Análisis

  • Pedro-Bautista Martin Molina. Abogado, Economista, Auditor, Doctor y Profesor Titular Sistema Fiscal Co-Presidente de la Sección de Reestructuraciones e Insolvencias del ICAM Socio Fundador de Firma Martín Molina.

La tercera moratoria concursal, otra nueva solución-trampa

El pasado 12 de marzo se aprobó el nuevo Real Decreto-ley, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Entre otras medidas, en materia concursal, se amplía la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre de 2021.

Esta ampliación temporal incluye, por un lado, la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores; será a partir de esta fecha cuando se inicie el cómputo del plazo legal de dos meses para solicitar la declaración de concurso; y, por otra, la suspensión de la tramitación de las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores desde el 14 de marzo de 2020.

Con esta tercera moratoria concursal, el Ejecutivo traslada en el tiempo -de una forma inconsciente- la amenaza de la ola de los concursos de acreedores empresariales. Sostiene, nuevamente, la suspensión temporal del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores voluntario por parte de los deudores que cumplan los requisitos, como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores. Para evitar el aluvión de procedimientos concursales ante los juzgados, el Gobierno hace caso omiso a la realidad del tejido empresarial y del retroceso económico que padece nuestro país, metiendo la cabeza bajo tierra, trasladando esta decisión para el año 2022.

La extensión de la moratoria concursal tanto para empresarios-autónomos como para las empresas, lleva aparejada unas consecuencias negativas. Sigue vigente la norma que hace desaparecer la exigencia de acudir a concurso para todas las entidades que se encuentren en situación de insolvencia -inminente o actual-; esta Real Decreto perjudica y daña enormemente a estas empresas, e incluso, empeora su situación económica y financiera -agravando su insolvencia-, porque la situación de insolvencia no es sostenible de forma indefinida.

Bajo esta falsa apariencia de seguridad, la nueva moratoria provoca que se posponga la complicada toma de decisiones. El Gobierno vuelve a tropezar en la misma piedra; esta “moratoria-trampa concursal”, no demuestra, en absoluto, que la situación económica de nuestro país está controlada; sino todo lo contrario, que esta vía de la moratoria prolonga, de forma artificial, el “coma” de muchos autónomos y de miles de empresas que no acaban morir, con el correspondiente empobrecimiento de nuestra sociedad.

La moratoria concursal vuelve a dar un mensaje erróneo: el concurso de acreedores equivale a la liquidación y el fin del negocio. Cuando ya se había superado el estigma del concursado, el Ejecutivo vuelve a calificar, improcedentemente, el proceso concursal como el cementerio de los autónomos y de las sociedades en situación de insolvencia, cuando la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirma que mediante esta moratoria se “apoya a las empresas solventes, permitiéndoles la refinanciación o reestructuración de su deuda”, olvidando radicalmente las entidades insolventes.

Trata de confundir a la sociedad con el eslogan de que “las empresas españolas son solventes”. Cierto es que los empresarios y los autónomos son solventes, pero falta la inyección de liquidez inmediata para afianzar la solvencia de nuestras empresas. Por esa razón, la aprobación de la tercera moratoria se efectúa, conjuntamente, con la aprobación de un paquete de medidas que incluyen una dotación de 11.000 millones de euros “para reforzar el balance empresarial para ayudar a mitigar ese riesgo”.

Solvencia y liquidez, dos caras de una misma moneda. Mientras que no llegue la liquidez a los empresarios y autónomos más perjudicados, más profundo será el hoyo donde se encuentren. Mientras no llegue la liquidez, las empresas se hacen, día a día, más débiles ante el futuro de un posible concurso de acreedores.

El concurso de acreedores se considera como el instrumento que permite reestructurar la actividad económica y asegurar la supervivencia del negocio cunado se hayan agotado los recursos que permitan su continuidad por medios de otras vías. Si uno de los requisitos esenciales para el éxito de este procedimiento es la debida anticipación y preparación a la hora de presentar el concurso, la nueva “moratoria-trampa” carece de sentido de cara a conservar la mayor cantidad de tejido empresarial posible. Bajo este escenario, la aplicación de la tercera moratoria concursal sólo empeora el panorama empresarial, porque fomenta -aunque sea de forma involuntaria- que los autónomos y las empresas en graves dificultades adopten las medidas necesarias para su supervivencia.

Hasta la fecha de la aprobación del Real Decreto de la nueva moratoria, durante estos meses del año 2020, se han registrado 14.000 concursos de acreedores, aproximadamente, pese a la suspensión parcial de muchos de ellos. De este total, cerca de 7.000 casos han sido presentados por personas físicas sin actividad empresarial y el resto por sociedades mercantiles. Es una muestra de que, en realidad, las empresas y los autónomos que están en una situación de insolvencia, solicitan la declaración de concurso voluntario, si esperar a la finalización de la moratoria concursal, pues confían plenamente en la efectividad y la garantía del concurso como mecanismo que les puede dotar de una posible viabilidad.

A pesar de la impunidad que parece deducirse del nuevo y reciente blindaje normativo al deber de acudir al concurso de acreedores, si el administrador considera que existe insolvencia actual o que en un plazo corto de tiempo van a surgir los problemas de insolvencia, no debe apurar sus opciones. Debe aprovechar estas nuevas circunstancias para estudiar la necesidad real que tiene su empresa: la negociación de una refinanciación, la implantación de una adecuada reestructuración de costes -mediante los ajustes necesarios-, la inyección de liquidez que alivie el pago de las obligaciones comerciales o la venta de la unidad de negocio, dentro del novedoso proceso de pre-pack.

La moratoria no exime al administrador de su responsabilidad a la hora de solicitar el concurso voluntario si existe insolvencia; ni exonera de una eventual culpabilidad, en caso de agravación de la insolvencia. El administrador puede ser considerado como responsable de las deudas de la empresa con su propio patrimonio por haber agravado la insolvencia de la sociedad innecesariamente. El Ejecutivo, a la hora de redactar la tercera moratoria, no modifica la norma concursal en cuanto a la responsabilidad de administradores. Queda la esperanza que sean los Tribunales quienes adopten una interpretación más comprensible sobre los casos de insolvencia producidos como consecuencia de esta crisis sanitaria de la pandemia.