Análisis

  • Diego Pescadere. Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay

La marihuana en un laboratorio de derechos

No parece necesario decir que Uruguay suele ser noticia por sus futbolistas. Y menos aún si quienes leen estas líneas habitan en Madrid, donde Diego Godín hasta hace poco, y ahora mismo Federico Valverde, se han encargado de recordarlo. Por no hablar de Luis Suárez, ya que la prudencia aconseja a un forastero no invocar a un troyano en tierra de aqueos.

Uruguay es un país pequeño, en cuyo territorio apenas si entrarían sumadas Castilla-La Mancha y Castilla y León. Su población se ubica en el entorno de los 3.450.000 habitantes, algo así como la sumatoria de quienes viven en Madrid, Alcobendas y Alcorcón. Pero no dedicaremos este espacio a desentrañar cómo en una población tan pequeña surgen tan frecuentemente futbolistas de destaque internacional.

En cambio, sí resulta útil entender que una sociedad con la escala de la uruguaya es un terreno fértil para el desarrollo de pruebas piloto, una suerte de laboratorio en el que se puede medir la viabilidad o el impacto de la consagración de nuevos derechos, por decirlo de algún modo, en una atmósfera controlada. Y si bien ninguna experiencia es mecánicamente trasladable a otros países, al menos es bueno tomar nota de algunos aciertos y algunos yerros para replicarlos o evitarlos en futuras experiencias.

Por ello nos parece interesante compartir algunos claroscuros que se han venido produciendo en Uruguay respecto a la legalización de la marihuana. No nos detendremos a analizar las espinosas discusiones que conlleva la opción entre la legalización de la venta del cannabis o su represión. Simplemente haremos foco en una realidad concreta: la de un país que adoptó como estrategia la legalización de la venta de la marihuana con miras a combatir, al menos en parte, la acción siempre devastadora del narcotráfico.

En esa línea, a fines del año 2013, se sancionó en Uruguay una ley que convirtió al país en el primero en el mundo en el que se legalizaba la comercialización de la marihuana.

Es la economía, estúpido

La estrategia explícita de la ley fue la de quitar mercado al narcotráfico. El diseño de la solución legal partía de unas premisas que a priori parecían inconmovibles: siendo legal bajo ciertas condiciones la producción de cannabis, y habilitándose un sistema lícito de comercialización con márgenes de ganancia prácticamente simbólicos, se restringiría o aún desaparecería el incentivo económico de aquellos que vendían la sustancia en el mercado negro. Nadie debería estar dispuesto a comprar aquello que él mismo sin mayor esfuerzo puede producir y aun si no lo hiciera, no debería estar dispuesto a pagar en el mercado negro por un producto sin control de calidad y más caro que en el mercado regular.

Si se quiere, la estrategia del Estado uruguayo adoptó aquella recomendación de James Carville, asesor de campaña de Bill Clinton en las elecciones de 1992: “es la economía, estúpido”. En lugar de combatir a sangre y LA MARIHUANA EN UN LABORATORIO DE DERECHOS Por Diego Pescadere Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay INTERNACIONAL OTROSÍ 113 fuego la comercialización de marihuana, lo que resulta tan costoso como ineficaz, se buscó atacar aquello que más les duele a los narcotraficantes: el lucro.

Para ello, la ley articuló tres mecanismos: el autocultivo, el cultivo asociativo y la distribución de marihuana producida bajo control estatal en las farmacias. Fue así que se legalizó el cultivo doméstico de hasta seis plantas hembra por cada hogar registrado. A la fecha se han registrado 7.848 cultivadores domésticos.

El segundo mecanismo admitido por la ley fue el del cultivo asociativo en clubes de membresía, cada uno de los cuales puede contar con entre 15 y 45 socios. Hasta la fecha se han registrado 145 clubes de membresía que nuclean a 4.285 socios.

El tercer mecanismo, aquel llamado a generar el mayor impacto al narcotráfico, consiste en comprar en farmacias la marihuana producida bajo control estatal. A la fecha se encuentran inscriptos unos 40.000 usuarios habilitados a comprar la sustancia en las farmacias. La marihuana que se comercializa en farmacias producida contiene un 9% de THC, el principio activo de la droga, y se distribuye en sobres de cinco gramos cuyo precio fijado por el Estado es de unos 5,50 euros.

Sigue siendo la economía, estúpido

Hoy se estima que aproximadamente la mitad de los usuarios de marihuana consumen cannabis legal y el resto sigue recurriendo al mercado negro. Por tanto, no puede decirse que la legalización haya sido un fracaso, pero tampoco un rotundo éxito. La razón central de este resultado resulta fácil de identificar: el mecanismo de comercialización en farmacias no tomó en cuenta algunos factores que el libre juego de la oferta y la demanda no suele perdonar.

Para comenzar, el producto no necesariamente complace a todo el universo de consumidores. Como se dijo antes, la marihuana que se vende en farmacias contiene un 9% del principio activo THC, cuando en el mercado negro se puede conseguir la misma droga con casi el 20%. La economía indica que si el producto no es el esperado por el consumidor (sea un suéter, un coche o, como en este caso, una sustancia psicoactiva) aquel no lo comprará. Y parece ser que una parte relevante de los consumidores no están dispuestos a comprar esa versión descafeinada producida por el Estado y siguen prefiriendo la que se vende en los callejones mal iluminados.

Además, como la producción está normalmente por debajo de las cantidades que demandan los usuarios inscriptos ocurre frecuentemente que las farmacias carecen del stock, lo que se transforma en un incentivo a adquirir el cannabis en el mercado negro.

Igualmente, aunque existe muy poco lucro en toda la cadena de producción y distribución y la marihuana que se vende en farmacias está exonerada de impuestos, aún así no ha logrado tener un precio tan imbatible como para retirar del mercado a los narcotraficantes que la ingresan de contrabando desde Paraguay.

Por lo demás, la implementación de la ley debió enfrentar a un enemigo inesperado similar al que enfrentan los narcotraficantes: el sistema financiero.

Los bancos uruguayos han impedido que las farmacias que comercializan marihuana puedan mantener sus cuentas abiertas. Ello obedece a que la banca es dependiente del sistema financiero de Estados Unidos, país que impide el ingreso de fondos provenientes de la comercialización de drogas, aun cuando ellas sean producidas bajo estrictos protocolos de seguridad por un gobierno como el uruguayo y que ninguna suma de dinero vaya a parar en ningún momento a manos de un narcotraficante.

Este factor determinó que, a la fecha, de las 2.350 farmacias existente en todo el país, solamente 16 de ellas vendan cannabis.

Es decir, que se trata de un producto no necesariamente apetecible por los consumidores, cuyo volumen de producción no satisface la demanda, con un precio no mucho más bajo que el fijado por el narcotráfico y con un sistema de distribución con muy pocas bocas de venta.

Hoy, varios países han seguido un modelo de legalización y están capitalizando la experiencia uruguaya. Es de suponer que habrán de pensar no solamente en cómo una ley impacta en la economía, sino también en cómo la economía impacta luego en esa misma ley al grado que muchas veces la neutraliza.

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