Análisis

  • Daniel Loscertales Fuertes. Abogado.

La limitación de los precios de alquiler viviendas

Estos comentarios serán breves, simplemente hacer referencia a que el Tribunal Constitucional alemán ha dictaminado que no cabe limitar los precios de los alquileres de vivienda, incluso parece que obligan a los arrendatarios a pagar las cantidad por diferencia entre lo pactado y lo que luego se determinó por las autoridades de Berlín y como un aviso para otros miembros de la Unión Europea. Es muy parecido a lo que se ha hecho en Cataluña y que algunos partidos y otras asociaciones piden que se aplique en toda España. Estoy seguro que si el Gobierno impugnara la Ley Catalana de Vivienda, donde igualmente se pone límite al precio de los alquileres, incluso con informe desfavorable de sus propios servicios jurídicos, la contestación sería la misma que en Alemania por nuestro Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se hace? Simplemente por razones políticas, aunque la impugnación se ha llevado a cabo por otros partidos de la oposición, con la gran diferencia de que si quien impugna es el Gobierno se paraliza la normativa, mientras que si lo llevan a cabo, con un quorum significativo, los miembros de otra organización política (como ha ocurrido), la Ley sigue adelante hasta que haya sentencia. Algo que, desgraciadamente, puede tardar varios años, lo que crea una situación de inseguridad tremenda.

El tema es claro, pues nadie discute que haya que ayudar a quien lo necesita en una cuestión tan esencial como la VIVIENDA, cumpliendo el art. 47 de la Constitución, pero a quien corresponde es al Estado (Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), nunca al particular directamente que igualmente tiene derecho de la propiedad privada, a tenor del art. 33 de la misma Carta Magna, pagando siempre los impuestos correspondientes.

Lo que pasa en España es que la supuesta ayuda a los “vulnerables” realmente no está solucionando el problema, pues los requisitos son muy exigentes para tener esa consideración y nadie ayuda al arrendatario a preparar la documentación, salvo que acuda a un especialista privado, pagando honorarios. Y, aunque se cumplan todas las condiciones y se haga la solicitud de forma correcta, las Comunidades Autónomas, a quien el Estado les ha pasado el problema, tardan muchos meses en resolver. Por decirlo de forma clara, no están, ni se les espera para que solventen la situación en breve plazo. Pero ello a quien más perjudica es al arrendador, mucho más hasta que termine el estado de alarma, que aunque no se alargue el mismo a partir del 9 de mayo, no sería de extrañar que salga alguna disposición relativa a los alquileres y que el plazo actual del RDL 11/2020 sea ampliado por lo menos en cuanto a la suspensión de los desahucios, vulnerabilidad, fecha terminación contratos, etc. Reiterando, por mi parte, que más del 80% de los propietarios son personas físicas normales que han invertido para tener una renta, en la mayor parte de los casos para el pago de la hipoteca, o que se ven en grandes dificultades cuando les falta el ingreso del arrendamiento. No hay infracción legal por ninguna parte. Y también en cuanto a “uso distinto” que contempla el RDL 15/2020, aunque estos arrendamientos, que también han sufrido el problema de forma evidente y quizás en mayor medida, no sean ahora objeto de comentarios, debido a que el tema de hoy  es la Resolución del TC Alemán, en cuanto a la limitación de rentas en las viviendas.

En definitiva, estamos realmente en una situación claramente lastimosa y que el Estado debe solucionar, pues por un lado están los arrendatarios que no pueden pagar la renta y necesitan una vivienda, y por otro los arrendadores que no cobran y necesitan el dinero. Pero lo que ahora importa decir y reiterar nuevamente es que la solución no está en “limitar” la renta de forma obligatoria, sino en que se ayude de forma rápida, sin tantas exigencias, a toda persona necesitada, aunque eso no suponga nunca un abuso por parte de nadie, ni tampoco manipulación legal. Y, en todo caso,  que la respuesta judicial, cuando no haya más remedio, sea en breve plazo para seguridad de todos, aunque haya que cambiar la LEC, pues se está jugando algo tan esencial como la vivienda.

Todas estas consideraciones y otras se las pasé al  Director General de la Vivienda de forma personal y también escrita, siendo conmigo totalmente amables, pero otra cosa es lo que resulte de la nueva Ley (si es que finalmente sale adelante), pues muchas veces la política se impone al rigor legal, incluso a los principios de ayuda y equidad para determinados colectivos.

NOTA FINAL

El presidente del Gobierno ha anunciado que se ampliarán todavía más los plazos en contra de los desahucios, situación de vulnerabilidad arrendatario, rentas, expiración término, etc., lo que supondrá un nuevo RDLEY en relación al 11/2020, que ya lleva varias reformas en el mismo sentido. En fin, hablaremos sobre ello cuando se apruebe la nueva normativa legal, que será sin duda antes del 9 de mayo. Es realmente preocupante que sigamos con las mismas normas y sin atacar el problema de frente y con la intervención de la Administración Pública. La pregunta es ¿hasta cuándo? No se sabe, porque ahora serán tres meses como mínimo,  y luego...seguramente otro RDLEY. Una pena.