Análisis

  • Natalia Velilla Antolín. Magistrada de Adscripción Territorial de Madrid

La nueva litigiosidad

En el momento en el que estoy escribiendo estas líneas, aún no tenemos datos fiables de las consecuencias que, sobre la litigiosidad, va a tener el estado de alarma recientemente alzado. En efecto, desde el 5 de junio, los plazos procesales se han reactivado y aún son muchos los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos como para saber qué va a pasar con los números de la justicia una vez empecemos a poner los pies en el suelo.

Como en el Juego de la Oca, “de Plan de Choque en Plan de Choque y tiro porque me toca”, hace casi cuatro meses que se paralizó la actividad judicial y aún no sabemos en qué va a consistir la anunciada inversión del Ministerio de Justicia para hacer frente a las consecuencias de la crisis de la COVID-19. La “comisión para la creación de la comisión codificadora que elabore el anteproyecto del proyecto de texto base de reforma de la justicia” de turno nos tiene entretenidos, en el sempiterno y premeditado mareo al que estamos ya acostumbrados. Todos sabemos que ni hay dinero, ni se le espera, y que los operadores jurídicos tendremos que buscar soluciones imaginativas, y habremos de hacer esfuerzos para negociar, ceder, mediar, conciliar y armarnos de paciencia con el fin de encarar la “nueva normalidad” que, en nuestro caso, va a consistir en seguir administrando miserias.

Los que trabajamos en justicia, ante el alzamiento de la suspensión de plazos procesales (algo que no se sostenía bajo ningún concepto, sobre todo cuando teníamos un ejecutivo plenipotenciario sin el control efectivo de un parlamento mermado, frente al único poder del estado anulado, el poder judicial) nos encontramos como el pato en el Manzanares o el suicida sin vocación de la canción de Joaquín Sabina: solos y desorientados. Absurdos.

No ayudó a mejorar nuestra sensación el sufrir bombardeos diarios de resoluciones, órdenes, acuerdos, decretos, reales decretos e instrucciones de cada una de las administraciones implicadas, con intereses y soluciones discordantes, que nos daban soluciones contradictorias todos los días.

Si el Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril decía que las actuaciones telemáticas tenían que ser preferentes, un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos advertía de que no se podía garantizar la celebración de los juicios telemáticos en Madrid por no disponer las Salas ni de los programas telemáticos adecuados ni de las garantías necesarias. Pero es que también una guía del Consejo General del Poder Judicial sobre actuaciones telemáticas apuntaba la inidoneidad de este tipo de juicios para aquellas causas que contaran con peritos o testigos ante la imposibilidad de su identificación.

Si el Ministerio de Justicia daba unas instrucciones sobre presencia de personal judicial en las sedes judiciales, las consejerías de justicia tomaban decisiones incompatibles con tales instrucciones y con las previsiones del Consejo General del Poder Judicial. La torre de Babel ha devenido un verdadero cuento de hadas en comparación con la descoordinación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Y eso que no he querido “hacer sangre” con el mes de agosto…

Centrándonos en la situación actual que vivimos en el momento en el que redacto estas líneas, la “nueva normalidad” se ha traducido en una “nueva litigiosidad”, donde, a mi juicio, las medidas higiénicas son más cosméticas que reales y donde el miedo al contagio pugna en dura batalla con el miedo a la posposición de la propia tutela judicial más allá de lo aceptable. Si vas a una peluquería, alguien te obliga a pasar las suelas de tus pies por una alfombrilla, te toma la temperatura, te obliga a higienizarte las manos y utiliza contigo todo tipo de material desechable. Si vas a un juzgado, aparte de dispensadores de gel hidroalcohólico que nadie te obliga a usar, de pegatinas en el suelo e indicadores de distancia, de carteles educativos y de cintas de inutilización de determinados espacios, no hay nada más.

La falta de implementación de una verdadera Justicia Digital donde el expediente sea 100% electrónico, lleva a continuar tramitando en papel, con el riesgo de contagio que ello comporta. La falta de verdaderas medidas de distancia social ha convertido a los funcionarios de los juzgados en voceros o pregoneros que, desde la oficina y utilizando mesas o sillas como barrera de contención, llaman a gritos a los profesionales y estos, a su vez, les avisan de la misma manera. La dispensa del uso de toga en Sala, si bien es una medida razonable y acertada, es la única de las adoptadas que resulta verdaderamente eficaz. Ni las Salas cuentan con adaptaciones integrales para todos los intervinientes (en mi Sala, el otro día, con dos abogados en la parte demandada y una única mampara, hubo que echar a suertes quién contaba con protección y quién no), ni observo un número mayor de personal de limpieza desinfectando continuamente, ni se toma temperatura en la puerta, ni se adoptan medidas serias de contención de público. Es más seguro entrar en Stradivarius a comprarte un pantalón que en un juzgado a preguntar por tu asunto. Esto es así. Cuestión distinta es que la concienciación de los abogados, funcionarios, autoridades y demás personal que trabaja en Justicia, nos lleve a ser cautos y a adoptar todas las medidas de protección a nuestro alcance.

La nueva litigiosidad ha llegado. Consiste en desear medios telemáticos idóneos para poder celebrar vistas sencillas a distancia. Y digo “desear” porque, al menos en Madrid, esto es una verdadera quimera. Consiste en disponer de menos Salas de Vistas para celebrar los mismos jueces menos vistas al día: si antes cada juzgado celebraba 26 juicios a la semana, ahora se celebran 12. Consiste en convertir los días de juicios en desesperantes sesiones de pérdida de tiempo, con señalamientos muy distanciados que impiden que la mañana (o la tarde) “fluya”, desperdiciando horas de trabajo de los servidores públicos y de los profesionales. Consiste en celebrar vistas accidentadas, donde, a la ausencia de togas, hay que sumar arbitrarias mamparas (ya digo que escasas) y amordazantes mascarillas, con abogados y jueces gritando como posesos para hacerse oír, ante las barreras físicas y la imposible complementaria lectura de labios. Consiste en reseñalamientos completos de agendas, puesto que casi ningún juzgado tiene los mismos días de señalamiento de que disponía antes del estado de alarma y ha habido que suspender y volver a señalar. Consiste en juzgados cerrados por presencia de un caso y puesta en cuarentena del resto, debiendo asumir los señalamientos otros juzgados o suspender nuevamente (y ya van dos o tres) para cuando acabe el periodo de aislamiento. Consiste en trabajar pensando en la Espada de Damocles del colapso de la Justicia puesto que aún no hemos podido empezar a registrar y señalar las nuevas demandas presentadas durante y tras el estado de alarma.

La nueva normalidad…en justicia nada es normal, como principio. Por ello, hablar de nueva normalidad es incorrecto. Deberíamos hablar de “conocida improvisación”.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para obtener información de su navegación por nuestro sitio web y poder realizar análisis de navegación y, en su caso, registro de su sesión. Si continúa navegando acepta nuestra política de cookies. Pinche en el siguiente enlace para obtener más información más detallada, así como de la desactivación de cookies: Más información.

Acepto