Análisis

La crisis de la Jurisdicción Social: alternativas.

ICAM

De izquierda a derecha: Ricardo Bodas, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Javier Hervas, Presidente de la Sección de Derecho Laboral del ICAM;. Pilar Fayos, Miembro del Consejo de Colegios; e Isabel Durán, periodista y conductora de las sesiones celebradas en la sala 360 del IE. Foto: ACN

  • Modera: Pilar Fayos, Miembro del Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid.
  • Intervienen: Javier Hervás, Presidente Sección Derecho Laboral. Partner Legal Laboral KPMG Abogados; Ricardo Bodas, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Conferencia magistral del Magistrado del Tribunal Supremo en la que, en un ejercicio de autocrítica, pone de relieve las deficiencias de la Jurisdicción Social y analiza posibles vías para descongestionar el servicio y rendirlo más eficaz, incidiendo especialmente en la importancia de apostar por la conciliación, la mediación y el arbitraje. “En la Jurisdicción Social hemos pasado de una situación en la que era la mejor de este país a estar haciendo oposiciones para ser la peor. Esto no lo merecen ni la ciudadanía ni los profesionales”, comenzaba Bodas sin tapujos. Como muestra, el Magistrado aportaba una serie de datos relativos a los últimos tres años que evidenciaban el momento tan complejo del ámbito Social.
  • En 2019 entraban en los Juzgados 432.419 asuntos, de los que se resolvieron 394.703, siendo un 46% por sentencia, quedando pendientes 318.148.
  • En el 2020 entraban, a pesar de la pandemia, 456.000 asuntos, de los que se resolvieron 335.499, siendo un 42% por sentencia, quedando pendientes 337.635.
  • En el 2021, “único año del ciclo en que resolvimos más de lo que entraba”, entraron 445.877 asuntos y se resolvieron 454.344, siendo un 44% por sentencia, quedando pendientes 362.266.
“Para el volumen de jueces, la capacidad de resolución es bastante importante”, consideraba Bodas. En cuanto a la duración media de los asuntos, individualizada por tribunales:
  • Juzgados:
    • 2019: 9,1 meses
    • 2020: 10,7 meses
    • 2021: 11,2 meses.
  • Sala de lo Social:
    • 2019: 5,7, meses
    • 2020: 6,1 meses
    • 2021, 5 meses.
  • Audiencia Nacional:
    • 2019: 2,8 meses
    • 2020: 4,1 meses
    • 2021: 5,3 meses.
  • Supremo:
    • 2019: 14,8 meses
    • 2020: 16,8 meses
    • 2021: 18,5 meses.
  • TSJ de Madrid:
    • 2019: 3,3 meses
    • 2020, 4,6 meses
    • 2021, 3,8 meses
Para Bodas, se trata de cifras absolutamente inasumibles socialmente”, a lo que se une otra quizá aún más preocupante: “el dinero pagado en salarios de tramitación a cargo del Estado desde 2011 a 2021 ha sido de 123 millones de euros, en Madrid casi 23 millones. Con esto se podría haber mejorado y haber hecho mucho más eficiente la Administración de Justicia de lo que tenemos en la actualidad. El TS tiene utilidad si es capaz de estar resolviendo los problemas actuales, si somos capaces de dar respuesta cuando están vivos, antes de que se generalicen, estaremos jugando el rol institucional que nos corresponde. Si esto lo vamos a resolver en 6 años, como ahora, estamos haciendo historia del derecho, que está muy bien pero evidentemente muy lejos de lo que demandan la justicia y la sociedad”, compartía. Teniendo en cuenta a su vez que “una parte muy importante de esta litigiosidad es artificiosa porque solo ponemos sentencias por debajo del 50%”, para el Magistrado “hay que hacer un esfuerzo muy importante de autocontención”. En este sentido, es importante tener en cuenta los datos del SMAC y el SIMA respectivamente.
  • SMAC:
    • 2019: se tramitaron 460.419 asuntos, se conciliaron 147.403, de los cuales 128.324 fueron de despido
    • 2020: se tramitaron 293.878 asuntos, se conciliaron 100.863, de los cuales 91.063 fueron de despido
    • 2021: se tramitaron 314.477 asuntos y se conciliaron 132.109
  • SIMA:
    • 2019: 392 procedimientos, se resolvieron 116 que afectaban a 386.395 trabajadores
    • 2020: 384 procedimientos, se resolvieron 86, que afectaban a 612.865 trabajadores
    • 2021: 467 procedimientos, se resolvieron 139, que afectaban a 830.600 trabajadores

“En estos momentos la jurisdicción, en los términos en los que nos encontramos, no funciona, no da respuesta, y por tanto tenemos que buscar otras fórmulas”, colegía Bodas; “eso pasa por un cambio de cultura que tiene como agentes fundamentales a los profesionales, convenciendo a los clientes de que las fórmulas de autocomposición hoy por hoy son mucho más eficientes tanto desde el punto de vista declarativo como ejecutivo”, recordando que se trata de fórmulas “muy generalizadas en los países de nuestro entorno”.

No obstante, el Magistrado reconocía que son herramientas “inutilizadas porque el conciliador sabe lo que pretende el demandante, pero no sabe la posición del demandado. Desde el TS propusimos que los demandados en el momento de conciliación identificaran los hechos y las causas de oposición, cuando lo hicieran, luego no podían alegar distintas causas. Sorprendentemente no ha salido adelante. Nos encontramos con una situación de desigualdad, los demandantes van a tener que someterse a lo que dijeron mientras que los demandados no. Tenemos que poner en valor la buena fe procesal para asegurar un equilibrio entre las partes. Iba a permitir a los conciliadores y letrados de la administración de justicia poder realmente buscar formas de adherencia, porque si sabes la posición de la parte contraria estás en condiciones de acercar posiciones; si no, se convierte en un acto burocrático, no tiene ningún sentido. Hay que corregirlo”, admitía.

Junto a esta alternativa, Bodas propugnaba otras soluciones como la “apuesta por el derecho colectivo y particularmente por las sentencias colectivas de condena”. También insistió en el papel de la negociación colectiva, destacando la función de las comisiones paritarias: “son una herramienta absolutamente infrautilizada que tenemos que poner en valor, no sólo por los acuerdos que se puedan alcanzar, sino por las fórmulas que se puedan obtener de mediación y arbitraje de la propia comisión, o buscar fórmulas a través de las soluciones que se hagan en la negociación colectiva prevista en el art. 83 ET”.