Análisis

  • Cristina Carretero González. Profesora de Derecho Procesal, de Oratoria y Redacción Jurídicas y de Comunicación oral y escrita en la Facultad de Derecho (Comillas ICADE) Representante de Clarity International en España

El lenguaje jurídico y la conveniencia de hacerlo más comprensible

Cuando en una conversación surge el tema de cómo nos expresamos los juristas, cada día es más frecuente que me pregunten algo como: ¿por qué se escribe así si no se entiende? Muchas de las personas que formulan esta pregunta son estudiantes del grado de Derecho y se realiza tras haber analizado resoluciones judiciales, alegaciones de las partes (demandas, declinatorias...) y normativa. Después de trece años de estudio y difusión de la defensa de un lenguaje jurídico claro, les resumo a mis reflexivos estudiantes la cuestión indicando que las razones son diversas. Entre ellas: porque se trata de un lenguaje especial (tecnolecto), por la carencia de formación en materia de comunicación del discurso jurídico que hemos padecido muchas generaciones, por la tradición -tanto en su aspecto positivo como en el aspecto negativo de inercia o resistencia al cambio- y, en ciertos casos, por una visión reduccionista de la comunicación del Derecho.

Esto me lleva a estar totalmente de acuerdo con un título que leí en el Libro de estilo de la Justicia denominado: “El fracaso comunicativo”. Aquí se dice que, dado que la comunicación se consuma cuando el interlocutor comprende no solo lo que el emisor de un mensaje dice, sino lo que quiere decir (literalidad e intencionalidad), si ese proceso no se culmina, se produce el fracaso comunicativo. Hace ya más de cincuenta años que comenzaron distintos movimientos en la búsqueda de la claridad y la comprensión (años sesenta del pasado siglo). Lo último, en el mundo, son las redes de lenguaje claro; ya se han creado tres -en Chile, Argentina y Colombia- con el fin de que sean las instituciones públicas y profesionales quienes se comprometan a expresarse en un lenguaje claro.

El fenómeno es imparable, afortunadamente, y es una consecuencia directa, tanto de las quejas ciudadanas como de la adopción de medidas efectivas en aquellos países que han entendido la materia como una necesidad fundamental en sus políticas públicas. La Unión Europea ha sido, en conjunto y desde sus organismos, una gran promotora de la claridad. En países como Alemania y Suecia, la técnica normativa incluye fases de revisión de la claridad en las que intervienen equipos de juristas y filólogos expertos en redacción jurídica clara.

En Estados Unidos, en 2010, se firmó el Plain Writing Act, normativa sobre redacción sencilla, que tiene una guía y directrices para implementar la norma.

Del ámbito anglosajón nacieron las asociaciones internacionales PLAIN, que lucha por un lenguaje sencillo general y, en especial, por lo que a los juristas concierne, y CLARITY INTERNATIONAL, asociación de juristas y otros profesionales como filólogos o traductores, que promueve un lenguaje jurídico sencillo en todo el mundo.

¿Por qué un lenguaje jurídico claro ha pasado de ser una tendencia a una necesidad? Porque los ciudadanos lo demandamos y lo merecemos; mostramos nuestra disconformidad con lo que no comprendemos y nos quejamos. Las estadísticas del Poder Judicial indicaron, hace años, que el 82% de las personas que habían tenido contacto con la Justicia tuvieron serias dificultades para comprender. Este mismo porcentaje se reflejó años más tarde en un sondeo del Consejo General de la Abogacía Española. En 2009, en España, se creó la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico, que publicó su informe en 2011 y en él se hicieron recomendaciones a los profesionales, a las instituciones y a los medios de comunicación. Todas estaban encaminadas a defender el derecho a comprender y a buscar las fórmulas para que los involucrados en el tratamiento del Derecho lo hiciéramos posible. Ya seamos profesores, abogados, procuradores, jueces, fiscales, trabajadores sociales, colegios profesionales, peritos, notarios y registradores, cuerpos y fuerzas de seguridad, traductores, intérpretes…, todos, absolutamente todos, podemos aportar mucho. La Universidad Complutense de Madrid, acaba de celebrar sus I Jornadas sobre Lenguaje Jurídico Claro e Inclusivo y en la Universidad Pontificia Comillas llevamos años trabajando por un lenguaje jurídico claro. El propio ICAM y el CGAE, nos invitaron y difundimos ya esta necesidad. Cada día somos más y todos sumamos.

Cierto es que, pensando en los tres poderes, partimos de normas que ya son complejas - y muchas oscuras- en origen, unas del legislativo y otras del ejecutivo. En cuanto al judicial, igualmente, debemos esperar poder comprender cada resolución. Hay jueces que lo hacen, como D. Rafael Rosel Marín (que me permite esta cita) quien lleva muchos años dictando resoluciones clarísimas (con voluntad y con meritorio esfuerzo).

Por otra parte, por experiencia, me he encontrado con dos tipos de inquietudes entre los juristas al explicarles las bondades del lenguaje jurídico claro:

-Primera: ¿perderemos precisión, tradición y pasaremos a expresarnos con un lenguaje simplista? La respuesta es clara: no.

Los juristas tenemos dos tipos de destinatarios: unos serán expertos en Derecho y otros, no. Con el experto, utilice -por precisión, seguridad jurídica y economía- las expresiones y términos técnicos necesarios. Con los no juristas, con la ciudadanía receptora de una consulta o una resolución, explique siempre y, cuando sea posible, utilice una terminología comprensible; por ejemplo, en lugar de decir: interesar, diga, solicitar o pedir, y si desea utilizar latinismos, tradúzcalos.

- Segunda: ¿dejamos de ser tan necesarios los juristas si todo lo explicamos más claro? Al contrario. No solo seguimos siendo igual de necesarios, sino que, además, se ha demostrado que la claridad genera directamente una consecuencia: la confianza. A mayor confianza, mayor acercamiento y mayor posibilidad de ser consultados y de que recurran a nosotros sin prejuicios y temores.

Se trata de eficacia comunicativa y también de eficiencia, ya que una expresión clara ahorra muchos recursos en tiempo (destinado a explicar lo que ya se ha comunicado) y aumenta la satisfacción de los usuarios y clientes. Y se trata de compromiso. Se refiere el filósofo Michael J. Sandel en su libro “Justicia” a la necesidad de una vida cívica más robusta y comprometida que ésta a la que nos hemos acostumbrado. Ahora toca comprometerse desde el esfuerzo para lograr que quienes sean receptores del Derecho, todos, lo seamos por ese derecho a comprender que debe latir en el espíritu de la Justicia.

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