Análisis

  • Inmaculada Montalbán Huertas. Magistrada Tribunal Superior de Justicia Andalucía, sede Granada. Expresidenta de la Comisión de Igualdad y del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial

Nuevas claves jurídicas en la lucha contra la violencia de género

La normativa europea y el movimiento feminista reclaman enfrentar la violencia de género con las mismas herramientas políticas que se utilizan contra cualquier otra violación de derechos humanos.

¿Qué instrumentos necesitamos? Allison Briysk (2017) nos proporciona algunos. En primer lugar, aumentar la conciencia sobre lo que es: esencialmente, un abuso de poder a través del cual se mantiene la subordinación y desvaloración de las mujeres, no un trastorno mental ni un atavismo cultural. En segundo lugar, la movilización cívica de la ciudadanía que ha de ejercer presión, señalar y denunciar toda forma de abuso (ejemplos hallamos en las manifestaciones del 8 de marzo en las ciudades españolas y en las protestas contra las decisiones judiciales en el proceso por violencia sexual contra “La Manada”). Y, tres, se necesita una acción política dirigida a asumir los desafíos con reformas normativas que reconstruyan intereses e identidades.

Asistimos a la construcción de un nuevo marco normativo español tras el Convenio del Consejo de Estado sobre prevención y lucha contra la Violencia sobre la Mujer y la Violencia Doméstica (conocido como Convenio de Estambul). Es el primer instrumento vinculante en esta materia en la Unión Europea y a partir de su entrada vigor (el 1 de agosto de 2014) su corpus dogmático es directamente aplicable como la normativa interna. Exige que los estados apliquen la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones; nos obliga a entender por violencia contra la mujer por razón de género toda aquella que se  sufre por el hecho de ser mujer, o aquella que sufren de manera desproporcionada las mujeres, como es la trata sexual. Por tanto, nos reclama superar el concepto legal de violencia de género limitado al ámbito de la pareja, que introdujo la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La necesaria adecuación de nuestra normativa a este compromiso es una de las justificaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017 con dotación presupuestaria propia. El documento contiene 214 medidas. Unas dirigidas a recuperar las que fueron eliminadas con la excusa de la reducción del déficit económico del país; es el caso de las competencias de las administraciones locales, o de la exigencia de contenidos curriculares en materia de igualdad en las enseñanzas. Otras pretenden conjurar los defectos detectados tras más de una década de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, como es la ausencia de especialización de la judicatura. Este Pacto está pendiente de ejecución y exige reformas legales; no obstante, la experiencia demuestra que no basta con leyes sino que también se necesita una interpretación y aplicación conforme a los principios internacionales y  constitucionales.

¿Cómo podemos contribuir desde el ámbito del Derecho? Contamos con claves interpretativas que nos proporcionan tanto la normativa internacional como nuestro propio derecho antidiscriminatorio, en especial en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Oportunidades de Mujeres y Hombres. El enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género pueden impedir que los prejuicios y estereotipos se introduzcan en el proceso de interpretación de las normas. Solo así podremos evitar la impunidad y falta de protección de las mujeres cuando acuden al sistema judicial. A estos elementos hay que añadir el necesario abordaje como cuestión de seguridad pública, que obliga al Estado a adoptar medidas de protección de las mujeres.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en su Recomendación General nº 33, ha afirmado que “…Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa ...En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”. La certeza de este considerando reclama su transcripción casi literal.

Un claro ejemplo de “prejuicio o estereotipo”, de los más frecuentes, se encuentra en la noción preconcebida del “consentimiento” de las mujeres víctimas de violencia sexual, en minusvalorar los ataques sexuales a las mujeres. La idea de voluntariedad y de consentimiento resulta problemática en el momento de la valoración y aplicación de las normas cuando no se utiliza la perspectiva de género en el análisis de las circunstancias. También existen dificultades para que el testimonio de estas víctimas resulte creíble y válido como prueba de cargo hábil para desvirtuar el principio de presunción de inocencia o simplemente para fundamentar la pretensión de protección en vía administrativa de mujeres inmigrantes víctimas de trata sexual. Encontramos sentencias que cuestionan la credibilidad de la testigo principal en procesos por trata de seres humanos, por los beneficios administrativos que pueden obtener de la colaboración con la policía. Tales beneficios (autorización de residencia e interrupción del procedimiento administrativo de expulsión) se configuran por la ley como bienes instrumentales para conseguir desmantelar organizaciones criminales. Negar credibilidad a la víctima por este motivo supone tanto como despojar al Estado de uno de los elementos de lucha contra el crimen organizado.

En resumen, quienes solicitan el derecho (por medio de Otrosí o con otras fórmulas) y quienes lo aplicamos en sentencias o autos debemos entender la violencia de género como abuso de poder y manifestación de una discriminación estructural que sufren las mujeres. Una vez fijado este presupuesto, nuestra responsabilidad es enfrentarla, en la interpretación y aplicación de la norma, como una cuestión de seguridad pública, con enfoque de derechos humanos y de género. De esta manera seguro que podremos superar los continuos desafíos de esta grave criminalidad, la cual se mantiene y reinventa aprovechando la desigualdad entre mujeres y hombres.

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