Análisis

  • Verónica Ester Casas. Of Counsel, Simmons & Simmons. Abogado del Estado excedente. Ex-Agente del Reino de España ante el TJUE

Nuevas tecnologías y sociedad de la información en la jurisprudencia del TJUE

En el marco de la evolución de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información, el Tribunal de Justicia ha ido dictando una importante jurisprudencia –toda ella en formación de Gran Sala– que abarca un amplísimo elenco de áreas sustantivas del Derecho de la Unión, en el que los tribunales españoles han tenido una notoria participación.

El primer asunto que ha destacarse es el referido al asunto Google, que dio lugar a la sentencia de 13 de mayo de 2014 (C-131/12), resolviendo una cuestión prejudicial promovida por la Audiencia Nacional de España en un litigio entre Google y el Sr. Costeja y la Agencia Española de Protección de Datos.

En este asunto, el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza de la actividad de provisión de contenidos digitales llevada a cabo por los motores de búsqueda en internet, como el de Google. Para el Tribunal esta actividad constituye un “tratamiento de datos personales”, y Google es “responsable” de dicho tratamiento en el sentido de la Directiva 95/46, de Protección de Datos, aplicable ratione temporis al litigio de origen.

Ahora bien, esta sentencia es conocida por el gran público porque en ella se consagró el llamado “derecho al olvido”, al afirmar el Tribunal de Justicia que la Directiva de Protección de Datos debe interpretarse en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida en una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, vínculos a páginas web publicadas por terceros, y que contienen información relativa a esa persona, aun cuando la publicación aparecida en esas páginas sea lícita, y sin necesidad de que la información haya sido previamente eliminada o cancelada por los editores de dichas páginas web. Con esta interpretación, la jurisprudencia europea alumbra un modelo garantista de los derechos reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No obstante, el Tribunal también deja abierta la puerta a que sean las autoridades u órganos jurisdiccionales nacionales los que hagan un ejercicio de valoración, al objeto de lograr un “justo equilibrio” entre el interés legítimo de los internautas en tener acceso a la información, y los derechos fundamentales de la persona afectada.

Al igual que la sentencia Google, otra segunda sentencia de gran trascendencia en el medio digital europeo es la referida a la empresa Facebook, pronunciada por el Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 2015 al resolver el caso Schrems y Facebook Ireland (C-362/14). Se trata de un litigio suscitado entre el Sr. Schrems y la Data Protection Commissioner de Irlanda, respecto de la negativa de éste de instruir una reclamación del primero contra Facebook por transferir a EE.UU datos personales de los usuarios que los conservan en servidores ubicados en ese país. Este asunto planteaba una cuestión de validez de la Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, sobre la adecuación de la protección conferida por los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada y las correspondientes preguntas más frecuentes, publicadas por el Departamento de Comercio de EE.UU.

La Comisión había adoptado el 27 de noviembre de 2013 una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Restablecer la confianza en los flujos de datos entre la UE y EE.UU», a la que acompañaba un informe que contenía las «conclusiones de los copresidentes de la Unión Europea del grupo de trabajo ad hoc Unión Europea-Estados Unidos sobre protección de datos personales», que se había elaborado a raíz del estallido del caso Snowden, y ponía el énfasis en el hecho de que las autoridades estadounidenses podían acceder y seguir tratando los datos personales de los ciudadanos de la Unión enviados a Estados Unidos en el marco del régimen de puerto seguro de forma incompatible con los motivos por los que se recogieron inicialmente dichos datos y con los fines por los que se transfirieron a Estados Unidos.

El Tribunal de Justicia entendió que las autoridades de control de los Estados miembros pueden entrar a examinar la solicitud de una persona relativa a la protección de sus derechos y libertades frente al tratamiento de los datos personales que la conciernen que se hayan transferido desde un Estado miembro a ese tercer país, cuando el Derecho y las prácticas en vigor en éste no garantizan un nivel de protección adecuado. Asimismo, declaró la nulidad de la Decisión 2000/520/CE.

Por último, conviene referirse al asunto Asociación Profesional Élite Taxi/Uber, resuelto por la sentencia de 20 de diciembre de 2017, donde se examina la naturaleza jurídica de los servicios prestados a través de una plataforma tecnológica, que permite conectar a cambio de una remuneración, y a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, a conductores no profesionales, que utilizan sus propios vehículos, con pasajeros que desean realizar un desplazamiento urbano (conocido como servicio “UberPop”). Se trataba de determinar si, además del servicio de intermediación entre conductores y usuarios, Uber influía de una manera más o menos decisiva en la prestación del servicio subyacente contratado. La conclusión a la que se llegara resultaría decisiva a efectos de determinar si tal servicio entraba o en el ámbito de la libertad fundamental de prestación de servicios del artículo 56 TFUE.

El Tribunal de Justicia concluyó que Uber no sólo presta un servicio de la sociedad de la información, sino que contribuye a crear toda una oferta de servicios de transporte urbano, cuyo funcionamiento general organiza a través de sus herramientas informáticas. Uber presta, en efecto, un servicio de transporte.  La consecuencia de esta calificación del servicio prestado por Uber como un servicio de transporte, es que, al no haberse adoptado a día de hoy normas comunes de política de transporte en toda la Unión (al amparo del artículo 91 TFUE), ha de estarse a lo que establezcan las respectivas normativas nacionales de los Estados miembros, que simplemente tendrán que ajustarse a la exigencia más laxa de respetar las normas generales del TFUE.

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