Análisis

  • Jose Luis Pérez Benítez. Socio Black Swan Consultoría

La entrada de capital no profesional en las firmas de abogados

De todos es conocido que el legislador ha limitado la participación del “capital no profesional” en los despachos de abogados, estableciendo unos límites para la propiedad de las firmas por personas no profesionales[1]. Esta limitación no es exclusiva del legislador español, dado que lo mismo sucede en los países de nuestro entorno —a salvo de los más permisivos anglosajones en la regulación de solicitors— y obviamente del sector de la abogacía, sino también del resto de las actividades profesionales colegiadas[2].

El objeto de este artículo es reflexionar sobre la existencia, o no, de alguna regla económica especial que rija las firmas profesionales, en concreto los despachos de abogados, y si esto hace desaconsejable la entrada de capital no profesional.

¿Existe algún impedimento económico que haga inconveniente la entrada de inversores no abogados en las firmas legales? ¿Es esta supuesta imposibilidad una consecuencia lógica del servicio profesional, en el que el cliente debe en cierto modo estar protegido dada la asimetría de información entre ambas partes? ¿Es inherente a los servicios profesionales que operen en su mercado unas reglas distintas que exigen que el cliente, y los profesionales de una firma, desconfíen de un despacho con capital ajeno y con exclusivo ánimo de lucro?

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. en su Exposición de Motivos, justifica así las limitaciones a la entrada en la sociedad de socios no profesionales:

Las peculiaridades que se imponen tienden a asegurar, de una parte, que el control de la sociedad corresponde a los socios profesionales, exigiendo mayorías cualificadas en los elementos patrimoniales y personales de la sociedad, incluidos sus órganos de administración, de modo que las singularidades que de antiguo han caracterizado el ejercicio profesional, con acusados componentes deontológicos, no se vean desnaturalizadas cuando se instrumenta a través de una figura societaria.

La pregunta surge de forma inevitable: ¿Por qué el capital “desnaturaliza” la profesión? ¿Qué tiene el capital tan malo que desnaturaliza una profesión milenaria? ¿Es el dinero y su maximización de beneficios un monstruo, un virus que pervierte el honor, la ética y el largo plazo de los profesionales liberales?

Es un hecho, que en los últimos años el mercado de la abogacía está en plena “ebullición” financiera, generándose noticias económicas en el sector, regulaciones colegiales, intervenciones del legislador, entrada de fondos de litigios, compraventa de firmas y “campañas” fiscales que hacen necesario cierta reflexión.

La respuesta principal se centra en que la especial vulnerabilidad del cliente en la situación concreta en que se encuentra y la “confianza” puesta en el profesional para la resolución de su asunto, genera la posibilidad de que nazcan intereses contrapuestos, esto es, que el interés del abogado no coincida exactamente con el del cliente.

Manejar este conflicto de intereses y priorizar a favor de uno u otro es la clave del concepto de profesionalidad. Esta priorización del conflicto de interés es la base de la deontología profesional. Y es esta confianza en que se antepondrán los intereses del cliente respecto de los del abogado, lo que genera la confianza propia de estas relaciones contractuales abogado-cliente; confianza que a la vez está basada en que el cliente no puede valorar por sí mismo la idoneidad o no del servicio que le están prestando. Ambas confianzas, la de no saber y fiarte, y la de asumir que buscan tus intereses por encima de todo, es la clave mutua de la relación contractual, es la razón última económica que subyace en este tipo de servicios.

En este punto, la entrada del “capital no profesional” podrá hacer que se desnaturalice la relación contractual y el profesional se vea obligado (influido, impulsado o estimulado) a colocar sus propios intereses, o más bien y peor aún, el del capitalista inversor, por delante de los intereses del cliente.

Sin embargo, en nuestra opinión, la entrada de capital no profesional no perjudicará ni afectará a la profesionalidad, ética o deontología de la firma, pues el capital busca la sostenibilidad en el beneficio. Por tanto, salvo que al inversor le interese tirar piedras contra su propia tejado, es lógico no solo que la relación no se “desnaturalice” (como expresa el legislador) sino que se sea más escrupuloso si cabe con todas y cada una de las normas éticas y deontológicas propias de la abogacía.

Otro aspecto sería saber si realmente tiene algún interés para el capital puro entrar en este mercado o incluso para los propios despachos tener “socios capitalistas”. Como expresa PEREZ DE LA MANGA (2015)[3], la entrada de capital tendría sentido en el posicionamiento más commodity de prestación de servicios estandarizados.

¿Cuál es, entonces, la forma en la que el capital no profesional puede ayudar a la firma y no “desnaturalizarla”? ¿Cuáles serían esos requisitos para que la mezcla funcione, y el sistema sea exitoso? Podríamos enunciar los siguientes:

  • Que se considere la reputación de la firma como un bien comunal y los socios de la firma, de capital o de industria, cuiden de éste recurso pensando en su perdurabilidad.
  • Que el modelo de partnership no se desconfigure demasiado. Esto es que, sin tener que establecer límites legales o consensuales, el inversor sea consciente de la idoneidad de este sistema para la perdurabilidad de los beneficios y la maximización de los frutos de su inversión.
  • Que la inversión sea de largo plazo. Los socios profesionales originarios miembros del partnership han de velar y ser conscientes de que el inversor tenga un horizonte a largo plazo.
  • Se mantenga el concepto de leverage de abogados (apalancamiento, ratio socio/abogados) en la proporción adecuada, siendo la base del éxito de una firma legal la correcta aplicación de la división del trabajo y del conocimiento.
  • Cada firma ha de ser capaz de establecer sus propias normas internas y la relación con el socio de capital. Los sistemas de compensación y los sistemas de gobierno deben mantenerse en un plano de libertad contractual y de autorregulación. Más éxito se tendrá si son los propios actores, quienes tienen la información necesaria y suficiente, quienes establecen amparados en la libertad de pactos y en el pacta sunt servanda sus relaciones internas.

[1] El presente artículo no pretende ser un estudio de tipo jurídico o normativo sobre su carácter societario Para un análisis jurídico completo de las Sociedades Profesionales me remito al excelente y definitivo trabajo de PAR ARES, Cándido, URÍA, Madrid 2019 https:// www.uria.com/documentos/publicaciones/5901/documento/ art017.pdf?id=8352

[2] Como resumen de la legislación –a efectos de este artículo— se reduce a que una sociedad profesional podrá tener un 49% del capital social en manos de socios no profesionales (pero no más, so pena de cierre y disolución) y su órgano de gobierno debe estar igualmente de forma mayoritaria en manos de socios-profesionales.

[3] PEREZ DE LA MANGA FALCON, Miguel Angel, El gobierno colegiado en las firmas de abogados. Gobierno institucional, la Dirección colegiada. IESE, EUNSA, Madrid 2015.

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