Análisis

  • José Manuel Sánchez Saudinós. Secretario General del Defensor del Pueblo

La transparencia en el ámbito del Defensor del Pueblo

En octubre de 2008 tuve la ocasión de representar al Defensor del Pueblo en un encuentro de instituciones nacionales de derechos humanos, organizado en Padua (Italia) por el Consejo de Europa bajo el título Promoción y protección de la libertad de expresión y de información por las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Se trataba de un encuentro con cuatro sesiones de trabajo y se preveía una intervención del representante del Defensor en la primera de ellas, que se había destinado a debatir sobre los límites a la libertad de expresión y el conflicto entre libertad de expresión y otros derechos fundamentales. La cuarta y última tenía como objeto la transparencia informativa, y yo esperaba escuchar en ella unas ponencias, efectuadas por profesionales de la información o por académicos, más o menos centradas en la objetividad de los medios de comunicación en el desarrollo de su importante labor informativa.

Sin embargo, en uno de los recesos para café que tan frecuentes son en este tipo de encuentros, después de mi intervención, se me acercó una persona con acento anglosajón que dijo pertenecer a Acces Info Europe y que, en perfecto español y un poco atropelladamente, me recriminó que el Defensor del Pueblo no exigiera firmemente que España se dotara de una ley de transparencia, como tenían otros países de nuestro entorno. De nada sirvieron mis alegaciones respecto a que nuestro ordenamiento constitucional reconoce la libertad de información como derecho fundamental (art. 20.1 d) CE) y contiene además previsiones sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública (art. 105 CE), lo que había tenido adecuado desarrollo en la legislación administrativa, y que en todo caso formaba parte de la Constitución española un amplio catálogo de derechos, que además estaba completado por los tratados sobre la materia ratificados por nuestro país.

Tras el receso, esta persona realizó una interesante exposición sobre una materia que he de confesar que yo había entendido hasta entonces incluida en las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias, pero que comprendí que había cobrado una dimensión nueva: el derecho de acceso a la información pública entendido más allá de la libertad de los medios de comunicación para desarrollar su importante misión o del puro acceso a la información que al interesado corresponde en las relaciones entre Administración y ciudadano en el marco del procedimiento administrativo.

En 2010, el Gobierno de la Nación, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la preparación de un proyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información, que ya venía incluida en el programa electoral con el que su partido había concurrido a las elecciones generales. Este anteproyecto, al que algunos expertos formularon algunas críticas cuando se conoció su contenido, no llegó, sin embargo, a presentarse siquiera en el registro del Congreso de los Diputados.

En julio de 2012, Soledad Becerril fue elegida Defensora del Pueblo por las Cortes Generales, y en seguida planteó la necesidad de que el Defensor se adelantara al cumplimiento de las obligaciones que en materia de transparencia con toda seguridad se incluirían en la futura legislación que se adoptara al respecto. Para poder dar cumplimento a este encargo, se solicitó una evaluación técnica a Transparencia Internacional España, quien orientó sobre las cuestiones más relevantes que habían de incluirse en la web institucional y, de este modo, el 14 de enero de 2013 (es decir, casi un año antes de la aprobación de la Ley y dos años antes de que fuera obligatorio hacerlo) el Defensor del Pueblo inauguró el apartado de transparencia en su página web, ofreciendo información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y contractual, y estableciendo un procedimiento específico para el derecho de acceso a la información.

Como es sabido, en diciembre de 2013 se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo artículo 2.1 incluye en su letra f) al “Defensor del Pueblo (…) y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”, entre los sujetos a los que resultan de aplicación las previsiones de su Título I, relativo a la transparencia de la actividad pública. Con la alusión a las “actividades sujetas a Derecho Administrativo” se está haciendo referencia a las actividades reguladas por esa rama del ordenamiento jurídico cuya concreción alcanza funciones de carácter instrumental y naturaleza administrativa con competencias de autoorganización, que comportan una propia y genuina actividad administrativa, como la selección de personal, la gestión patrimonial y la contratación, ámbitos materiales susceptibles, en definitiva, de control jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo.

En términos generales, las obligaciones de publicidad activa para el Defensor del Pueblo aparecen contempladas en los artículos 6 a 8 de la Ley de Transparencia, que distinguen tres categorías de información pública: institucional, organizativa y de planificación; de relevancia jurídica; y, finalmente, económica, presupuestaria y estadística. Esta información ha de publicarse en la web del Defensor del Pueblo cumpliendo con los distintos requisitos regulados en el artículo 5 de la Ley de índole temporal (publicación de forma periódica y actualizada), formal (publicada de manera clara, estructurada, entendible y en formatos reutilizables) y, por último, de accesibilidad (información comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible a personas con discapacidad). La praxis de la administración activa ha puesto de relieve cómo el Defensor del Pueblo no se ha limitado a cumplir sus obligaciones de publicidad activa con relación a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, sino que ha optado por un modelo tendencialmente favorable a la transparencia de la acción pública. Una simple visita a la página web de la institución revela con claridad esta vocación por aproximarse a los máximos estándares de transparencia, publicando mucha más información de la legalmente exigible, lo que ha sido evaluado muy positivamente en su primer Informe anual por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Por otra parte, desde la perspectiva de la información pasiva o derecho de acceso a la información, el Defensor del Pueblo, como las demás instituciones enumeradas en la letra f) del artículo 2.1 de la Ley de Transparencia, no está sujeto al régimen de reclamación ante el Consejo de Transparencia, sino que el ciudadano solicitante de información que estime que la contestación recibida, o la ausencia de la misma, no satisface su derecho de acceso, ha de acudir a la vía contencioso-administrativa para hacer valer su derecho. Es preciso señalar que, hasta la fecha, no ha habido ninguna solicitud de información ante el Defensor del Pueblo que haya generado la utilización de esta vía jurisdiccional.

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