Análisis

  • Margarita Valle Mariscal de Gante. Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal Universidad Complutense de Madrid

Las víctimas de trata de seres humanos ante la crisis del COVID-19

En la situación actual surgida a partir de la crisis del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, es necesario analizar de qué manera se reflejan estas circunstancias en un colectivo especialmente vulnerable y frágil, como son las víctimas de trata de seres humanos.

En estas circunstancias el aumento de los riesgos de mayor desprotección, discriminación y exclusión es evidente. Las víctimas de trata de seres humanos representan a personas con mayores posibilidades de verse afectadas por el coronavirus, de tal manera que los efectos de la actual crisis sanitaria sobre las víctimas pueden ser devastadores. El propio Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos dependiente del Consejo de Europa (GRETA), ya ha advertido de los particulares riesgos a los que la pandemia que Europa está viviendo somete a las víctimas de trata (Informe de 2 de abril).

Las víctimas de trata son captadas para poder ser explotadas posteriormente. El objetivo de todas y cada una de las formas de explotación es la consecución de beneficios económicos. Ahora bien, el estado de alarma ha restringido severamente el derecho a la libertad de movimientos y nos ha obligado a todos a confinarnos en nuestros domicilios. Esto supone que muchas de las víctimas que se ven obligadas a ejercer la explotación para la que han sido captadas en espacios abiertos, no pueden continuar realizando dichas actividades (explotación sexual en la calle, por ejemplo). En el caso de estas víctimas, su imposibilidad para generar beneficios le aboca a no ser rentables para el tratante, por lo que mantenerla y ocuparse de ella deja de tener utilidad. Una víctima que no produce nada en el ámbito de la explotación para el que ha sido tratada, tiene muy difícil la subsistencia. Además, muchas de las víctimas se ven obligadas a pagar los costes de su viaje hasta España o de la propia manutención que reciben, por lo que la imposibilidad de generar ganancias incrementa de manera exponencial su deuda.

En el caso de las víctimas cuya forma de explotación se llevara a cabo en el exterior, el estado de alarma permitirá, en ciertos casos (por ejemplo víctimas de trata para explotación laboral en el entorno agrícola) que puedan ser explotadas de manera más, puesto que su actividad quedará integrada dentro de las esenciales. En otros casos (víctimas de trata para explotación para la mendicidad), será imposible que la sigan llevando a cabo, dado el control de la permanencia en las calles y las escasas posibilidades de generar ingresos a través de dicha actividad.

Por último, a todas aquellas víctimas que sean explotadas en entornos más privados o clandestinos (caso de las víctimas de explotación sexual en pisos particulares, víctimas de explotación laboral en el ámbito doméstico, en talleres de confección clandestinos, etc.), el estado de alarma las condena a una mayor clandestinidad si cabe. Continuarán siendo obligadas a llevar a cabo dichas actividades, sufriendo mayor aislamiento y mayores posibilidades de verse infectadas. Este es el caso de las víctimas para explotación sexual que, en la actualidad, continúan viéndose obligadas a ejercer la prostitución en viviendas particulares, sin conocer si los que se sirven de ellas están o no infectados.

Es además importante remarcar que, en muchas situaciones, la posición de aislamiento y desconocimiento de la víctima del idioma de su entorno o de las circunstancias específicas de lo que sucede, le impedirá reconocer la situación por la que atraviesa, por lo que es posible que muchas víctimas se vean infectadas por el COVID-19 y que sean incapaces de reconocer los síntomas de la infección, siquiera para intentar demandar ayuda. Es evidente que las víctimas de trata de seres humanos no accederán a los recursos sanitarios necesarios en caso de verse infectadas.

La situación de aislamiento también dificulta que las víctimas accedan a los recursos de detección y protección. Es evidente que en una situación como la actual en la que las FFCC de seguridad del Estado tiene como prioridad el control de la situación derivada del estado de alarma, la detección de las víctimas puede verse enlentecida. Además, el confinamiento impide que los ámbitos de explotación de muchas de las víctimas sean detectados, ya sean en el exterior o en emplazamientos privados. En este sentido, el confinamiento generalizado permite una mayor clandestinidad de dichas actividades, lo que dificulta la detección, también para otros actores inmersos en la detección y protección de las víctimas que ven muy limitada su capacidad de actuación a causa del estado de alarma, tales como la propia administración, inspectores de trabajo, trabajadores sociales, miembros de las ONG, etc.

La infradetección de víctimas resulta un verdadero obstáculo y una ventaja para los tratantes. Para las víctimas, todos aquellos problemas de acceso a un alojamiento seguro, instalaciones especializadas, atención médica y asistencia psicológica, las exponen a una revictimización de la misma manera que a un casi seguro contagio del virus. Para los tratantes permiten un mayor control y dominio, puesto que pueden insistir en la obligatoriedad del confinamiento para trasladar a las víctimas un mayor miedo a salir a la calle y buscar ayuda.

En las presentes circunstancias, por tanto, es obligatorio no reducir los derechos y la protección de los más vulnerables. Resulta fundamental intensificar el enfoque de Derechos Humanos en relación con la trata de seres humanos.

En este sentido, dentro del marco del estado de alarma, se han desarrollado determinadas cuestiones que, en cierta medida, permiten mantener la protección de determinadas víctimas de trata. Esto es lo que sucede en relación con las víctimas de trata para explotación sexual. Tras el RD 12/2020 de 31 de marzo de Medidas Urgentes en Materia de Protección y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, se incluye como actividad esencial la atención, protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Dado que las víctimas de trata de seres humanos para explotación sexual se encuentran contenidas dentro de este colectivo, se ven amparadas por las actividades avaladas por el Real Decreto, de tal manera que los distintos colectivos que trabajan a favor de las víctimas, propiciando su atención y protección pueden seguir prestando sus servicios, calificados como esenciales. Estos servicios serán prestados principalmente por ONG y por las propias administraciones (como muestra, el Ayuntamiento de Madrid, mantiene activos los teléfonos a través de los cuales las víctimas de trata y de explotación sexual pueden solicitar ayuda -programa #NoEstásSola Pide ayuda-).

En este mismo sentido las FFCC de seguridad del Estado continúan identificando, aunque de manera más lenta, muchas veces, a las víctimas, puesto que en muchos casos se mantienen todavía las actividades de explotación.

Si bien el mantenimiento de esta red asistencial y su consideración como actividad esencial es muy positivo, resulta necesario indicar que supone únicamente atención para víctimas de explotación sexual y no víctimas de otras formas de explotación. La atención a víctimas de explotación laboral, para la mendicidad, para los matrimonios forzados, no está cubierta por ninguna de las medidas excepcionales establecidas en el estado de alarma, por lo que en esos casos, sí podremos hablar de verdadera desprotección y mayor vulnerabilidad.

Es necesario que se habiliten los medios para lograr una efectiva protección de las víctimas de trata, cuyas especiales circunstancias, las convierten en objetivo idóneo para el virus y para la exclusión de las medidas sanitarias, sociales y económicas imprescindibles para superar la crisis.

Pongamos los medios para que la pandemia que actualmente sufrimos, no invisibilice más a las víctimas de trata de seres humanos


Artículo publicado en la Guía de la Sección de Derechos Humanos, que forma parte de las Guías sectoriales Covid-19 elaboradas desde las Secciones del ICAM.

Otros artículos incluidos en esta guía son:

Estado de alarma y derechos fundamentalespor Miguel Ángel Presno Linera.

La libre circulación de personas ante la crisis del COVID-19por Carlos Brito Siso.

¿Puede calificarse como delito de desobediencia grave a la autoridad (art. 556.1 del código penal) el mero incumplimiento de la prohibición de circular por las vías públicas durante el período de confinamiento?, por Jacobo Dopico Gómez-Aller.

Libertad de expresión ante el COVID-19, por Fernando Miró Llinares.

Crisis sanitarias y seguridad humana, por Carmen Pérez González.

Derecho a la protección de la salud y exclusión sanitaria ante la emergencia del COVID-19, por Manuel Maroto Calatayud.

Prisiones, derechos y COVID-19, por Xabier Etxebarria Zarrabeitia.

Acceso a la Justicia ante la crisis del COVID-19, por Sandra González de Lara Mingo.

La emergencia sanitaria y social del COVID-19 y el artículo 128 de la Constitución, por Luis Arroyo Jiménez. El derecho de asilo ante la crisis del COVID-19, por Paloma Favieres Ruiz.

Los centros de internamiento de extranjeros ante la situación del COVID-19, por Patricia Orejudo Prieto de Los Mozos.

COVID-19. «Elige solo una maestra: la naturaleza», por Ascensión García Ruiz.

El derecho a la vivienda ante la crisis del COVID-19, por Alejandra Jacinto Uranga.

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