Análisis

  • Javier Gómez Gálligo. Letrado de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública. Presidente de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario Director General de los Registros y del Notariado (2014-2018)

La seguridad jurídica como piedra angular de la reconstrucción post pandemia

La pandemia por el virus COVID-19 va a tener muchas más consecuencias de las que pensábamos inicialmente. Más allá del terrible daño a las personas que está significando, lo que ya de por sí es una pérdida irreparable, va a tener consecuencias sociales y económicas inusitadas. Se ha producido destrucción de empleo, restricción del turismo, incumplimiento de contratos por alteración de las circunstancias y de las bases que sirvieron para concluir los negocios … La ocupación ilegal de viviendas (la llamada okupación que nunca es modo de adquirir el dominio en nuestro Derecho) se ha incrementado notablemente, igual que la morosidad en el pago de las obligaciones.

Es el momento de recordar con serenidad cuáles son las bases por la cuales nació el Estado moderno, en particular la defensa de la persona y de la propiedad. El Estado, sobre todo ahora en época de crisis, debe defender los valores esenciales de la sociedad, entre los que se encuentra la seguridad jurídica y la defensa de los derechos individuales de la persona. No podemos retroceder en la necesaria división de poderes, en la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en el respeto a la independencia judicial y en los principios esenciales de la organización jurídica. Entre ellos el del cumplimiento de las obligaciones y el respeto al derecho de propiedad. No puede aprovecharse la pandemia para alterar el equilibrio de poderes y funciones, como ocurriría si se alteraran en beneficio del Ejecutivo las reglas de elección del Poder Judicial. Si se abandonan los aparejos de la nave esta queda sin rumbo para siempre.

En este contexto la prevención de litigios, el orden y la seguridad en las transacciones, la protección de los property rigths se erigen en postulado esencial del Estado social y de Derecho. La seguridad jurídica consagrada en el artículo 9 de la Constitución es también piedra angular que debemos respetar para la futura reconstrucción de la sociedad cuando pase la pandemia. Por seguridad jurídica se entiende la certeza del individuo en sus derechos y obligaciones, predictibilidad de las decisiones adoptadas por el Poder público, y la garantía que el Estado debe ofrecer al ciudadano de que no se verá privado arbitrariamente de sus derechos y libertades. Deben adoptarse por tanto urgentemente medidas para la defensa eficaz del derecho de propiedad frente a la ocupación ilegal y para la ejecución de las garantías, la seguridad jurídica, en definitiva. Deben ahora afianzarse las estructuras del edificio, para cuando pase la pandemia poder reconstruirlo.

Dentro de ese concepto se sitúa también la seguridad jurídica preventiva, integrada por las Notarías y los Registros de la Propiedad y Mercantiles, instituciones que permiten reducir la conflictividad judicial en el ámbito civil y mercantil y asegurar la rapidez y seguridad en las transacciones. En España no existen seguros de títulos (que aseguran una indemnización en caso de evicción) a diferencia de otros países. Lo que demuestra que tiene un buen sistema preventivo.

Notarios y registradores han sido servicio esencial durante la pandemia del COVID-19 y han colaborado en mantener esos aparejos indispensables de la nave para que no se desarbole. Siguieron al frente de sus oficinas, adoptando las medidas sanitarias exigidas, y teletrabajando en la medida de lo posible. Lo facilitó la existencia de una intranet colegial en la que los Colegios Profesionales son autoridades de certificación en relación con la firma electrónica de sus colegiados.

Se han utilizado nuevas tecnologías que han evitado en lo posible las actuaciones presenciales. En este sentido los Reales Decreto-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 11/2020, de 31 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, admitieron el uso durante la pandemia de las videoconferencias para la adopción de acuerdos en órganos colegiados de gobierno y administración de asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, y de patronatos de fundaciones, y se generalizó la posibilidad de solicitud y emisión de notas simples y certificaciones por vías telemática. El Colegio de Registradores adoptó el acuerdo de emitir gratuitamente la información registral cuando la finalidad fuera la moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios, como medida para facilitar la situación de las personas en situación de vulnerabilidad. Todo ello se unió a la posibilidad de utilización de la firma electrónica en la rúbrica de los asientos registrales y a la presentación telemática de escrituras en los Registros, que ya existía con anterioridad.

La utilización de herramientas digitales está generalizada en el ámbito registral, pero aún tiene que desarrollarse más, sin merma de la seguridad jurídica y del principio de legalidad. Está así pendiente de regulación legal definitiva el tema de las videoconferencias en el ámbito notarial (recientemente se ha aprobado una proposición de ley instando al Gobierno a presentar un proyecto de ley al respecto) y sobre todo la regulación del Registro mercantil electrónico, ya que la Directiva UE 2019/1151 de 20 de julio, sobre herramientas y procesos digitales, pendiente aún de trasposición en España, obliga a utilizar modelos electrónicos en la constitución de sociedades y a regular todo el proceso de constitución de la sociedad (desde la aportación dineraria hasta la inscripción) sin presencia física de los otorgantes. Ya existen modelos electrónicos para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, ahora se pretende su generalización en todo ámbito de constitución de sociedades con aportaciones dinerarias. Y se pretende también impulsar la interconexión de los registros a nivel europeo, facilitando el intercambio de información transnacional, siguiendo la estela de la Instrucción de la DGRN de 9 de mayo de 2017 que introdujo en España el Business Register Interconexion System (BRIS) que permite la localización de los principales datos de cualquier sociedad mercantil europea.

Hay que seguir por este camino. La Pandemia –no hay mal que por bien no venga– nos ha enseñado a teletrabajar más. Debe seguirse en la línea de fomentar las nuevas tecnologías sin merma del cumplimiento de la legalidad. Pero el equilibrio entre rapidez y seguridad jurídica que tradicionalmente ha caracterizado el sistema registral español, no debe perderse. En este sentido es fundamental que los derechos individuales no se vean perjudicados por el uso de estas nuevas tecnologías. Y que no exista extralimitación en el uso del poder público ni asunción de competencias ajenas.

El uso de nuevas tecnologías debe tener como contrapeso la defensa de la legislación de protección de datos y el cumplimiento de la legalidad. La información jurídica suministrada por el Estado debe ser rápida, pero también ajustada a Derecho. Y debe estar depurada jurídicamente por el control de legalidad y la calificación registral. La finalidad del sistema de seguridad jurídica preventiva es dar seguridad y rapidez a las transacciones como base del desarrollo económico, tan necesitado tras la pandemia. Pero la piedra angular sigue siendo la persona, los derechos fundamentales del individuo.

Recientemente la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo contencioso administrativo) de 1 de otubre de 2020 ha considerado nulos los acuerdos del Consejo General del Notariado de 16 de diciembre de 2017 por los que se obligaba a los notarios a la digitalización de los documentos de identidad (DNI) de los otorgantes en el instrumento público y a su remisión al Consejo para el tratamiento de esos datos a través de una sociedad mercantil. Se recuerda que la competencia del Consejo se reduce a la elaboración de índices, pero carece de competencia para recabar directamente de forma generalizada e indefinida información del notario e imponerle la carga de remitirla. Máxime cuando se trata de cuestiones que afectan al secreto del protocolo y a la intimidad de las personas.

El uso de las nuevas tecnologías no puede amparar que los datos aportados a las notarías se utilicen para finalidades distintas (informes de solvencia cruzando los DNI aportados, por ejemplo) de lo que es el fin propio de la institución notarial. Ni siquiera la lucha contra el blanqueo de capitales o el uso de las nuevas tecnologías como la videoconferencia pueden justificar la ruptura de los principios tradicionales de respeto a los datos personales y del secreto del protocolo notarial. Son los notarios –igual que los registradores– los que bajo su responsabilidad deben ejercer la función de dar seguridad jurídica preventiva, no corporaciones o sociedades limitadas interpuestas.

En definitiva, debemos afianzar ahora la seguridad jurídica, también la preventiva, para poder llevar a cabo la futura reconstrucción. Pero el fin no justifica los medios. Ni siquiera en época de pandemia.

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