidad si la información es exacta. Los juristas de la PDLI aconsejan que “En caso de duda, es preferible esperar a la decisión del juez. Nuestra recomendación es combatir el artículo 85 de la ley en tribunales”.

Como sostiene nuestro director legal “El derecho de rectificación sobre honor e intimidad en internet es un peligro para la libertad de emitir y recibir información veraz, y es posiblemente inconstitucional”.


[1] “Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Informe de la Ponencia” (BOCG, 9 de octubre de 2018 Núm. 13-3) Disponible online en: <http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-3.PDF>

[2] Ver: “La PDLI advierte que no puede prohibirse el anonimato en Internet” 1 diciembre de 2017. Disponible online en: < http://libertadinformacion.cc/la-pdli-advierte-que-no-puede-prohibirse-el-anonimato-en-internet/>

[3] Ver: “Victoria para la libertad de expresión: la nueva Ley de Protección de Datos renuncia a controlar contenidos digitales y a acabar con el anonimato en Internet”, 10 octubre de 2018. Disponible online en: < http://libertadinformacion.cc/victoria-para-la-libertad-de-expresion-la-nueva-ley-de-proteccion-de-datos-renuncia-a-controlar-contenidos-digitales-y-a-acabar-con-el-anonimato-en-internet/>

[4] Ver: “Contra el ‘derecho de amnesia’ que esconde la reforma de la Ley de Protección de Datos”, 4 de octubre de 2018. Disponible online en: > http://libertadinformacion.cc/contra-el-derecho-de-amnesia-que-esconde-la-reforma-de-la-ley-de-proteccion-de-datos/>

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