Análisis

LATAM: evolución, oportunidades y seguridad jurídica

ICAM

De izquierda a derecha: Isabel Durán, Marcos Ríos, Claudia de Buen, José Antonio Caínzos, Irma Rivera y Francisco de Elizalde. Foto: ACN.

  • Modera: José Antonio Caínzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM).
  • Intervienen: Marcos Ríos, Socio de Carey Abogados -Chair-Elect de la ABA International Law Section. Irma Rivera, Socia en Brigard Urrutia Francisco de Elizalde, Ph.D Profesor agregado y director del área jurídica de IE Law School. Claudia de Buen, Presidenta de la Barra Mexicana.

Procedentes de países como Colombia, México, Argentina y Chile, los integrantes de la mesa abordan la importancia de la seguridad jurídica como condición necesaria pero no suficiente para garantizar el crecimiento económico y el progreso social en América Latina. La independencia judicial, el respeto a los derechos humanos y, en general, el cuidado de las instituciones democráticas y la buena salud del Estado de derecho son elementos imprescindibles para el desarrollo de las sociedades, en cuya defensa los profesionales de la abogacía y las instituciones que los representan desempeñan un papel esencial.

Seguridad jurídica y Estado de derecho

“Obviamente se necesita seguridad jurídica para que haya progreso social y económico en los países”, expuso Ríos, si bien es necesario añadirle un contenido valórico a un término que por sí solo es moralmente neutro. “Hay otros elementos —valores, principios, normas— que pueden ser más importantes en ese cóctel de cosas que se necesitan para que haya progreso económico”, señalaba, como son las libertades y los derechos fundamentales que sólo un Estado de derecho sano garantiza. En un contexto de democracia, por tanto, la seguridad jurídica “vale oro”, pero “en otros contextos puede no ser tan buena”, aludía.

En ese sentido, añadía el jurista chileno, el Estado de derecho está sufriendo “una cierta erosión, no sólo en Latinoamérica, por estas interpretaciones a veces voluntaristas de las leyes, o por la falta de independencia del poder judicial, que se ha politizado e ideologizado”. Para los abogados, concluía, es “un tema que debe ser central a nuestra profesión y a nuestra dedicación”.

En opinión de Rivera, “los abogados tenemos una responsabilidad muy importante de defender la institucionalidad si la institucionalidad funciona”. Los principios democráticos y el Estado de derecho, recordaba esta jurista, permiten vivir de manera adecuada dentro de la sociedad, “y en la medida en que podamos transmitir a las nuevas generaciones de relevo el respeto por la Constitución y por las leyes, y se vea reflejado en las decisiones judiciales, yo creo que el futuro de nuestras democracias es bastante promisorio”.

Para de Elizalde, los Colegios de Abogados tienen un rol central en la defensa de la institucionalidad, pero para evitar que se conviertan en una isla dentro de una sociedad “de la anomia” conviene ampliar el contexto: “creo que la parte cultural de formación de los ciudadanos en respeto a la ley en ámbitos pequeños es imprescindible para que haya una sociedad más consciente para frenar los atropellos e irregularidades cuando suceden en el ámbito institucional”. Un objetivo que, según Ríos, pasaría por reintroducir la formación cívica en los sistemas educativos para que se hable de las instituciones y se genere una cultura democrática.

En México, sostenía de Buen, los Colegios de Abogados han jugado un papel importante para frenar una reforma constitucional que ponía en peligro la seguridad jurídica. “Hemos tenido una época complicada, siempre hemos tenido gobiernos cuya honestidad se ha discutido con toda la razón, pero ahora tenemos un Gobierno que no es que se discuta su honestidad, sino su poco respeto y reconocimiento al Estado de derecho”, lamentaba.

Independencia judicial y derechos humanos

El correcto desempeño del poder judicial es uno de los elementos necesarios para que haya seguridad jurídica, y en América Latina, según de Elizalde, existen tres problemas importantes en cuanto a la resolución de disputas en sede judicial: en primer lugar, la independencia, o la falta de ella, sobre todo en el foro penal, un rasgo fundamental en las cortes o tribunales supremos, convertidos en muchos casos en última barrera de defensa frente a la institucionalidad. Un segundo problema tiene que ver con la calidad, que afecta especialmente a algunas jurisdicciones donde se observa falta de solvencia en los jueces, sobre todo en aquellos que no han accedido a través de carrera judicial —“jueces nombrados a dedo”—. Y, por último, los tiempos, con procesos que se eternizan en muchos países.

Sin independencia judicial, recalcaba de Buen, “la interpretación de las normas puede ir un poco hacia donde el ejecutivo quiere que vayan”, un problema solventado parcialmente en México al transitar “del dedazo a la carrera judicial”, donde además se está privilegiando “la presencia de mujeres en la judicatura como una acción afirmativa temporal”. En Colombia, añadía Rivera, ha existido un respeto por esa independencia y el sistema judicial “ha servido de contrapeso a las otras dos ramas del poder e interactúan de manera independiente”.

Otro de los aspectos imprescindibles para el funcionamiento del Estado de derecho es la protección de los derechos humanos, “uno de los contrapesos más importantes que hay”, según de Buen, quien observa un resurgimiento en la protección de los derechos de las minorías y los colectivos más vulnerables “que ha venido para quedarse”.

Medios alternativos

Las dificultades para resolver los conflictos en el marco de un sistema judicial siempre falto de recursos y que en muchos casos adolece de falta de calidad e independencia, abren una ventana de oportunidad para el desarrollo de los medios alternativos para la resolución de controversias. “Un juez en la Ciudad de México recibe 3.000 asuntos al año, más los que tiene acumulados, es una locura. Necesitamos privilegiar por todo lo ancho y largo de los países los medios alternativos de solución de controversias (MASC), ese es el futuro”, reclamaba de Buen.

Con más cautela, de Elizalde indicaba que los MASC son buenos cuando tienen sentido, pero no pueden ser una solución al mal funcionamiento de la Justicia: “estoy a favor de los métodos alternativos cuando realmente es una elección de las partes y no es una elección del sistema para quitarse gente que quiere acudir a la Justicia”.