Análisis

  • Patricia Orejudo Prieto de los Mozos. Abogada en Red Jurídica . Profesora Titular de Derecho Internacional Privado en la UCM

Los centros de internamiento de extranjeros ante la situación del COVID-19

Cuando se declaró el estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19, el pasado 14 de marzo (RD 463/2020), había más de un millar de personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a la espera de ser deportadas o, en circunstancias normales, y con casi mayor probabilidad, liberadas.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2018, de las 7.855 personas que fueron internadas en un CIE, sólo 5.582 fueron expulsadas (el 58,33%); los dos años previos, el porcentaje no alcanzó siquiera el 40%. Así, en 2016, de 7.597 internadas hubo 2.205 expulsadas, esto es, un 29.02 %, y en 2017, de 8.814 internadas, solamente 3.287 fueron expulsadas (37.2%).

Pero las circunstancias habían cambiado. Decenas de países (un total de 62) ya habían cerrado, entonces, sus fronteras para personas procedentes del Estado español. Entre ellos, los países de los que son nacionales la gran mayoría de personas internadas en los CIE españoles: Marruecos y Argelia.

El último informe del Defensor del Pueblo (2019) revela que, de las 7.855 personas a las que se encerró en los CIE el pasado 2018, 2.801 tenían nacionalidad marroquí, y 2.513 eran argelinas.

Así las cosas, ese mismo día resultaba obligada la puesta en libertad como mínimo de todas las personas que, siendo nacionales de los Estados cuyas fronteras se habían cerrado, llevasen internadas al menos 45 días. La imposibilidad de hacer efectiva la deportación exigía la adopción inmediata de esa medida por las autoridades. Y dado que de oficio no se producía, debían haberla reclamado las letradas y letrados designados en los procedimientos en los que acordó el internamiento.

Establece el artículo 62.2 de la LO 4/2000 que «el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente». Y añade, en el apartado 3º, que «Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, el extranjero será puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del Juez que autorizó su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal».

La liberación del resto de las personas internas podría no considerarse tan imperativa en términos estrictamente legales (aunque, por idénticas razones a las expuestas, tendrían que haberse ido liberando más personas con cada una de las prórrogas), si el Estado pudiera garantizar la salud física y psicológica de quienes se encuentran privadas de libertad en los CIE. Pero no puede.

Los CIE carecen por completo de las mínimas condiciones para no comprometer gravemente la salud de las personas internas en una pandemia como la actual. El personal que trabaja en los centros (policía, personal de la limpieza y alimentación, voluntariado...) tiene contacto con el exterior, por lo que el contagio es más que posible. En los CIE se comparten todos los espacios: las celdas, el comedor, los baños, el patio. Y no hay, en ellos, personal médico suficiente, ni material adecuado, ni lugar en las «enfermerías» para aislar en un entorno médico a quienes puedan presentar síntomas. De ahí que el Juzgado de control del CIE de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria), al comprobar que ya había al menos dos internos y varios trabajadores infectados, ordenara su cierre el pasado 31 de marzo «por razones de salud pública» (puede consultarse la noticia en eldiario.es).

Cuando se redactan estas líneas (8 de abril de 2020), se han clausurado 5 CIE, pero aún hay personas internas en dos: el de Sangonera la Verde (Murcia) y el de Algeciras. Dos CIE que deben ser inmediatamente cerrados, pues, al margen de que la deportación de los internos sea más que improbable, en ninguno de ellos hay mejores condiciones que los ya vaciados. Así, las personas internas que tienen un domicilio en España donde pasar el resto del confinamiento (como ocurre con frecuencia, pues son muchas las que han incurrido en irregularidad administrativa por perder el empleo y, con ello las posibilidades de renovar suautorización de una residencia que en ocasiones es de años), deben ser trasladadas a sus casas. Y a las que no tengan, se les deberá proporcionar una alternativa habitacional donde su salud física y psicológica esté asegurada.

Y cuando podamos dar por concluida esta terrible epidemia, deberemos plantearnos la necesidad democrática de no reabrir estos espacios. Son tantas las ocasiones en las que se ha denunciado la vulneración de derechos humanos que tiene lugar en ellos, no sólo por organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos, sino también por instituciones (como Defensoría del Pueblo) y jueces que han realizado funciones de control de los CIE (RAMIRO GARCÍA DE DIOS: «Los CIE son centros de sufrimiento e impunidad policial»), sin que nada haya mejorado lo más mínimo, que no deberíamos tolerar que vuelvan a ser empleados como lo que realmente son desde que están en funcionamiento: costosos instrumentos de atemorización de la población migrante, totalmente ineficaces para los fines para los que presuntamente se han establecido. Aprovechemos el desalojo obligado por el COVID-19 para acabar de una vez por todas con los CIE.


Artículo publicado en la Guía de la Sección de Derechos Humanos, que forma parte de las Guías sectoriales Covid-19 elaboradas desde las Secciones del ICAM.

Otros artículos incluidos en esta guía son:

Estado de alarma y derechos fundamentalespor Miguel Ángel Presno Linera.

La libre circulación de personas ante la crisis del COVID-19por Carlos Brito Siso.

¿Puede calificarse como delito de desobediencia grave a la autoridad (art. 556.1 del código penal) el mero incumplimiento de la prohibición de circular por las vías públicas durante el período de confinamiento?, por Jacobo Dopico Gómez-Aller.

Libertad de expresión ante el COVID-19, por Fernando Miró Llinares.

Crisis sanitarias y seguridad humana, por Carmen Pérez González.

Derecho a la protección de la salud y exclusión sanitaria ante la emergencia del COVID-19, por Manuel Maroto Calatayud.

Prisiones, derechos y COVID-19, por Xabier Etxebarria Zarrabeitia.

Acceso a la Justicia ante la crisis del COVID-19, por Sandra González de Lara Mingo.

La emergencia sanitaria y social del COVID-19 y el artículo 128 de la Constitución, por Luis Arroyo Jiménez. El derecho de asilo ante la crisis del COVID-19, por Paloma Favieres Ruiz.

Las víctimas de trata de seres humanos ante la crisis del COVID-19, por Margarita Valle Mariscal de Gante.

COVID-19. «Elige solo una maestra: la naturaleza», por Ascensión García Ruiz.

El derecho a la vivienda ante la crisis del COVID-19, por Alejandra Jacinto Uranga.

 

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