Análisis

  • Ángel López-Sidro López. Profesor Titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Jaén

La responsabilidad penal y civil subsidiaria de la Iglesia en los casos de abusos a menores

Los abusos a menores constituyen una plaga que se extiende por múltiples ámbitos de la sociedad actual: centros educativos, clubes deportivos… y sobre todo en el seno de las propias familias. Pero han sido los delitos cometidos por clérigos católicos los que han alimentado un escándalo de repercusión mundial, sobre todo por la acumulación de casos en determinados países y la implicación de figuras eclesiásticas relevantes, como autores o encubridores de abusos de menores. Jurídicamente, no sólo destaca la responsabilidad penal directa de los imputados, sino aquella que puede alcanzar, de forma subsidiaria, al ente incardinante del titular de un oficio eclesiástico, es decir, la entidad eclesiástica bajo cuya autoridad se ejerce aquel y que tiene un deber de vigilancia sobre sus actos.

Hay que recordar que, en España, la responsabilidad civil derivada de un ilícito penal se rige por las disposiciones del Código Penal (art. 1092 CC), que establece que «toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios» (art. 116.1º CP). La responsabilidad civil subsidiaria por los daños y perjuicios derivados de una infracción penal podría alcanzar al ente incardinante del clérigo condenado a través de una interpretación extensiva del artículo 120.3º CP, que señala como responsables civiles, en defecto de que lo sean criminalmente, a «las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción». Pese a todo, no hay que olvidar que nuestra jurisprudencia ha dictaminado que la relación de los ministros religiosos con sus confesiones no es de carácter laboral (STS de 14 de mayo de 2004).

Si atendemos a los casos en que se han dado condenas de clérigos por abusos, el Tribunal Supremo (TS), mediante Auto de 7 de junio de 2007, decidió no admitir el recurso de casación contra la SAP de Madrid de 11 de octubre de 2006, en la que un sacerdote fue condenado, como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales, a la pena de dos años de prisión, y en concepto de responsabilidad civil a una indemnización por los daños materiales y morales provocados, señalando como responsable civil subsidiario al Arzobispado de Madrid, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120.3º CP mencionado. El Alto Tribunal consideró correcta esta declaración judicial argumentando lo siguiente: «1º) El Arzobispado de Madrid se constituye como una persona jurídica. 2º) El acusado era Secretario de la vicaría de una parroquia dependiente del Arzobispado. 3º) Los tocamientos sobre el menor se sucedieron en la propia vicaría. 4º) Se han infringido disposiciones de la autoridad que están relacionadas con el hecho punible, ya que existen diversos cánones del Código de Derecho Canónico que obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos de la diócesis […]. Concurren pues, todas las circunstancias que motivan la aplicación del art. 120.3º del Código Penal al supuesto enjuiciado».

Esta postura fue reiterada en otro caso, en el que el condenado fue un ministro de culto no católico. La Sentencia de la Sala de lo Penal del TS de 11 de noviembre de 2016 desestimó el recurso de casación presentado contra la SAP de Madrid, de 2 de marzo de 2016, que había condenado como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre una menor a un pastor evangélico, condena que incluía una indemnización en la que se señalaba como responsable civil subsidiaria a la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús. El TS asumirá la motivación que hacía la sentencia recurrida en cuanto a la condena como responsable civil subsidiaria de la Iglesia Evangélica, conforme al artículo 120.3º CP, y que se apoyaba en que «fue la condición del acusado, como director espiritual de la comunidad, lo que le dio ascendencia sobre la perjudicada y su familia para crear las condiciones necesarias para conseguir realizar los abusos, a lo que se añade, en este caso, una clara infracción de los deberes de vigilancia que le correspondían a esta institución religiosa para proteger a los fieles, previniendo y evitando en particular los abusos a los niños y a las niñas».

Sin embargo, otros casos recientes ignoran lo que parecía una práctica consolidada. Así, en la SAP Toledo de 29 de septiembre de 2015 y en la SAP Córdoba de 13 de junio de 2017, no se hace mención al Obispado o a la Diócesis. En el caso resuelto por la SAP de Badajoz de 14 de noviembre de 2017 se llega más lejos, porque la petición de declaración de responsabilidad civil del Obispado de Plasencia, junto con la del sacerdote condenado por un delito continuado de abusos sexuales sobre un menor, se consideró extemporánea al no haberse realizado en su momento procesal oportuno. Pero lo más llamativo del caso es que el Auto de 19 de junio de 2017 de la propia AP de Badajoz, sostuvo, junto a lo anterior, que «una diócesis es un territorio donde se ejerce jurisdicción eclesiástica por un prelado, –arzobispo u obispo–, no una de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 120.3º del CP invocado por la parte» (FJ 5º).

Coincide esta última apreciación con lo sostenido por parte de la doctrina eclesiasticista y por la propia Iglesia católica en documentos vaticanos, como la Nota Explicativa del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos de 12 de abril de 2004, en la que se explica la naturaleza de la relación de subordinación entre el presbítero y el obispo diocesano, como surgida de la ordenación y la incardinación, y que difiere de la subordinación que en la sociedad civil existe en la relación entre empleador y empleado, pues no se apoya solamente en el deber de obediencia requerido. Sustancialmente coincide esta postura con la referida apreciación de nuestra jurisprudencia en cuanto al vínculo no laboral entre las confesiones religiosas y sus ministros de culto.

La regulación eclesiástica que se está desarrollando e implantando tanto a nivel universal como particular persigue un mayor rigor en los procesos y medidas adoptadas, para prevenir y evitar que se vuelvan a cometer estos delitos, y atender debidamente a todas las personas dañadas e implicadas en ellos. En ella no se dejan de asumir responsabilidades de todo orden, pero se busca también que los castigos recaigan sobre los autores de los crímenes, y no sobre las entidades eclesiásticas en que se incardinan. Se trata de evitar, además, que la crisis actual sirva de excusa para limitar derechos como el de libertad religiosa, en relación con el secreto de confesión, irrenunciable para la Iglesia y que ya se ve amenazado en países como Australia o Estados Unidos. La complejidad jurídica de estos supuestos merece una reflexión profunda de todos los aspectos en juego.

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