Análisis

  • Daniel Loscertales Fuertes. Abogado.

La “okupación“ de viviendas

Este es un tema que siempre está de plena actualidad, pues resulta evidente que si a una persona le ocupan su vivienda, sea residencia permanente o temporal, es un tema realmente preocupante. Hace meses que se publicó un artículo mío en el OTROSÍ indicando, según mi criterio,  las medidas a tomar y los cambios normativos que había que reformar o rectificar de la Ley de Enlucimiento Criminal como la Civil,  que actualmente son de difícil aplicación por las exigencias de dichas disposiciones, tanto de plazos como de tramitación procesal de todo tipo en la denuncia o demanda al respecto, de tal manera que desgraciadamente acudir a la vía judicial no permite garantizar ahora un éxito y mucho menos hacerlo de forma rápida. Obviamente, mis observaciones no tuvieron la menor acogida gubernamental.

Pues bien, dicho lo anterior, hay que apoyar y aplaudir la iniciativa que ha tenido el PDeCAT, quizás debido a que en Cataluña y especialmente en Barcelona hay más “ocupaciones” que en otras ciudades, seguramente por la permisividad de determinadas autoridades de dicho territorio. La normativa propuesta y admitida a trámite por el Congreso, creo que para no “enfadar” a dicho partido político, socio del Gobierno en muchas ocasiones, supone un cambio radical, realmente positivo, en cuanto a la seguridad de la propiedad, pero de ahí a que se apruebe hay mucha distancia.

El problema, desde mi punto de vista,  radica en que actualmente (y no tiene visos de cambiar) el Gobierno Central no está por la labor, pues ya ha publicado dos RDLEY en sentido contrario, siendo el último el 2/2022, que si bien determina que el Juez no puede paralizar la tramitación, hace excepciones, concretamente si el titular de la vivienda “ocupada” es un gran tenedor (titular de más de 10 viviendas en toda España) y también si el “ocupante” acredita la ·”vulnerabilidad”, palabra y concepto que es el que siempre se saca a la luz, como si el propietario tuviera algo que ver con ello, aparte de que no se le indemniza por la “ocupación” por el Estado ni por la Comunidades Autónomas o Ayuntamientos.

Considero que si se quiere que toda persona tenga una vivienda digna, como dice el art. 47 dela Constitución, que siempre se cita, hay que tener en cuenta que dicho precepto, por lo menos según mi criterio, afecta al Estado en su acepción amplia (Comunidades y Ayuntamientos), pero para nada que obligue a los particulares, que por otra parte tienen reconocido el derecho a la propiedad privada en el art. 33 de Carta Magna. El citado RDLEY 2/2022, modificando el RDLEY 11/2020, tiene vigencia hasta el próximo 30 septiembre, apostando por mi parte a que se volverá a dictar otra disposición similar, ampliando de nuevo el plazo.

Así pues, vuelvo a insistir -aunque mis recomendaciones a los partidos políticos, salvo excepciones, no tienen apenas repercusión-: solamente si se dan algunas circunstancias especiales, que es cuando el titular tiene que acudir a la vida judicial, penal o civil, no puede ser con unas exigencias de trámite y plazos carentes de sentido, pues, entre otras cosas, hay que saber el nombre y apellidos del “ocupante”, algo nada sencillo porque evidentemente no ponen un cartel en la puerta o en el buzón del portal.

Por desgracia (en la mayoría de los casos) esos “ocupantes” han sido guiados por una organización, considerando por mi parte que es la misma a la que después se acude para el desalojo. Curiosamente a estos últimos efectos se publicita y se puede localizar por vía telemática. Tienen siempre o casi siempre éxito, utilizando unos medios no recomendables, aunque, insisto, creo que los mismos hacen una cosa y la otra. La verdad es que resulta tremendo que en un Estado de derecho se tenga que acudir a un sistema como éste, dejando aparte a los Tribunales, debido a que los responsables políticos no cambian la normativa Penal y Civil para hacer más factible el lanzamiento, sino todo lo contrario, como el actual y repetido RDLEY 2/2022, que, como he dicho antes, con seguridad se ampliará el plazo para determinados supuestos más allá del 30 septiembre 2022

De ahí que insistía en la necesidad de apoyar la iniciativa del PDeCAT, que propone unos cambios legislativos correctos para hacer respetar la propiedad privada, que tiene su apoyo en el art. 33 de la Constitución.