Análisis

  • Juan José Bestard Perelló. Copresidente de la Sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico del ICAM

La eutanasia en 2019: visión jurídica

La forma de morir de las personas ha vuelto a ser noticia y, más si cabe, después de las promesas, por parte del presidente del Gobierno, no tan solo de legalizar la eutanasia sino de darle naturaleza de prestación pública sanitaria.

El 4 de enero de 2019 la “Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida”, sin más explicación, entró en el Senado. Esta iniciativa legislativa apareció en la vida pública de nuestra sociedad como lo que permitiría morir a las personas dignamente o, incluso más, como una ley relativa a la eutanasia, ambas cosas muy lejos del rigor necesario. Este texto trata sobre los cuidados paliativos, actividad médico-clínica, de muchos años de evolución, que nada tiene que ver con la eutanasia y sobre lo cual ha insistido reiteradamente la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, asociación profesional de reconocido prestigio internacional fundada el 8 de enero de 1992.

Es evidente que la eutanasia no está suficientemente debatida, hablada y discutida, sin pudor ni apriorismos. La cuestión no es ganar la guerra del relato, ni querer tener la razón a toda costa, se trata de escuchar todas las razones, de atender el gran abanico de sensibilidades en el seno de la sociedad y de observar otros valores que los propios.

Tratar la eutanasia no tiene nada de romántico, por supuesto, ni debe caerse en el maniqueo etiquetaje social de los que están en contra o a favor como buenos o malos, demócratas o no demócratas, modernos o no modernos. Tratar la cuestión desde un punto de vista jurídico requiere adoptar una posición teleológica y, además, definir o buscar el significado de lo que realmente se pretende tratar, pues la eutanasia es, sin duda, un término que expresa un fenómeno muy complejo en el que se distinguen muchos significados diferentes.

La exigencia de concreción en una materia tan amplia y compleja nos lleva a desbrozar la cuestión en base a la dogmática sin entrar en consideraciones ideológicas o políticas, concretamente a buscar el state of the art en el área jurídica. Hablar de eutanasia y tratarla jurídicamente obliga a referirse a la vida y a la muerte, lo cual lleva inevitablemente a la consideración de la vida como bien jurídico protegido. La teoría del derecho ha considerado los derechos y los bienes jurídicos cosas distintas (STC 212/1996 de 19 de diciembre).

El bien jurídico es un valor de categoría superior, para Rodríguez Mourullo son bienes vitales, fundamentales, para el individuo y la comunidad que precisamente al ser tutelados por el derecho se convierten en bienes jurídicos. Según Zugaldia Espinar, los bienes jurídicos no pueden surgir de la ley, sino que han de ser previos a ella emanando de la realidad social, de sus convicciones culturales y de la ética social. Para el profesor Cobo del Rosal, el bien jurídico se puede definir como todo valor de la vida humana protegida por el derecho.

El objeto de tutela de los bienes necesitados de protección lo es con el fin último de garantizarlos a partir del reconocimiento esencial de su pertenencia, su buen uso y su disfrute por cada persona. Así pues, la consideración de la vida como bien jurídico protegido lleva al legislador a encuadrar el homicidio y sus formas dentro del mismo Título I del Libro II “Del homicidio y sus formas”, considerando como forma de homicidio la figura del suicidio inducido y/o cooperado. Por otra parte, Romeo Casabona entiende que tampoco existe el deber de vivir contra la propia voluntad del individuo y por tanto lo califica como derecho de garantía, lo cual no faculta a los particulares ni al Estado a imponer coactivamente la obligación de vivir frente a quien ha decidido no hacerlo.

La Organización Mundial de la Salud publicó en 2004 un glosario en el cual define la eutanasia: un acto deliberado realizado por una persona con la intención de dar muerte sin dolor o no prevenir la muerte por causas naturales en casos de enfermedad terminal o coma irreversible de otra persona. Pero no hay un acuerdo unánime en la definición de eutanasia, sino todo lo contrario, en especial en cuanto a la exigencia de los requisitos de voluntad, de capacidad y control. Aunque, en general, el término eutanasia implica tres requisitos: muerte producida directa o indirectamente por un tercero, enfermedad grave y voluntad del enfermo; un contexto, el clínico-médico; y un supuesto de legitimidad, el control o las garantías.

Lo cierto es que todos los países del mundo penan la eutanasia y el suicidio asistido, inducido o cooperado (excepto en Bélgica, donde el suicidio asistido no está penado). En Noruega y en cuatro países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Dinamarca y España) se tolera la figura de la cooperación no necesaria o la complicidad en determinados supuestos de suicidio. En otros países se han despenalizado determinados casos en el suicidio asistido y en otros estados, algunos coincidentes, existen determinados supuestos de despenalización de la eutanasia. En honor a la verdad, hay 10 países (en Estados Unidos, siete estados) con algún caso de despenalización y 178 sin ningún tipo de despenalización (21 en la UE y 25 en la OCDE), con el caso especial de Australia con una marcha atrás. A todo esto, cabe reseñar que son cosas bien distintas atenuar la pena de un delito, despenalizar un supuesto, eximir de responsabilidad al sujeto activo de un acto o regular una determinada actividad, legalizándola.

Una de las circunstancias que resaltan del análisis de la legislación de los países con supuestos de despenalización (suicidio asistido y/o eutanasia) es la escasa homogeneidad de definición, causas, sujetos, criterios y controles entre unos y otros. El estudio de los supuestos de despenalización en el marco internacional da pie a debatir sobre legitimidad de medidas de esta envergadura sin auténticos controles ex ante, solo exigidos de forma clara en vía jurisdiccional en Colombia y Uruguay.

Sin duda, entender el verdadero alcance del término eutanasia y sus implicaciones requiere contestar a muchas preguntas en derecho, a mi entender no menos de 30.

En España el término eutanasia no aparece explícitamente en el ordenamiento jurídico, pero tampoco lo hace de forma implícita como sí ocurre con otros muchos conceptos. Lo más cercano al concepto más comúnmente aceptado de comportamiento eutanásico o acción eutanásica aparece en el punto 4 del Artículo 143 del Código Penal.

Algunos autores entienden que la eutanasia pasiva no solo no está penada por el Artículo 143 del Código Penal, sino que incluso estaría regulada por el artículo 11 y siguientes, Instrucciones previas, de la Ley 41/2002, de 14 de diciembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica. Lo cierto es que muchos otros expertos niegan la existencia de la eutanasia pasiva por motivos teleológicos, alegando que la eutanasia no puede tener el calificativo de pasiva ni de activa.

En conclusión, por una parte, la eutanasia no debe centrarse en el relato sino en el derecho y, por la otra, el Parlamento no puede sustraer del debate a la sociedad civil, académica y científica como parece que pudo ocurrir con el texto legal del 4 de enero de 2019.

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