Análisis

  • Sylvie Moisdon-Chataigner. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Rennes, Francia Laboratorio IODE, UMR CNRS 6262

La vivienda habitual de las personas vulnerables en derecho francés

La vivienda habitual es el lugar de vida privada y de refugio; es el punto de referencia de la persona y de la familia. No tener una vivienda es excepcionalmente una elección y, a menudo, el final  de un camino de una gran vulnerabilidad. El compromiso de los Estados es esencial para luchar contra el sinhogarismo y para favorecer el acceso a una vivienda.

Así, existen numerosos instrumentos jurídicos que protegen la vivienda habitual en diferentes circunstancias pero, especialmente, cuando se trata de los más vulnerables, ya sea esta vulnerabilidad de tipo personal o financiera, y tanto si es debida a una alteración de las facultades o a elementos o circunstancias externas a la persona. Vamos a presentar los dispositivos consagrados por el Derecho francés que pueden ponerse en marcha para las personas vulnerables que serán protegidas en diferentes situaciones de la vida. Cada uno de estos dispositivos tiene una finalidad específica: proteger a la persona o el núcleo familiar o, incluso, encontrar un equilibrio entre los derechos de la persona vulnerable y de los terceros. Serán sucesivamente presentados los mecanismos que protegen la vivienda habitual en caso de vulnerabilidad personal (I) y en caso de vulnerabilidad financiera (II).

I. Proteger la vivienda habitual en caso de vulnerabilidad personal

La vivienda es parte del proyecto de vida, ya sea de una persona, de una pareja o de una familia. Toda persona puede afrontar dificultades que provienen de cambios familiares o bien del estado de salud.

Mantenerse en la vivienda familiar puede ponerse en peligro en razón de la evolución de la unidad familiar o conyugal. Esta vivienda está ligada a la comunidad de vida que caracteriza el conjunto de parejas y de las familias. El Derecho francés prevé una protección específica para las parejas casadas y exige la cogestión para disponer de los derechos sobre la vivienda (art. 215 del Código civil). Pero, tratándose de uniones de hecho si uno de los miembros de la pareja de hecho o de los concubinos se convierte en vulnerable, tendrá pocos medios para defenderse frente a los actos del otro: si este último es propietario, puede disponer libremente de sus derechos; si es arrendatario puede pedir que se le atribuya el derecho al arrendamiento  (art. 1751-1 Cc).

La vulnerabilidad se convierte en particularmente importante en el momento del fallecimiento del cónyuge. Las reglas sucesorias imponen así un derecho de habitación sobre la vivienda habitual a favor del cónyuge  supérstite (art. 763 Cc). Si la pareja no está casada no existe el derecho ex lege, por lo que es prudente anticipar esta vulnerabilidad de la pareja o del concubino supérstite atribuyéndole la vivienda habitual.

Especial atención merece el dispositivo de lucha contra las violencias intrafamiliares. En este caso, cualquiera que sea la forma de  conyugalidad, la vivienda habitual de las personas vulnerables víctimas de violencias está protegida (arts. 519-9 y 515-11 Cc): el juez civil adoptará medidas de protección temporales como la prohibición de que el autor de las violencias se quede en la vivienda incluso aunque tenga que pagar el alquiler o el préstamo.

Las dificultades que conciernen la vivienda habitual pueden resultar también de la alteración de las facultades que impiden a la persona gestionar sola sus propios intereses. Si un cónyuge deviene vulnerable  y no puede manifestar su voluntad, el otro deberá tener una autorización o una habilitación judicial específica para disponer de los derechos sobre la vivienda. Sobre todo, el Derecho francés prevé mecanismos de protección con un régimen jurídico adaptado a esta alteración, ya sea una asistencia para aconsejar dirigida a los actos que realiza la persona protegida (curatela o habilitación familiar de asistencia) o bien una representación cuando esta última se encuentra en una situación de imposibilidad absoluta para  expresar su voluntad  (tutela o habilitación familiar de representación).

El legislador, en la importante reforma de 5 de marzo de 2007 ha tenido en cuenta el deseo de la mayor parte de los ciudadanos de permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible[1]. Así, solo la persona protegida elige su lugar de residencia (art. 459-1 Cc). En el plano patrimonial, cualquiera que sea la naturaleza de la medida, la vivienda es un elemento patrimonial protegido que supone la intervención del juez (art. 426 Cc). A pesar de que el Derecho francés conoce un movimiento de desjudicialización y contractualización (el mandato de protección futura y la habilitación familiar), sin embargo en el momento en que los derechos sobre la vivienda tienen que ser modificados, será necesario solicitar autorización judicial. El juez verificará si es el único medio de dar una respuesta a las necesidades de la persona vulnerable (a menudo motivada por un ingreso definitivo en un establecimiento, asumiendo resolver el contrato de alquiler o bien prever el arrendamiento de la vivienda para generar ingresos, o, incluso, vender el bien). Hay que subrayar que, en esta hipótesis, el legislador protege tanto la residencia principal como la secundaria, como una vivienda familiar.

Pero, a veces, la vulnerabilidad personal se acompaña o se transforma en una vulnerabilidad financiera. Veamos.

II. Proteger la vivienda en caso de vulnerabilidad financiera

Otra circunstancia de la vida que determina un factor de vulnerabilidad importante son las dificultades financieras de la persona y de su familia. En este caso también la vivienda está protegida para evitar que se incrementen los problemas de la persona. Sin embargo, la problemática en este caso es particular en la medida en la que hay que tomar en cuenta los derechos de terceros.

En los contratos de alquiler de vivienda, el inquilino puede beneficiarse de una tregua invernal o bien de la toma en consideración de su gran vulnerabilidad y la de su familia, retrasando en el tiempo la expulsión del alojamiento. Para honorar los derechos de los propietarios, se pueden prever ayudas para el pago de la renta o negociar plazos de gracia. Además, en el marco del dispositivo de sobreendeudamiento,  el legislador francés consagra los créditos arrendaticios como prioritarios para el pago (art. 711-6 del Código de consumo). En el caso de que la persona sea propietaria de la vivienda, puede renegociar los préstamos y, además, hay que tener en cuenta que el legislador ha excluido la residencia principal de los posibles embargos por los acreedores profesionales del empresario (art. 526-1 Código de comercio)[2].

Los mecanismos de solidaridad familiar pueden también intervenir para facilitar a la persona o a la familia honorar sus deudas y/o mantenerse en su vivienda. Así, la pareja casada o en unión libre se debe ayuda mutua para hacer frente a las necesidades de la vida corriente, de las que la vivienda hace parte. Los padres y los hijos también están sometidos recíprocamente a una obligación de alimentos (art. 205 Cc).

Se constata regularmente la interrelación entre las vulnerabilidades personales y financieras. En este sentido, la puesta en marcha de un acompañamiento personal o social, que puede llegar hasta el pronunciamiento de una medida de protección, permite evitar  que se agudicen los problemas de vivienda. Así por ejemplo, la gestión de los ingresos en curatela reforzada permite gestionar eficazmente el presupuesto de la persona y evitar las deudas del alquiler (art. 472 Cc). El equilibrio es a menudo muy sutil entre los diferentes factores  de vulnerabilidad y es conveniente afrontarlos sin jerarquizarlos.

Traducido por Montserrat Pereña Vicente.

[1] Sobre este tema, K. Lefeuvre, S. Moisdon-Chataigner, Protéger les majeurs vulnérables, L’intérêt de la personne protégée, Prólogo de J. Toubon, Presses EHESP, 2017. También Protection juridique des majeurs : Et si ça n’existait pas ? Un milliard d’euros de gains socio-économiques, étude réalisée à la demande de l’Inter-fédération de la protection juridique des majeurs réunissant la FNAT, l’UNAF et l’UNAPEI septiembre de 2020.

[2] Sobre esta cuestión ver con más detalle, Pereña Vicente, M., El patrimonio de afectación profesional en el Derecho francés ¿evolución o revolución?, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, enero-febrero 2013, núm. 735.