Análisis

  • Álvaro Beñarán. Socio en área Fiscal de PKF ATTEST

La reforma fiscal que viene

El sistema tributario tiene un solo objetivo, detraer recursos del sector privado para sufragar el gasto público. Así lo establece con claridad y contundencia nuestra Constitución en su artículo 31 que invito a su lectura.

En nuestro país, el gasto público viene determinado por la necesidad de financiar el que hemos denominado “Estado de bienestar”. Pues bien, ese Estado de bienestar que no surge en nuestro país hasta el último cuarto del siglo pasado y que nos ha permitido alcanzar altísimas cotas de desarrollo social, se encuentra quebrado, o lo que es lo mismo, su mantenimiento es inviable. No escucharemos esta afirmación en boca de ningún político, pero los datos son muy elocuentes; el sistema de pensiones es inviable en su concepción actual basado en un sistema de reparto, una sanidad universal, gratuita y de calidad tampoco es mantenible y me remito a los informes existentes del sector que sacan los colores a nuestro sistema educativo. Y del coste de la organización territorial del estado, como diría aquel, mejor no hablar.

La reforma fiscal que viene debería de poner el foco en aquello para lo que debería servir, la financiación del gasto público. Sin embargo, en el intenso debate político actual sobre la reforma fiscal, no oigo hablar de las necesarias reformas en el gasto público; pensiones, subsidio de desempleo, educación, sanidad o gasto corriente de la organización territorial del Estado. Esto es, la reforma fiscal que nos ofrecen no servirá para garantizar una asignación equitativa de los recursos públicos (los ingresos), ni la ejecución del gasto estará presidida por criterios de eficacia ni economía, como manda nuestra Constitución.

El debate político actual nos ofrece una reforma fiscal cortoplacista que lejos de abordar los profundos problemas estructurales del gasto público, pretenderá allegar recursos para financiar un mayor gasto público. Desconozco con detalle las medidas, pero los medios de comunicación ya anticipan el contenido de la reforma que me atrevo a calificar de inocua a los efectos para la que se concibe que no es otro que la de generar ingresos netos al presupuesto público.

Por la parte del IRPF se nos anuncian varias medidas. Por un lado, se ha anunciado una reforma de la fiscalidad del alquiler que pretende fomentar la salida al mercado de los pisos vacíos. La fiscalidad del arrendamiento de viviendas es en la actualidad muy beneficiosa para los propietarios que gozan de una reducción del 60% de la renta neta generada por el arrendamiento. Por el contrario, se pretende topar el precio del alquiler, medida intervencionista que, sin duda, limitará el acceso al mercado de determinados pisos.

También se nos anuncia el establecimiento de un nuevo tramo para “los ricos”, entendido por ricos a todos aquellos que tengan ingresos superiores a 130.000 €. En términos globales el efecto recaudatorio de esta medida es marginal.

Por último, se prevé la modificación al alza de la fiscalidad del ahorro, ya saben, esa renta generada con ingresos que ya ha tributado anteriormente, bien en el propio IRPF, bien por el Impuesto sobre sucesiones o donaciones. Teniendo en cuenta que en nuestro sistema tributario no se deflactan (actualiza el valor de adquisición a la inflación) las ganancias patrimoniales, esta subida puede tener efectos considerables en determinados contribuyentes, sobre todo en aquellos que realicen operaciones de venta de activos no financieros. Para estos últimos, la industria ofrece y con seguridad ampliará la oferta de nuevos productos que difieran la tributación.

Las modificaciones anunciadas en el Impuesto sobre Sociedades afectan a los tipos impositivos. Se habla de reducir el tipo aplicable a las micropymes (del 25% al 23%) y de elevar el de las grandes empresas estableciendo un tipo efectivo mínimo del 15%. Los grandes del Ibex ya avisan a sus inversores del impacto en sus negocios de la subida fiscal y del incremento de riesgo en España por la incertidumbre fiscal.

En la misma línea, ha surgido el debate de la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que se benefician de una tributación mínima en tanto y cuando la renta no llegue al socio en cuyo caso se aplican los tipos de la base del ahorro en IRPF. Esto es, se benefician de un régimen de diferimiento.  La experiencia ha demostrado (ocurrió con las Haciendas Forales) que una modificación al alza de la tributación de las SICAVs provoca un efecto huida inmediato a otros territorios sin que se genere el pretendido incremento del ingreso tributario.

La otra gran medida, la tasa sobre el diésel. Medida sin duda inoportuna en un momento en que el sector automovilístico gozaba de tranquilidad que, recordemos, representa de forma directa e indirecta el 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país.

Por la parte del gasto público, simplemente no hay debate. El mandato constitucional de eficiencia y economía en la ejecución del gasto público parece haber caído en el olvido. Los medios de comunicación no informan ni de una sola medida que directamente se refiera a la contención del gasto público. Ni siquiera está en el debate la coordinación de las distintas administraciones tributarias (estatal, autonómicas y locales) que optimice el gasto y busque eficiencias.

Un año más, los fiscalistas tendremos que hacer los deberes de fin de año y estar muy atentos a los cambios legislativos que se avecinan.

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