Análisis

  • Álvaro Ballesteros Panizo. Abogado del Estado. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos

La protección de los consumidores en el ámbito de la Unión Europea encuentra su fundamento primero en el objetivo consagrado en el Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE), firmado en Roma en 1957, de establecer un mercado común. Ello exigía la aproximación progresiva de las legislaciones de los Estados miembros para conseguir un “desarrollo armonioso de las actividades económicas”. Sin embargo, no es hasta la aprobación en Luxemburgo del Acta Única Europea, en 1986, cuando se habla expresamente de un mercado interior, que implica “un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales est[é] garantizada”. Para asegurar el establecimiento y el funcionamiento de este mercado interior y evitar que se produjeran distorsiones de la competencia entre los vendedores de bienes o prestadores de servicios, era necesario que los consumidores tuvieran un nivel de protección equivalente en toda la Unión. Con ese objetivo de aproximar definitivamente las legislaciones de los Estados miembros en esta materia se aprueba la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

En este contexto ha surgido abundante jurisprudencia del TJUE por medio de la cual, en su misión de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, se ha ido precisando el alcance de las obligaciones derivadas de la Directiva 93/13/CEE. En respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por las jurisdicciones nacionales, se ha ido concretando tanto la forma en la que debe apreciarse el carácter abusivo de una cláusula como las consecuencias que ello tiene para la validez y la subsistencia del contrato.

En primer lugar, hay que recordar que, según el artículo 3 de la Directiva, son abusivas aquellas cláusulas no negociadas individualmente que causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. El TJUE ha declarado reiteradamente que el sistema de protección de los consumidores tiene su fundamento en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información de que dispone.

Como consecuencia de esa situación de inferioridad en la que se encuentra el consumidor, por un lado, el artículo 6 de la directiva prevé la obligación de los Estados miembros de establecer que dichas cláusulas abusivas no vinculen al consumidor. Por otro lado, el artículo 7 de la directiva ordena a dichos Estados velar por que existan medios adecuados para el cese del uso de esas cláusulas. Para lograr ese objetivo, el TJUE ha resuelto que es necesario que el Juez nacional esté, no solo facultado para apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula, sino que esté obligado a ello, incluso en el supuesto en el que el consumidor no haya alegado esa circunstancia ni haya formulado oposición. Y es que, el objetivo de la directiva no podría alcanzarse si los consumidores tuvieran que hacer frente a la obligación de plantear por sí mismos el carácter abusivo de dichas cláusulas (sentencias de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, apartado 26, y de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartados 43 y 53).

En segundo lugar, en cuanto a las consecuencias que tiene para el contrato la existencia de una cláusula abusiva, el TJUE ha declarado que para evitar que una cláusula abusiva produzca efectos para el consumidor, una vez el juez nacional determina, según las circunstancias de cada caso, que una cláusula debe considerarse abusiva, éste debe, pura y simplemente, dejarla sin aplicación. Se considera por lo tanto que esa cláusula nunca ha existido, de manera que no puede tener efectos frente al consumidor (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el artículo 6 de la Directiva establece igualmente que el contrato seguirá siendo obligatorio “en los mismos términos” siempre y cuando pueda subsistir sin esa cláusula. Ello exige analizar, en cada caso, la naturaleza del contrato en el que se encuentra dicha cláusula y las posibilidades de que éste continúe produciendo sus efectos sin ella. El TJUE ha ido concretando, teniendo en cuenta la finalidad que persigue la directiva, las facultades que tienen en este ámbito los jueces nacionales.

A este respecto, la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349) declaró que el juez nacional no puede modificar el contenido de la cláusula ya que ello pondría en peligro la consecución del objetivo de la directiva, al suprimir el efecto disuasorio que tiene para el profesional el hecho de que esas cláusulas no se apliquen al consumidor. En la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), se ha admitido que, en su caso, el juez nacional pueda suprimir la cláusula abusiva y sustituirla por una disposición supletoria del Derecho nacional ya que ello sería plenamente conforme con la finalidad de del artículo 6 de la directiva.

Como se ha apuntado, la protección de los consumidores parte de la idea de que los consumidores se hayan en situación de inferioridad, motivo por el cual es necesario suprimir las cláusulas abusivas para así reemplazar el equilibrio formal entre los derechos y obligaciones por un equilibrio real, y con ello asegurar la igualdad entre éstas. En este ámbito, mediante la aproximación de las legislaciones y la jurisprudencia del TJUE, se contribuye al funcionamiento del mercado interior.

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