Análisis

  • Isabel López García-Nieto. Letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº6 de Madrid

Imprescindible asesoramiento de letrado a la víctima de violencia de género

Es absolutamente necesario que la víctima de violencia de género sea informada y orientada sobre las consecuencias que actualmente se originan respecto a la posibilidad de mostrarse parte como acusación particular en un procedimiento penal, y para ello el letrado que le asista, bien sea particular o nombrado de oficio, debe asesorarle de una manera correcta e incidiendo en el contenido de la STS 389/2020, de 10 de julio de 2020 dictada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Por ello debe indicarle en su primer contacto con la perjudicada víctima de un delito de violencia de género, en un lenguaje accesible a la misma, que si se persona como acusación particular en un proceso por violencia de género pierde con esa actuación, de forma irreversible, su derecho a no declarar contra el acusado y tendrá, por tanto, obligación de testificar sobre lo ocurrido en el acto del juicio oral, aunque en el momento de celebrarse el mismo renuncie a seguir ejercitando la acusación particular.

En el año 2013, el Tribunal Supremo establece, mediante su Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 24 de abril de 2013, lo siguiente:

«La exención de la obligación de declarar prevista en el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto.

Se exceptúan'

  1. b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso.»

La Sala Segunda en el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional del 23 de enero de 2018, concluye lo siguiente:

«1.- El acogimiento, en el momento del juicio oral, a la dispensa del deber de declarar establecida en el art. 416 de LECRIM, impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar-testigo aunque se hubieran efectuado con contradicción o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida.

2.- No queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa (416 LECRIM) quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición»

La STS 389/2020, de 10 de julio de 2020 dictada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo da un giro radical a la jurisprudencia, y corrige el contenido del apartado segundo del Acuerdo de 23 de enero de 2018, declarando que «no recobra el derecho a la dispensa del artículo 416.de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quien ha sido víctima-denunciante y ha ostentado la posición de acusación particular, aunque después cese en la misma».

Las víctimas de violencia de género tienen asistencia letrada desde el primer momento ya que el artículo 20 de la LO 1/2004, de 28 de Diciembre de Medidas de protección integral contra la violencia de género, señala que las víctimas de violencia contra la mujer contempladas en la ley tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia; así como a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.

Dicho artículo ha sido modificado por el Real Decreto. Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, añadiendo tres tipos de medidas de participación de la víctima en el proceso penal. Por un lado se añade un apartado cinco para reforzar la asistencia jurídica de las víctimas, tal y como exige el Pacto de Estado, contemplando no solamente que los Colegios de Abogados sino también los de Procuradores adopten las medidas necesarias para la designación urgente de Letrados y Procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Por otro lado se añade un nuevo apartado seis para implementar una medida del Pacto de Estado referente a la habilitación legal del Letrado de la víctima a fin de que pueda ostentar su representación procesal hasta la personación de la víctima en el procedimiento, si bien esto debe amortizarse con la tercera medida consistente en la adición de un nuevo apartado siete con el objeto de permitir a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

Este derecho se reconoce además expresamente en el art. 6.1 párrafo segundo de la Ley 1/1996 de 10 de Enero de Asistencia jurídica gratuita, que establece que cuando se trate de víctimas de violencia de género, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.

Por ello, es frecuente que la víctima actúe personada como acusación particular en el inicio del proceso, y dado el giro jurisprudencial respecto a la interpretación del contenido de la dispensa regulado en el artículo 416 de LECrim y las consecuencias que se pueden llegar a generar si la víctima falta a la verdad en su declaración en el juicio oral y con objeto de no victimizar más a la misma pudiendo ser acusada de otro tipo de delitos, es función no solo del letrado que le asiste sino de todos los profesionales que tienen contacto con las mismas cumplir los protocolos de actuación y en concreto el derecho a informarle de una manera detallada, actualizada, clara y accesible de sus derechos y en particular de lo que significa personarse como acusación particular en un procedimiento de violencia de género.