Análisis

  • Ángel Berrocal Jaime. Abogado. Redactor del Área Social de Lefebvre

La última reforma de los autónomos: más cotizaciones por más prestaciones

A la espera de alcanzar un acuerdo durante el primer semestre de 2019 entre las asociaciones de trabajadores autónomos más representativas y el Gobierno por el que se  logre instaurar en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (en adelante, RETA) un sistema basado en la cotización por ingresos reales o tramos de cotización según ingresos (similar al establecido en el Régimen General de la Seguridad Social), cuya negociación no llegó a fraguar en el último año, la anhelada e histórica reivindicación para la total equiparación de este colectivo con el de los asalariados ha de conformarse, de momento, con las, no menos importantes, medidas incorporadas en el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que fue publicado en el BOE el pasado día 29 de diciembre.

Tales medidas son el resultado del acuerdo alcanzado entre la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y los representantes de las principales organizaciones de los autónomos (ATA, UPTA, UATAE y CEAT) en el último trimestre del año pasado, cuyo principal objetivo consiste en dotar a los trabajadores por cuenta propia de una cobertura social plena y obligatoria, lo que, dicho sea de paso, es lo que propiamente concierne a un sistema de protección social público, fundamentado en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad (LGSS art. 2.1), en el que la voluntariedad de la acción protectora tiene difícil encaje.

Pero esa plena y obligatoria cobertura de la acción protectora del RETA, que conforme al recién reformado apartado 1 del artículo 26 de la Ley 20/2007, del Estatuto de Trabajo Autónomo, desde el 1 de enero de 2019 va a comprender todas las contingencias previsibles,  trae consigo como contraprestación un incremento de la cotización de los trabajadores por cuenta propia, cuya base mínima de cotización experimenta, desde el día primero de año, una subida del 1,25% (pasando de 932,70 euros mensuales durante 2018 a 944,40 euros al mes durante el presente año).

Asimismo el tipo escala dos décimas, hasta situarse en el 30%, desglosándose durante 2019 del modo siguiente (RDL 28/2018 art. 7): el 28,30% por contingencias comunes, incorporando la incapacidad temporal y equiparándose, en este sentido,  al Régimen General; el 0,9% por contingencias profesionales (dejan de aplicarse en este colectivo los porcentajes de la tarifa de primas, salvo en los supuestos de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios); por cese de actividad, el 0,7%, y por último, se establece el 0,1%  para formación  profesional.

No obstante esta previsión, a tenor del propio Decreto-ley, es provisional y a partir del próximo año se prevé un aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad, de forma que el tipo global por todas las contingencias se situará en el 30,3%, en 2020; en el 30,6%, en 2021 y, a partir de 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter definitivo en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado (RDL 28/2018 disp. trans. 2ª).

Ante el riesgo de que, a causa de todos estos incrementos (o por otros motivos inconfesados), los trabajadores puedan abandonar su actividad profesional, sin comunicar la correspondiente baja voluntaria, se instaura un procedimiento de comprobación de la continuidad de la actividad, a efectos de cursar baja de oficio, en el caso de impago de cuotas, que podrá iniciarse con la apertura del procedimiento de apremio una vez se haya emitido la providencia de apremio (RDL 28/2018 art. 10). Asimismo, con el fin de perseguir las irregularidades que supone el encuadramiento de los falsos autónomos, se crea una nueva infracción laboral consistente en comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia (Real Decreto Legislativo 5/2000 art. 22.16 redacc. RDL 28/2018 disp. final 4ª. uno), que puede ser sancionada, en función del grado, con multa entre 3.126 a 10.000 euros (Real Decreto Legislativo 5/2000 art. 40.1.e).1 redacc. RDL 28/2018 disp. final 4ª. dos). A pesar de la buena intención de la norma en la lucha contra la utilización indebida de la figura del trabajador autónomo, no creemos que la medida sea lo suficientemente contundente para acabar con la contratación inicial de trabajadores por cuenta ajena como falsos autónomos (piénsese, por ejemplo, en el caso de los actuales riders), ya que el nuevo tipo se limita a sancionar la baja de un trabajador en el Régimen General (lo que supone su alta previa en dicho régimen) para causar seguidamente alta en el RETA realizando la misma actividad laboral o idéntica prestación de servicios dentro de la empresa pero no se sanciona el alta inicial indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia.

Estas subidas de las bases y de los tipos de cotización se justifican en el incremento de gasto que implica la mejora del ámbito protector que la nueva norma implementa y en la necesidad de asegurar la viabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social. Medidas de mejora del ámbito protector que, en líneas generales, imponen, como se ha dicho, la obligatoriedad de la cobertura de todas las contingencias, abriendo de esta manera el abanico de prestaciones a las que van a tener  acceso los trabajadores autónomos. Así, además de la cobertura obligatoria de la prestación por incapacidad temporal, salvo que ya se tuviera cubierta dicha prestación en razón de la actividad realizada en otro régimen de la Seguridad Social (LGSS art. 315.1) –obligatoriedad establecida desde 2008–, a partir del 1 de enero del presente año, tanto la cobertura de las contingencias profesionales (LGSS art. 316.1 redacc RDL 28/2018 disp. final 2ª. trece) como por cese de la actividad autónoma (LGSS  art. 327.1 redacc. RDL 28/2018 disp. final 2ª. dieciséis) pasan a tener igualmente carácter obligatorio. La cobertura de todas esas contingencias debe formalizarse obligatoriamente con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, debiendo además el trabajador optar por la misma mutua colaboradora para toda la acción protectora indicada (LGSS art.83.1.b redacc RDL 28/2018 disp.final 2ª.uno). No  obstante, quienes estuvieran incorporados al RETA con anterioridad al 1 de enero de 1998 y hubieran optado por mantener la protección por la prestación económica por incapacidad temporal con la entidad gestora, disponen de un plazo especifico de tres meses, a contar desde el 1 de enero de 2019, para optar por una mutua colaboradora de la Seguridad Social, surtiendo dicha opción efectos desde el 1 de junio de 2019. Hasta entonces, la prestación de cese de actividad la va a seguir gestionando el SEPE y las contingencias profesionales van a estar cubiertas por el INSS (RDL 28/2018 disp. trans. 1ª).

La transformación en obligatoria de la cobertura de todas las contingencias cuenta, no obstante, con dos notables excepciones: la de los trabajadores incorporados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios para quienes la cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional sigue teniendo carácter voluntario en este sistema especial (L 20/2007 disp. adic. 3ª. 3 y LGSS art. 326), y la de los socios de cooperativas incluidos en el RETA, en este último caso siempre que  dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al sistema público, que cuente con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de IT y otorgue la protección por las citadas contingencias, con un alcance al menos equivalente al regulado por el RETA (LGSS disp. adic. 28ª redacc RDL 28/2018 disp. final 2ª. veinticinco). Si bien esta segunda excepción podría encontrar justificación en el mencionado sistema intercooperativo complementario del público que cubra todas las necesidades de protección de los socios de las cooperativas, evitando de ese modo una duplicidad de las coberturas, la primera excepción no halla ninguna justificación y precariza claramente la protección social de los autónomos agrarios.

Las nuevas coberturas obligatorias a las que se han hecho referencia más arriba van a dar lugar a partir del 1 de enero de 2019 a la apertura de las siguientes mejoras prestacionales, que resumidamente quedan así:

  1. El trabajador autónomo sólo va a estar obligado al pago de sus cotizaciones durante la situación de incapacidad temporal durante los primeros 60 días. Transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica, corresponderá hacer efectivo el pago de las cuotas, por todas las contingencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, a la entidad gestora o, en su caso, al servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas por cese de actividad (LGSS art. 308 redacc. RDL 28/2018).
  2. El nacimiento de la prestación económica por incapacidad temporal a causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional se producirá a partir del día siguiente a la baja. En caso de que derive de contingencias comunes, la prestación nace a partir del cuarto de la baja (LGSS art. 321 redacc. RDL 28/2018). Los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional de los trabajadores autónomos, que se recogían en la LGSS, se trasladan ahora también al Estatuto del Trabajo Autónomo, sin sufrir alteración alguna en su conceptualización.
  3. A fin de atender las necesidades formativas de los trabajadores autónomos, con la implantación de la cotización obligatoria por formación profesional, se hace efectiva su posible participación en los programas de formación sectoriales y transversales contemplados en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
  4. En el sistema de protección por cese de la actividad es donde se producen las modificaciones más relevantes. Así, por un lado, como ya se ha dicho anteriormente, se incluye entre sus prestaciones el abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo por todas las contingencias al régimen correspondiente, a partir del 60 primer día de baja (LGSS art. 329 redacc. RDL 28/2018 disp. final 2ª. diecisiete). Asimismo, el órgano gestor debe hacerse cargo de la cuota de Seguridad Social durante el periodo de percepción de la prestación económica, siempre que se hubiere solicitado dentro del plazo legal (LGSS art. 337.4 redacc. RDL 28/2018 disp. final 2ª. dieciocho)

Por otro lado,  el derecho al percibo de la correspondiente prestación económica nacerá desde el día siguiente a aquel en que tenga efectos la baja (y no a partir del primer día del mes siguiente, como lo era hasta ahora) en el supuesto en que se posibilitan hasta tres bajas dentro de cada año natural (RD 84/1996 art. 46.4.a). En el resto de supuestos, el nacimiento del derecho se producirá el día primero del mes siguiente a aquel en que tenga efectos a la baja como consecuencia del cese en la actividad (LGSS art. 337.1  redacc. RDL 28/2018 disp. final 2ª. dieciocho).

Se duplican los periodos de duración de la prestación cese de actividad (LGSS art. 338.1 redacc. RDL 28/2018 disp. final 2ª. diecinueve) y se suprime la escala prevista específicamente para los trabajadores autónomos entre los 60 años y la edad de jubilación, estableciéndose ahora una sola cualquiera que sea la edad en que se solicite la prestación.

Y, por último, se prevé como novedad la constitución de una comisión paritaria en la que han de estar representadas las mutuas, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y la Administración de la Seguridad Social que van a actuar en caso de que se presenten reclamaciones previas contra las resoluciones de la mutua en materia de reconocimiento, suspensión o extinción de la prestación por cese de actividad. En estos casos, la mutuas deberá remitir a la comisión la propuesta motivada de resolución de la reclamación previa para que esta emita su informe vinculante (LGSS art. 350 redacc. RDL 28/2018 disp. final 2ª. veintitrés).

Para finalizar, se modifica también la  regulación de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos previstos en Estatuto de Trabajo Autónomo. Así, por un lado, como consecuencia de la obligatoriedad de la cobertura de las contingencias profesionales,  en el caso de que el trabajador opte por cotizar por la base mínima que corresponda,  se eleva de 50 euros a 60 euros la cuota única mensual de la tarifa plana –tanto de la general (L 20/2007 art. 31  redacc. RDL 28/2018 disp. final 3ª. dos) como de la prevista para los colectivos especiales que se establezcan como trabajadores por cuenta propia, entre los que se incluyen novedosamente a los autónomos con una discapacidad sobrevenida (L 20/2007 art. 32 redacc. RDL 28/2018 disp. final 3ª. cuatro)–. De esa nueva cuota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales.

Asimismo, se modifica igualmente la tarifa plana de las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo tras haber cesado en su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, y que fue establecida por la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (L 6/2017), elevándose igualmente la cuota mensual de 50 a 60 euros, nueva cuantía que incluye tanto la cuota por contingencias comunes como por contingencias profesionales (L 20/2007 art. 38 bis redacc. RDL 28/2018 disp. final 3ª. seis).

Por otro lado, se extienden estos beneficios en la cotización a los trabajadores por cuenta propia agrarios, creándose la que podría llamarse tarifa plana rural o agraria (en sus dos modalidades: la general y la establecida para colectivos especiales que se establezcan como trabajadores por cuenta propia agrarios). En estos casos, dada la voluntariedad de la cobertura de las contingencias profesionales, se mantiene el importe de 50 euros de la cuota única mensual, que corresponde únicamente a contingencias comunes, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese de actividad y formación profesional  (L 20/2007 art. 31 bis –redacc. RDL 28/2018 disp. final 3ª. tres– y art. 32 bis –redacc. RDL 28/2018 disp. final 3ª. cinco–).

En conclusión, el legislador ha optado por continuar con el desarrollo de medidas de apoyo y estímulo a la actividad emprendedora de los trabajadores por cuenta propia, camino iniciado por Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (L 6/2017), y por el que ahora de nuevo transita, reconociendo, como se expone en la Exposición de Motivos del nuevo Real Decreto Ley, que el trabajo autónomo se constituye como pieza fundamental en el mercado de trabajo, siendo generador de riqueza y erigiéndose como elemento clave en la creación de empleo en nuestro país, motivo por el cual debe evolucionarse hacia una mayor protección social de su actividad y de las contingencias que puedan sobrevenir en su ejercicio (lo que inevitablemente pasa por el justificado incremento de la cotización),  avanzando de este modo en la deseada equiparación entre el RETA y el Régimen General.  Pero aún queda mucho por recorrer en esta larga senda: la regulación de un sistema basado en la cotización por ingresos reales o tramos de cotización según ingresos, la lucha eficaz contra la utilización indebida de la figura del trabajador autónomo o la regulación del trabajo autónomo a tiempo parcial –por enésima vez aplazada sine die (RDL 28/2018 disp. adic. 2ª)– son materias, entre otras, por ejemplo,  que deberían incorporarse de forma urgente en la agenda de una futura nueva reforma del trabajo autónomo.

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