Análisis

  • Enrique López López. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid

Nueva complicidad

La pandemia de COVID-19 ha cruzado fronteras y ha supuesto un revés, a todos los niveles, para la sociedad española, alterando nuestras costumbres y afectando a nuestro bienestar. La Justicia no es una excepción a este respecto. Las circunstancias nos han puesto en una situación muy difícil. Para los que integramos la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas que tengo el honor de dirigir, también ha sido motivo de reflexión, de respuestas, de adaptación inmediata y me atrevo a decir, que de segura recuperación.

En estos meses no hemos estado solos. Formamos parte de un Gobierno serio y valiente que se adelantó en medidas, que no ha escatimado en esfuerzo y trabajo. En este durísimo viaje, también ha sido inestimable la ayuda y la colaboración de todos los operadores jurídicos y de toda la sociedad madrileña. Probablemente ha sido éste el escenario más difícil que me ha tocado vivir como servidor público pues el estado de alarma ha supuesto medidas prácticamente inéditas, como el confinamiento de la población y también, el confinamiento de derechos individuales amparados por la Constitución.

Soy consciente de que la justicia juega una función social extraordinaria y esta crisis nos muestra la oportunidad de volver a elaborar políticas públicas que ofrezcan a la sociedad un mejor servicio, reformulando un cambio de modelo, un modelo más ágil y eficiente que incremente la seguridad jurídica y refuerce nuestra competitividad. Si anteriormente a la pandemia teníamos una hoja de ruta establecida y unas convicciones profundas sobre las necesidades y demandas de la justicia madrileña que establecimos en el Plan Justicia 21x21; ahora han surgido otras nuevas y necesitamos, más que nunca, de esa unidad y consenso para seguir avanzando y construir planteamientos de corte práctico. Con diligencia y eficacia, siendo conscientes de las competencias que tenemos las CCAA en materia de justicia, bajo las decisiones del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio y en consonancia con el resto de actores y agentes sociales.

La realidad nos ha puesto a prueba. Pero hemos intentado poner certidumbre en la incertidumbre y tejer, desde la Justicia y el Derecho, ese camino por el que transitan los colectivos más afectados por la COVID-19, ofreciéndoles respuestas proporcionadas y creíbles. La prioridad fue proteger la salud de los trabajadores de la Administración de Justicia, de cuantos trabajan en las sedes judiciales y de todos los usuarios. Hemos seguido las pautas que nos han marcado en cada momento las autoridades sanitarias y hemos trabajado en la implantación de medidas, tanto colectivas como individuales, antes incluso de que se decretara el estado de alarma. Con dificultad conseguimos materiales hasta en mercados bloqueados y los pusimos a disposición de los casi 9.500 trabajadores que componen la plantilla del personal funcionario y laboral de la Administración de Justicia, pero también a jueces, fiscales y letrados, sin estar siquiera legalmente obligados. Pero no nos quedamos ahí, garantizamos la distancia social, a través del servicio de vigilancia privada de las sedes judiciales, instalamos dispensadores de gel desinfectante en todos los accesos, controlamos el aforo en las zonas comunes y de atención al público redistribuyendo los puestos de trabajo y colocando mamparas de protección. Entregamos más de 10.000 pantallas faciales y 96.000 mascarillas y facilitamos al personal al servicio de la Administración de Justicia 9.000 test rápidos, por control y prevención, pensando en la reanudación de la actividad y pensando también en la tranquilidad de todos. Porque todos y cada uno, son parte de la solución de esta crisis sanitaria.

Sé que solo expreso una opinión general si afirmo, que persisten los riesgos sanitarios, con posibilidad de un nuevo rebrote y que son temibles las consecuencias sanitarias y económicas que conlleva la pandemia. Siendo conscientes de esto, nos hemos ido preparando haciendo un esfuerzo ingente en la implementación de las medidas que han permitido y permitirán el teletrabajo, con 800 licencias del programa ISLA, y estamos trabajando en dar acceso al total de funcionarios de las oficinas judiciales y fiscales además de la puesta a disposición de una nueva dotación de ordenadores y acceso a VPN a todos los Jueces, Fiscales y Letrados, sin olvidarnos de la implantación de la aplicación Zoom para la realización telemática de vistas en órganos judiciales y el fomento de la firma electrónica. Esta crisis nos ha de servir para impulsar el proyecto de modernización de la justicia madrileña que ya habíamos iniciado, con la implantación de nuevos sistemas de información, aplicaciones y servicios para los ciudadanos y profesionales y la adecuación de los medios que necesitan las sedes judiciales. Queremos, con un escrupuloso respeto a todos, afrontar estos nuevos retos retomando en las mejores condiciones y con ambiciones redobladas todos los proyectos de mejora y modernización que tenemos en marcha. Porque estoy convencido que es el mejor momento para ese impulso modernizador.

Se trata de recuperar la vida en las calles, el pulso de nuestra economía y se hace necesario recuperar también el ritmo judicial y estar preparados para ese posible colapso que prevén los principales operadores jurídicos. Es cierto que no todo lo solucionan las nuevas tecnologías y por ello, aparte de conciliar medidas de protección con la tutela judicial efectiva e imprimir la modernización que nos reclaman los ciudadanos, vamos a reforzar el orden jurisdiccional social, mediante la puesta a disposición de cuatro nuevas salas de vistas, con el fin de facilitar y agilizar la celebración de juicios. También desplegaremos medidas de apoyo para la resolución de demandas judiciales por la COVID- 19, ofreciendo recursos económicos suficientes, para proveer de personal de refuerzo, así como equipamiento necesario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Fiscalía, para apoyar y reforzar la atención para hacer frente a la avalancha de demandas de víctimas del virus.

Otro de los ejes y prioridades para este Consejero es el factor humano de la Justicia, porque la justicia está hecha para las personas. Por ello, en la elaboración del Plan de Choque real para hacer frente a esta crisis, hemos tenido en cuenta incentivos para los que operan día a día en la Administración de Justicia. Pero no solo los profesionales han de estar justamente tratados, también los usuarios. Durante esta crisis hemos estado muy pendientes de los colectivos más vulnerables o a los que más ha afectado esta pandemia, sobre todo de las víctimas de violencia de género o de los menores que sufren violencia, poniendo los medios necesarios para que no se produzca revictimización y haciendo de los juzgados, espacios más seguros y amigables.

La modernización y la humanización son claves para la calidad de la Administración de Justicia. Y a su vez, la calidad ha de ser uno de los pilares fundamentales de la gran empresa de reconstrucción autonómica y nacional a la que todos estamos convocados. La influencia de este extremo sobre competitividad y dinamismo es determinante. Necesitamos de seguridad jurídica para que la economía se fortalezca. Aunque no es una medida que tenga como causa la pandemia, sí que se ha impulsado en este contexto; me refiero al Observatorio de Justicia y de Competitividad de la Comunidad de Madrid, pensado para mejorar el funcionamiento de la justicia madrileña, incidiendo en la productividad y el crecimiento económico de la región.

Superar esta crisis es fundamental para poder continuar con nuestra hoja de ruta, afrontando nuestros grandes proyectos y para seguir trabajando en la creación del Distrito Judicial Único en la Capital, ahora que los tribunales han desbloqueado el proyecto de la Ciudad de la Justicia. La Comunidad de Madrid también está en disposición de poner en funcionamiento siete juzgados nuevos, ya aprobados, seis de ellos en Madrid Capital y el séptimo en Torrejón de Ardoz. Es necesario y urgente abrir todas estas unidades como lo es tener una planta judicial acorde con la carga de trabajo.

En éste y en otros temas, necesitamos el firme y decidido apoyo del Gobierno central para facilitar los recursos indispensables que garanticen la superación de esta pandemia que, por su urgencia y gravedad, exige el máximo esfuerzo y colaboración (y además hay que recordar que la Comunidad de Madrid es la que concentra una mayor actividad judicial). El Gobierno de España debe disponer de los recursos presupuestarios suficientes para poder hacer frente a las consecuencias, tanto sanitarias como económicas del coronavirus y el Ministerio de Justicia ha de reaccionar en temas de gran importancia como la revisión de la planta judicial o el aumento de la ratio de jueces por habitante.

Necesitamos de una arquitectura judicial que despeje desajustes. Y necesitamos gobernantes en España que acierten con las medidas y generen confianza. Necesitamos medios. Necesitamos inversión. No cantos de sirena. Por muchos milagros que hagamos organizativamente, por muy buena planificación que tengamos, o por mucha valía y profesionalidad de los que participan en la Administración de Justicia, necesitamos financiación estatal. Han sido importantes y necesarias las reuniones del ministro de Justicia con los representantes de justicia de las autonomías, pero para afrontar la crisis con plenas garantías, hay que pasar de las palabras a los hechos.

Seguiremos insistiendo y seguiremos dialogando. Necesitamos más que nunca diálogo y unidad. O, mejor dicho, necesitamos de una unidad que nace del diálogo, y el entendimiento. Se trata de un tema de Estado, de un servicio esencial que se ha de afrontar con las mayores garantías posibles y la celeridad necesaria. Esta Consejería seguirá con la puerta abierta para todos, en búsqueda constante de soluciones constructivas para importantes desafíos compartidos.

Es fundamental para ganar el futuro, por difícil que nos parezca, una nueva complicidad. Una nueva complicidad con todos los sectores de la Administración de Justicia, una nueva complicidad con aquellos que consideran la justicia como un servicio público esencial, riguroso y avanzado. Nueva complicidad con quienes están convencidos que es el momento de reforzar el uso de herramientas digitales o con aquellos que trabajan por una justicia menos complaciente con el poder y más independiente. Nueva complicidad con los que no ceden al desaliento y desean devolver a Madrid y a España el empuje y la confianza.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto